Domicilios inexistentes y millones de pesos sin respaldo: los detalles de la nueva denuncia de la DGI a la AFA

La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos por montos millonarios.

Según consta en la presentación, el organismo detectó movimientos de dinero sin respaldo suficiente en la documentación contable, una operatoria que podría haber sido utilizada para ocultar el verdadero destino de los fondos y eludir los controles impositivos. El monto bajo análisis ronda los 235 millones de pesos, aunque desde ARCA no descartan que la cifra pueda incrementarse a medida que avance la investigación.

De acuerdo a fuentes judiciales, la denuncia no constituye una ampliación de causas previas, sino una presentación nueva, surgida a partir de tareas específicas de fiscalización y análisis sistémico realizadas por el organismo recaudador.

Empresas sin respaldo real

El eje central de la denuncia apunta a un grupo de empresas que habrían cobrado sumas significativas de la AFA por supuestos servicios de obras, mantenimiento y logística, sin que exista una correlación verificable entre lo facturado y la capacidad operativa, económica o financiera de las firmas involucradas.

En total, se identificaron al menos 15 sociedades comerciales, entre ellas ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A.

Según la DGI, varias de estas empresas presentan características típicas de firmas apócrifas: domicilios inexistentes o imposibles de localizar, escaso o nulo personal declarado, falta de bienes registrables y movimientos bancarios incompatibles con los montos facturados.

Domicilios cerrados y CUIT inactivas

Uno de los casos detallados en la denuncia es el de ID Constructora S.R.L.. Durante las inspecciones, la empresa no pudo ser ubicada en su domicilio fiscal declarado, que se encontraba cerrado con candado. Vecinos de la zona aseguraron desconocer la existencia de la firma, que además no respondió a los requerimientos formales del organismo.

Del análisis fiscal surge una fuerte discrepancia entre la facturación declarada en 2023, que alcanzó los 2.904 millones de pesos, y las acreditaciones bancarias registradas en el mismo período, que apenas superaron los 419 mil pesos. Para la AFA, esta empresa habría facturado entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de 44,7 millones de pesos por tareas de restauración y mantenimiento en predios y edificios. La DGI señaló, además, que la firma tiene la CUIT inactiva y no cuenta con personal ni compras acordes al nivel de actividad declarado.

Un patrón similar se detectó en Meroka S.R.L., que tampoco pudo ser localizada en su domicilio fiscal, correspondiente a un edificio residencial cuyos ocupantes manifestaron no conocerla. En 2023, la empresa declaró una facturación superior a los 561 millones de pesos, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de apenas 67 millones. Para la AFA, Meroka facturó 6,8 millones de pesos en enero y febrero de 2023 por supuestas obras en el predio de Ezeiza.

Rubros incompatibles y vínculos sospechosos

En el caso de Maxstore S.A., la investigación determinó que la empresa declaró como actividad principal la construcción de obras de ingeniería civil, aunque hasta fines de 2022 figuraba inscripta en rubros completamente ajenos a la construcción. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal, que sería utilizado para alquileres temporarios. La DGI remarcó incongruencias en su perfil fiscal y vínculos societarios con otras firmas consideradas contribuyentes no confiables.

Otro ejemplo incluido en la denuncia es Central Hotel S.R.L., que facturó a la AFA 9,6 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2023 por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y presenta escasas acreditaciones bancarias en relación con su nivel de facturación. Además, su actividad principal declarada es la hotelería, un rubro que no guarda relación con los trabajos facturados.

Un frente judicial cada vez más complejo

Esta nueva denuncia se suma al frente judicial y administrativo que enfrenta la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, que también se encuentra bajo la lupa de la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo ya había intimado a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores, en el marco de un proceso de revisión contable.

Desde ARCA señalaron que los resultados de las pericias fiscales serán determinantes para definir los próximos pasos de la investigación. En caso de confirmarse inconsistencias relevantes, no se descartan nuevas medidas judiciales y administrativas contra la entidad rectora del fútbol argentino.