Después de Aysa, el Gobierno quiere llevar a cabo más privatizaciones y analiza el futuro de Intercargo

Tras las ofertas económicas por el 90% de AySA, el Gobierno tiene por delante una serie de procesos para concretar privatizaciones con distintos grados de avance y prepara nuevas medidas para avanzar con la transferencia al sector privado de Intercargo, las centrales termoeléctricas de Enarsa y Belgrano Cargas.

Aysa funciona para la perspectiva oficial como una de las bisagras del cronograma de privatizaciones. Este jueves se abrieron las ofertas económicas para quedarse con el 90% de las acciones de la compañía. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor ofreció US$340,2 millones, mientras que el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre presentó una oferta de US$285 millones.

La apertura de la oferta económica no implica todavía la adjudicación. Ahora la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen y elevarlo para la resolución correspondiente.

Antes de concretar la adjudicación también deben intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Una vez completadas esas instancias, quedará el cierre de la operación y la firma del contrato.

En paralelo, el grupo ganador deberá constituir la sociedad que funcionará como holding controlante de Aysa. Se estima que todo ese proceso podría demandar alrededor de un mes y el cobro de los US$340 millones se concretaría con la firma del contrato.

El proceso contempla la transferencia del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional. El futuro operador, además, deberá asumir inversiones por US$2000 millones para ampliar y mejorar el servicio.

La definición del nuevo accionista también podría abrir una etapa de cambios en la conducción de la compañía, ya que el ingreso de los nuevos operadores puede implicar una nueva composición de las autoridades de Aysa.

Un nuevo intento con Intercargo

El otro proceso que el Gobierno quiere retomar es el de Intercargo. La primera licitación terminó sin ofertas válidas y fue declarada desierta en julio. El llamado contemplaba la venta del 100% de las acciones de la empresa estatal y tenía un precio base de US$45 millones.

Ahora el Ejecutivo analiza volver a convocar a los interesados con modificaciones en las condiciones del proceso. Sin embargo, aún se desconoce cuándo podría oficializarse un nuevo llamado a licitación ni cuál será el nuevo precio de base por el paquete accionario de la compañía.

La privatización contemplaba la venta del 100% de las acciones de Intercargo, la salida total del Estado de su participación societaria y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

Las termoeléctricas de Enarsa

En el sector energético, el próximo paso es la venta de las participaciones estatales en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.

A fines de septiembre, el Gobierno autorizó la venta del total de las acciones que Enarsa mantiene en tres centrales de generación termoeléctrica. Es el paso formal previo a los llamados a licitación nacional e internacional para vender las acciones en poder del Estado en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín y, en una segunda etapa, Guillermo Brown..

La decisión oficial contempla la venta de la totalidad de las tenencias accionarias de Enarsa en las centrales Manuel Belgrano, donde controla el 65% del capital social, y la José de San Martín, donde tiene más del 60% del capital accionario.

Las dos plantas son centrales de ciclo combinado y tienen una potencia instalada cercana a los 800 megavatios cada una. Manuel Belgrano está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, mientras José de San Martín funciona en Timbúes, Santa Fe.

El Gobierno trabaja ahora en la preparación de los pliegos para avanzar con las licitaciones. La intención oficial es que ambas operaciones puedan concretarse antes de fin de año, aunque todavía restan etapas administrativas y publicar las condiciones definitivas de venta.

Belgrano Cargas: ofertas en noviembre y concesiones por 50 años

El otro gran proceso que entra en su etapa decisiva es el de Belgrano Cargas. El Gobierno ya autorizó la licitación nacional e internacional para concesionar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre, a las 10. De acuerdo con lo que pudo reconstruir TN, hay unas 60 consultas en análisis.

El Gobierno fijó además obras obligatorias por al menos US$800 millones y prevé que la transferencia de la operación pueda concretarse durante 2027.

El proceso contempla concesionar por 50 años distintos componentes de la operación ferroviaria, con un esquema que separa la infraestructura, la operación y los talleres.

Establece una concesión por las tres líneas que tiene Belgrano Cargas con un esquema de competencia por peajes, con obras obligatorias y optativas que suman puntajes para definir el proceso de selección. Los competidores pueden presentarse por vías diferentes y de forma opcional por el 50% del material rodante. A su vez, pueden solicitar adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Los operadores ferroviarios podrán utilizar la infraestructura mediante el cobro de un peaje, cuya tarifa funcionará bajo un sistema de bandas de referencia. Sobre este punto, los oferentes deben fijar su techo máximo a cobrar y aquellos que ofrezcan un monto más bajo mejorarán su puntaje para ser elegidos en la licitación.

La estrategia del Ejecutivo apunta a completar las operaciones pendientes y transferirles a los privados el manejo de las empresas públicas, así como destinar los recursos obtenidos a la cancelación de deuda.

Además, el Gobierno fijó dentro del esquema de privatizaciones que el 10% de los fondos obtenidos se destine a Defensa, mientras para las empresas vinculadas directamente con esa área —como Fabricaciones Militares, FAdeA, Coviara y el Astillero— el porcentaje previsto es del 70%.