Caso Adorni: la inmobiliaria aseguró que el departamento de Caballito se ofreció a USD 340.000 y que las jubiladas solo firmaron

En el marco de la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la martillera Natalia Rucci dio detalles clave sobre la venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Rucci, titular de la inmobiliaria Rucci Propiedades, declaró que su empresa intervino únicamente en la venta original del inmueble, cuando pertenecía al exfutbolista Hugo Morales, y aclaró que no participó en la operación posterior que terminó con el departamento en manos del funcionario.

Según explicó, la propiedad fue publicada en 2024 con un valor inicial de 340.000 dólares. Con el paso de los meses y ante la falta de compradores, el precio bajó hasta una última publicación de 295.000 dólares. Finalmente, se concretó la venta en 200.000 dólares.

El departamento, un semipiso de cuatro ambientes de 150 metros cuadrados con cochera y terraza, fue adquirido por dos mujeres jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

Sin embargo, Rucci detalló que quien llevó adelante toda la operación fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las compradoras. “Él hizo todo el trámite, pero después firmaron la escritura las dos señoras”, explicó.

La martillera remarcó que las mujeres solo participaron en la instancia final: “El día de la escritura estuvieron presentes y firmaron ellas”.

Además, indicó que el dinero fue entregado en presencia de una escribana y que la operación se realizó de manera habitual. “Se pactó una venta, el propietario estuvo de acuerdo, se llegó al número, se hizo la escritura y se pagó lo acordado. Fue una operación normal”, afirmó.

Rucci también sostuvo que se enteró por televisión de la vinculación de Adorni con el inmueble y negó cualquier participación de su inmobiliaria en esa transacción posterior.

La causa judicial pone el foco en la diferencia entre el valor de compra del departamento y el precio al que luego fue vendido, así como en el rol de los intermediarios en la operación.

Mientras avanza la investigación, la Justicia analiza la documentación secuestrada en la inmobiliaria y las declaraciones de los involucrados para determinar si existieron irregularidades en la adquisición del inmueble.