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Cuando el silencio es complicidad: el Colegio de Abogados y la censura institucional
Lo que debería ser una entidad comprometida con el Estado de Derecho se ha convertido en portavoz de un disciplinamiento simbólico contra voces críticas.
Por Dra. Cynthia Castro
Abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Psicopatologías y Neurociencias.
El comunicado emitido el 1º de octubre por el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia no es un episodio aislado. Es un síntoma profundo de una cultura institucional que tolera la corrupción y reprime la crítica. Lejos de defender principios jurídicos, el Colegio ha optado por transformarse en un actor político que guarda silencio frente a los poderosos y ataca a quienes se atreven a hablar.
Censura institucional disfrazada de “prudencia”
En mi carácter de abogada matriculada en esta ciudad (Mat. C-1228-CPA-CR) y comprometida con la defensa de los derechos humanos, manifiesto mi profunda preocupación ante el contenido y el espíritu del mencionado comunicado. Su tono y orientación reflejan una peligrosa deriva hacia la censura institucional, bajo el pretexto de defender la “seriedad” de las instituciones.
Lo que debería ser una entidad comprometida con el Estado de Derecho se ha convertido en portavoz de un disciplinamiento simbólico contra voces críticas. El caso de la Dra. Carina Estefanía, camarista penal de Esquel y presidenta electa de la Asociación de la Magistratura de Chubut, es ilustrativo. Por opinar públicamente sobre la situación institucional de la provincia —sin infringir norma ética ni judicial alguna— fue objeto de un pronunciamiento lapidario por parte del Colegio.
Libertad de expresión: derecho, no concesión
Nuestra Constitución Nacional (art. 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) garantizan el derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina (2008), fue clara: el debate público sobre el funcionamiento de las instituciones debe ser protegido, incluso cuando resulte incómodo.
Si la protección es robusta para periodistas y ciudadanos, más aún debe serlo para jueces que, con responsabilidad, alertan sobre fallas estructurales del sistema judicial. Pretender que los magistrados solo puedan hablar bajo un corsé corporativo no solo es inconstitucional: es peligrosamente autoritario.
El doble estándar que delata
Lo más grave, sin embargo, no es el exceso frente a la opinión de una jueza, sino el silencio absoluto ante denuncias graves y documentadas de corrupción dentro del propio Poder Judicial, incluyendo al Superior Tribunal de Justicia. Mientras frente a esos hechos se elige la omisión, frente a una opinión crítica se responde con furia institucional.
Este doble estándar es revelador: no se trata de custodiar la ética, sino de preservar estructuras de poder. Se castiga la disidencia, se protege al poder. Y eso no es justicia: es complicidad.
Democracia sin crítica: cascarón vacío
La doctrina constitucional argentina ha sido categórica. Néstor Pedro Sagüés advierte que los jueces tienen derecho a expresarse, siempre que no afecten su imparcialidad. Roberto Gargarella sostiene que una democracia sin voces críticas, sin debate público, es apenas un cascarón vacío.
El Colegio, lejos de defender estos principios, adopta una lógica disciplinadora. La pedagogía del miedo —"opinar cuesta caro"— reemplaza al debate democrático. Así se erosiona la independencia judicial, que no solo implica fallar sin presiones, sino también poder hablar sin miedo.
Una crisis que interpela a todo el país
Este episodio no es solo local. Es un espejo de la profunda crisis institucional que atraviesa la Justicia en Chubut, y también una advertencia para todos los colegios profesionales del país. Cuando una entidad que debe defender derechos se transforma en correa de transmisión del poder, el daño es institucional y democrático.
No es casual que la Dra. Estefanía haya hablado en un medio independiente. En esos espacios no controlados, la palabra inquieta al poder. Por eso la reacción: cuando no pueden controlar el mensaje, atacan al mensajero.
Un llamado a rectificar
El Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia tiene una oportunidad histórica: rectificar el rumbo. Puede elegir ser garante del derecho de defensa y de la libertad de expresión, o seguir siendo parte de la maquinaria de silencios y privilegios.
Lo que está en juego va más allá de una jueza o de un comunicado. Está en disputa la esencia misma del rol que las instituciones deben cumplir en una democracia: proteger la voz crítica, no perseguirla.
Porque cuando se calla ante la corrupción y se censura a quienes la denuncian, lo que se construye no es justicia, sino un sistema de impunidad.
Cynthia Castro es Abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Psicopatologías y Neurociencias.
Abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Psicopatologías y Neurociencias.
El comunicado emitido el 1º de octubre por el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia no es un episodio aislado. Es un síntoma profundo de una cultura institucional que tolera la corrupción y reprime la crítica. Lejos de defender principios jurídicos, el Colegio ha optado por transformarse en un actor político que guarda silencio frente a los poderosos y ataca a quienes se atreven a hablar.
Censura institucional disfrazada de “prudencia”
En mi carácter de abogada matriculada en esta ciudad (Mat. C-1228-CPA-CR) y comprometida con la defensa de los derechos humanos, manifiesto mi profunda preocupación ante el contenido y el espíritu del mencionado comunicado. Su tono y orientación reflejan una peligrosa deriva hacia la censura institucional, bajo el pretexto de defender la “seriedad” de las instituciones.
Lo que debería ser una entidad comprometida con el Estado de Derecho se ha convertido en portavoz de un disciplinamiento simbólico contra voces críticas. El caso de la Dra. Carina Estefanía, camarista penal de Esquel y presidenta electa de la Asociación de la Magistratura de Chubut, es ilustrativo. Por opinar públicamente sobre la situación institucional de la provincia —sin infringir norma ética ni judicial alguna— fue objeto de un pronunciamiento lapidario por parte del Colegio.
Libertad de expresión: derecho, no concesión
Nuestra Constitución Nacional (art. 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) garantizan el derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina (2008), fue clara: el debate público sobre el funcionamiento de las instituciones debe ser protegido, incluso cuando resulte incómodo.
Si la protección es robusta para periodistas y ciudadanos, más aún debe serlo para jueces que, con responsabilidad, alertan sobre fallas estructurales del sistema judicial. Pretender que los magistrados solo puedan hablar bajo un corsé corporativo no solo es inconstitucional: es peligrosamente autoritario.
El doble estándar que delata
Lo más grave, sin embargo, no es el exceso frente a la opinión de una jueza, sino el silencio absoluto ante denuncias graves y documentadas de corrupción dentro del propio Poder Judicial, incluyendo al Superior Tribunal de Justicia. Mientras frente a esos hechos se elige la omisión, frente a una opinión crítica se responde con furia institucional.
Este doble estándar es revelador: no se trata de custodiar la ética, sino de preservar estructuras de poder. Se castiga la disidencia, se protege al poder. Y eso no es justicia: es complicidad.
Democracia sin crítica: cascarón vacío
La doctrina constitucional argentina ha sido categórica. Néstor Pedro Sagüés advierte que los jueces tienen derecho a expresarse, siempre que no afecten su imparcialidad. Roberto Gargarella sostiene que una democracia sin voces críticas, sin debate público, es apenas un cascarón vacío.
El Colegio, lejos de defender estos principios, adopta una lógica disciplinadora. La pedagogía del miedo —"opinar cuesta caro"— reemplaza al debate democrático. Así se erosiona la independencia judicial, que no solo implica fallar sin presiones, sino también poder hablar sin miedo.
Una crisis que interpela a todo el país
Este episodio no es solo local. Es un espejo de la profunda crisis institucional que atraviesa la Justicia en Chubut, y también una advertencia para todos los colegios profesionales del país. Cuando una entidad que debe defender derechos se transforma en correa de transmisión del poder, el daño es institucional y democrático.
No es casual que la Dra. Estefanía haya hablado en un medio independiente. En esos espacios no controlados, la palabra inquieta al poder. Por eso la reacción: cuando no pueden controlar el mensaje, atacan al mensajero.
Un llamado a rectificar
El Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia tiene una oportunidad histórica: rectificar el rumbo. Puede elegir ser garante del derecho de defensa y de la libertad de expresión, o seguir siendo parte de la maquinaria de silencios y privilegios.
Lo que está en juego va más allá de una jueza o de un comunicado. Está en disputa la esencia misma del rol que las instituciones deben cumplir en una democracia: proteger la voz crítica, no perseguirla.
Porque cuando se calla ante la corrupción y se censura a quienes la denuncian, lo que se construye no es justicia, sino un sistema de impunidad.
Cynthia Castro es Abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Psicopatologías y Neurociencias.
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