Condenan a exmilitares a 7.710 años de cárcel
Fueron condenados en Guatemala por una masacre de indígenas en 1982: 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas, y 30 años más por el delito de crímenes contra la humanidad.
Un tribunal de Guatemala condenó este martes a 7.710 años de prisión a cinco ex paramilitares por una masacre de 256 indígenas perpetrada en 1982 en el norte del país, durante la guerra civil, informó la jueza Jazmín Barrios.
Durante el debate oral y público "quedó demostrada la participación de los procesados", quienes actuaron con "perversidad y ensañamiento" contra la víctimas, afirmó Barrios al leer la sentencia.
La juzgadora explicó que el tribunal que preside impuso 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas (7.680 años), y 30 años más por el delito de crímenes contra la humanidad, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.
El juicio inició el 14 de marzo y los sentenciados son Eusebio Grave, los hermanos Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y el ex comisionado Lucas Tecú, ex miembros de las Patrullas Civiles de Autodefensa (PAC), coordinadas por el ejército durante la guerra, quienes fueron capturados en agosto anterior.
La matanza de los indígenas de la etnia maya Achí ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz (norte), durante el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
"Durante el juicio se pudo comprobar que torturaron y quemaron a las víctimas para ocultar evidencias y garantizar la impunidad", aseveró Barrios, tras indicar que la masacre fue una represalia por el supuesto apoyo de la comunidad a la guerrilla izquierdista.
De acuerdo con el fiscal, los "niños, hombres y mujeres mayores fueron golpeados hasta morir", mientras que las niñas y jóvenes fueron violadas y asesinadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala en 2004 por esta masacre y ordenó la investigación y persecución penal contra los responsables.
Este fue el segundo juicio por una masacre que llega a condena en Guatemala, donde la impunidad alcanza el 98% de casos en los tribunales, según organismos de derechos humanos.
Por la masacre de 201 campesinos, perpetrada en una aldea de Petén (norte), también en 1982 durante el gobierno de facto de Ríos Montt, el pasado 12 de marzo fue condenado el militar Pedro Pimentel a 6.060 años.
En el mismo proceso por esa matanza fueron condenados en agosto pasado cuatro ex militares a igual número de años.
Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres durante la guerra civil, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado, la mayoría durante los gobiernos de facto de Ríos Montt y su sucesor, Oscar Mejía (1983-1986).
Tanto las PAC como la figura del comisionado militar -un civil infiltrado por el ejército entre la población- fueron instrumentos de brutal represión durante la guerra y quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que en 1996 pusieron fin al conflicto, que duró 36 años y dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos.
Durante el debate oral y público "quedó demostrada la participación de los procesados", quienes actuaron con "perversidad y ensañamiento" contra la víctimas, afirmó Barrios al leer la sentencia.
La juzgadora explicó que el tribunal que preside impuso 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas (7.680 años), y 30 años más por el delito de crímenes contra la humanidad, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.
El juicio inició el 14 de marzo y los sentenciados son Eusebio Grave, los hermanos Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y el ex comisionado Lucas Tecú, ex miembros de las Patrullas Civiles de Autodefensa (PAC), coordinadas por el ejército durante la guerra, quienes fueron capturados en agosto anterior.
La matanza de los indígenas de la etnia maya Achí ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz (norte), durante el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
"Durante el juicio se pudo comprobar que torturaron y quemaron a las víctimas para ocultar evidencias y garantizar la impunidad", aseveró Barrios, tras indicar que la masacre fue una represalia por el supuesto apoyo de la comunidad a la guerrilla izquierdista.
De acuerdo con el fiscal, los "niños, hombres y mujeres mayores fueron golpeados hasta morir", mientras que las niñas y jóvenes fueron violadas y asesinadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala en 2004 por esta masacre y ordenó la investigación y persecución penal contra los responsables.
Este fue el segundo juicio por una masacre que llega a condena en Guatemala, donde la impunidad alcanza el 98% de casos en los tribunales, según organismos de derechos humanos.
Por la masacre de 201 campesinos, perpetrada en una aldea de Petén (norte), también en 1982 durante el gobierno de facto de Ríos Montt, el pasado 12 de marzo fue condenado el militar Pedro Pimentel a 6.060 años.
En el mismo proceso por esa matanza fueron condenados en agosto pasado cuatro ex militares a igual número de años.
Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres durante la guerra civil, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado, la mayoría durante los gobiernos de facto de Ríos Montt y su sucesor, Oscar Mejía (1983-1986).
Tanto las PAC como la figura del comisionado militar -un civil infiltrado por el ejército entre la población- fueron instrumentos de brutal represión durante la guerra y quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que en 1996 pusieron fin al conflicto, que duró 36 años y dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos.