Compromisos a futuro
El Gobierno provincial persiste en tomar decisiones que comprometen el margen de acción política y económica de su sucesor. Y lo hace a escasos meses de la entrega del poder, lo cual acrecienta aún más la suspicacia.
La última medida en ese sentido fue la contratación de un servicio de ingeniería para la inspección del dique de Toro Yaco, en Santa María, que se empezó a construir sobre el río que lleva el mismo nombre del departamento. Según publicó este diario el jueves último, la Secretaría del Agua y del Ambiente aprobó el contrato de una empresa de Buenos Aires, ganadora de una licitación, por casi 5,4 millones de pesos, monto que la Provincia empezará a pagar este año y terminará de hacerlo en 2015, el mismo año que concluye el mandato de las autoridades electas. En otras palabras, Lucía Corpacci gobernará los cuatro años con una deuda heredada a cuestas. Si bien abundan las explicaciones de corte técnico acerca de los tiempos requeridos para la obra en ejecución y de la previsión presupuestaria de los próximos ejercicios, desde el punto de vista político se trata de decisiones que merecen ser postergadas –esto es, puestas a consideración del gobierno entrante- o bien consensuadas con los electos. Ello aún cuando el monto comprometido no representa una cifra que pueda desestabilizar las finanzas que viene, más todavía si se tiene en cuenta que el Presupuesto nacional 2012 para Catamarca prevé un incremento de 37 por ciento respecto al actual. Es simplemente una cuestión de prudencia política.
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Lo mismo sucede con la mega licitación que 1.000 viviendas que el Gobierno lanzó en marzo pasado por un total 130 millones de pesos, repartidos en grupos licitatorios de entre 10 y 60 viviendas en diversos puntos de la provincia. La obra no figuraba en el presupuesto de este año y se puso en marcha pocos días antes de las elecciones provinciales. Uno de los aspectos más polémicos de la licitación fue el de los requisitos establecidos por el Instituto Provincial de la Vivienda para las empresas, por cuanto se les exigía como condición que contaran con terrenos propios y que éstos tuvieran factibilidad de los servicios públicos esenciales (agua, luz y red vial). Peor aún, las empresas disponían de dos semanas de plazo para presentar los papeles, caso contrario quedarían excluidas. Había razones suficientes para sospechar que se trataba de una licitación armada a medida de algunas empresas amigas que cumplían de antemano con tales requisitos. Lo cierto es que, pese a todo, el IPV siguió adelante con el proceso y se disponía a efectuar las respectivas adjudicaciones. El grueso de los 130 millones de estas viviendas, tal como fue concebida la licitación, los pagará el gobierno que viene. Seguramente, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral y su hijo administrador del IPV confiaron en ganar las elecciones de marzo y, por lo tanto, en que serían ellos los responsables de seguir adelante con esta obra. El resultado adverso, sin embargo, no se tradujo en un cambio de planes.
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Otro problema asociado con la inspección técnica de la obra de Toro Yaco es la recurrencia habitual a mano de obra externa. Para el secretario del Agua y del Ambiente, Oscar Doering, esto fue así porque "se necesitan especialistas en hormigón, en sistema hidráulico, ingenieros y técnicos especializados que no tenemos en este momento", dijo y recordó que hace 60 años que en Catamarca no se construye un dique. Como se preveía, la decisión de buscar afuera provocó un lógico malestar entre los ingenieros de la provincia. El mismo malestar que hubo antes con la búsqueda de "especialistas en plagas" en Cuyo para combatir un hongo que atacó el césped del Estadio Bicentenario y el mismo que causó la contratación de abogados en la Universidad de Córdoba para redactar un proyecto de reforma del régimen municipal. La diferencia fue que en este último caso el convenio quedó sin efecto por el cambio de gobierno que operará en diciembre. Pero los otros se llevaron adelante pese a las nuevas condiciones imperantes. En alguna medida, las decisiones que se adoptan con prescindencia de las implicancias políticas tienen que ver también con la falta de tacto en varias áreas del Gobierno. Es que algunos funcionarios, está visto, parecen actuar como si nada hubiera sucedido en marzo.