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Cómo funcionará la Ley Penal Cambiaria que se aplicará a los ahorristas que "le buscan la vuelta" para comprar más de 10 mil dólares
El Gobierno intensificará los controles para que evitar el incumplimiento del cepo al dólar.
Si bien por el momento aseguraron que no habrá nuevas restricciones para la compra de dólares, el Gobierno informó que intensificará los controles para evitar que se incumpla con el decreto de necesidad y urgencia 609/2019 que firmó Mauricio Macri para instaurar el cepo, y advierte que se aplicará la ley penal cambiaria "a la gente que le busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas".
La definición al respecto fue del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien fue contundente al ser consultado sobre eventuales medidas o nuevas restricciones para evitar que ahorristas accedan a sumas superiores a los 10 mil dólares.
"La política cambiaria se maneja a través del Banco Central que es una entidad autónoma. Y el BCRA y el Gobierno han fijado reglas. Esas reglas hay que cumplirlas. Y si hay gente que le busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas, por supuesto que se va a actuar", afirmó Pinedo, en la conferencia de prensa informativa que traza el Gobierno, luego de cada reunión de Gabinete de Macri.
El senador, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; advirtió que "existen las figuras penales cambiarias", que les pueden caber a aquellos que violen la ley. "Cuando hay un régimen cambiario, quien lo viola, incurre en una actividad que puede ser (un delito) penal. Y obviamente las autoridades van a actuar para evitar ese tipo de desvíos", amplió.
Tras la implementación del cepo, a principios de septiembre, el Banco Central puso la mira sobre un grupo de personas que saltearon la restricción cambiaria y compraron más de US$10.000 por mes, como estableció la entidad.
Fuentes del Banco Central aseguraron que aprovecharon una "ventana" en la implementación. "Pueden haber comprado US$ 10 mil en varios bancos, porque no se requería una autorización previa para cada operación", exponen. Así, una persona física, con fondos y cuentas en distintos bancos, se pudo haber alzado con una cifra superior a la suma permitida y, como indicó Pinedo, haber violado la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.359. "También se está siguiendo el tema de los 'coleros', que prestan sus nombres para que terceros compren divisas", agregaron esas fuentes.
Pero, como esas operaciones quedan registradas, y luego son supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), el infractor va a tener que dar explicaciones, aseguran en el Gobierno. En principio ante la AFIP, que corroborá el origen de los fondos; pero también ante las sanciones que prevé la ley, que entró en vigencia en 1995.
Según fuentes del Gobierno, la sanción está prevista en el artículo 2 de la norma, que dice:
a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez.
b) Prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción.
c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el caso de segunda reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores.
d) Si la multa impuesta en el caso del inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3) veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de libertad a que se refiere el inciso b), será de UN (1) mes a CUATRO (4) años.
e) En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión hasta DIEZ (10) años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta DIEZ(10) años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios.
Más allá del refuerzo de los controles, y de que la caída de reservas continúa (este miércoles bajaron US$131 millones: US$4784 millones, este mes) y mantiene en alerta al Gobierno -y también a Alberto Fernández-, ya que las líquidas no llegan a los US$ 15 mil millones; tanto en el Ministerio de Hacienda, de Hernán Lacunza; como cerca de Guido Sandleris, titular del Central; desmintieron "rotundamente" que se analicen nuevas restricciones a la compra de dólares. Igual no va a haber una definición pública al respecto. Un dato: horas antes de la implementación del cepo, desde el Gobierno negaban con similar énfasis esa versión.
La definición al respecto fue del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien fue contundente al ser consultado sobre eventuales medidas o nuevas restricciones para evitar que ahorristas accedan a sumas superiores a los 10 mil dólares.
"La política cambiaria se maneja a través del Banco Central que es una entidad autónoma. Y el BCRA y el Gobierno han fijado reglas. Esas reglas hay que cumplirlas. Y si hay gente que le busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas, por supuesto que se va a actuar", afirmó Pinedo, en la conferencia de prensa informativa que traza el Gobierno, luego de cada reunión de Gabinete de Macri.
El senador, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; advirtió que "existen las figuras penales cambiarias", que les pueden caber a aquellos que violen la ley. "Cuando hay un régimen cambiario, quien lo viola, incurre en una actividad que puede ser (un delito) penal. Y obviamente las autoridades van a actuar para evitar ese tipo de desvíos", amplió.
Tras la implementación del cepo, a principios de septiembre, el Banco Central puso la mira sobre un grupo de personas que saltearon la restricción cambiaria y compraron más de US$10.000 por mes, como estableció la entidad.
Fuentes del Banco Central aseguraron que aprovecharon una "ventana" en la implementación. "Pueden haber comprado US$ 10 mil en varios bancos, porque no se requería una autorización previa para cada operación", exponen. Así, una persona física, con fondos y cuentas en distintos bancos, se pudo haber alzado con una cifra superior a la suma permitida y, como indicó Pinedo, haber violado la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.359. "También se está siguiendo el tema de los 'coleros', que prestan sus nombres para que terceros compren divisas", agregaron esas fuentes.
Pero, como esas operaciones quedan registradas, y luego son supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), el infractor va a tener que dar explicaciones, aseguran en el Gobierno. En principio ante la AFIP, que corroborá el origen de los fondos; pero también ante las sanciones que prevé la ley, que entró en vigencia en 1995.
Según fuentes del Gobierno, la sanción está prevista en el artículo 2 de la norma, que dice:
a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez.
b) Prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción.
c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el caso de segunda reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores.
d) Si la multa impuesta en el caso del inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3) veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de libertad a que se refiere el inciso b), será de UN (1) mes a CUATRO (4) años.
e) En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión hasta DIEZ (10) años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta DIEZ(10) años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios.
Más allá del refuerzo de los controles, y de que la caída de reservas continúa (este miércoles bajaron US$131 millones: US$4784 millones, este mes) y mantiene en alerta al Gobierno -y también a Alberto Fernández-, ya que las líquidas no llegan a los US$ 15 mil millones; tanto en el Ministerio de Hacienda, de Hernán Lacunza; como cerca de Guido Sandleris, titular del Central; desmintieron "rotundamente" que se analicen nuevas restricciones a la compra de dólares. Igual no va a haber una definición pública al respecto. Un dato: horas antes de la implementación del cepo, desde el Gobierno negaban con similar énfasis esa versión.
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