Chubut: la denuncia internacional por coimas que pone bajo tensión a toda la provincia

Por Dra. Cynthia Castro, Magister en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional y especialista en Psicopatologías y Neurociencias.

Ignacio “Nacho” Torres llegó al poder en Chubut envuelto en una palabra que su generación política había convertido en consigna: transparencia. Se presentó como el rostro de una nueva etapa, decidido a romper con “veinte años de corrupción kirchnerista”, a depurar la administración pública y a reconstruir la confianza entre Estado y ciudadanía.

Su discurso lo proyectó como parte de la camada de dirigentes que se definían por la ética antes que por la ideología. Pero el tiempo, que no respeta slogans, se encargó de poner a prueba esa promesa. En la política, ni la moral ni la ética se sostiene en los discursos: se sostienen en los hechos. Y cuando los hechos desmienten la palabra, lo que se quiebra no es solo una imagen sino la legitimidad entera de un proyecto.

Esa grieta hoy tiene nombre, expediente y jurisdicción extranjera.

Red Chamber USA vs. Profand SL, un caso judicial radicado en California expone una acusación de soborno millonario que compromete directamente al gobierno de Chubut y al ministro de Economía —actual Fiscal de Estado— Andrés Meiszner.

Un Meiszner que quiso pescar USD 6.5. millones con la carnada de Torres: la entrega de los recursos del mar que pertenecen a todos los chubutenses.

El “Affaire del Langostino”: cuando el negocio se convirtió en coima

En noviembre de 2025, el diario La Nación publicó una investigación que marcaría un punto de inflexión en la política patagónica.

Bajo el título “El Affaire del Langostino: acuerdo millonario tras acusaciones de corrupción y una demanda en EE. UU.”, reveló que la empresa estadounidense Red Chamber Argentina, dedicada al procesamiento de langostinos en la planta ex Alpesca de Puerto Madryn, había presentado una demanda civil en los tribunales de California.

El documento describe con precisión una escena: una reunión en el Alvear Art Hotel de Buenos Aires, un pedido de US $ 6,5 millones en una moneda digital no rastreable —el llamado “B-money”— y un funcionario provincial que, según la denuncia, ofrecía resolver un conflicto contractual con el Estado a cambio de ese pago.

En términos simples, una coima sofisticada.

Red Chamber USA, registrada en California y proveedora del mercado norteamericano, llevó el caso a los tribunales federales. El expediente no solo sacudió la política provincial, peor aún: abrió un frente diplomático.

Por primera vez, un gobierno subnacional argentino era señalado en Estados Unidos por un acto de corrupción.

Washington pidió explicaciones y Chubut, la provincia que había hecho de la ética su carta de presentación, quedó bajo el foco de una justicia extranjera.

El gobierno provincial reaccionó con la misma estrategia que suelen elegir quienes no tienen cómo explicar lo que ocurrió y, con total impunidad, minimiza y calla.

Desde Rawson, un comunicado breve negó toda acusación y sostuvo que “no existe denuncia formal alguna contra la provincia ni sus funcionarios”. Pero la causa estaba radicada, la audiencia registrada y la cifra consignada en los documentos judiciales de EE. UU.

Poco después, el conflicto pareció resolverse con un acuerdo inesperado.

Red Chamber anunció una inversión de US $ 70 millones para instalar una nueva planta en Trelew y desistió de sus reclamos, pero EEUU aún continúa. Sobre el papel, un final de cooperación. En la práctica, un cierre apresurado que dejó más interrogantes que certezas.

Nadie explicó el contenido completo del convenio ni quién lo negoció.

El gobernador evitó dar declaraciones extensas y Meiszner, lejos de ser apartado, continuó en funciones y la Legislatura provincial no pidió informes pero, esa es la legislatura que con las mismas caras se recicla en partidos fusionados acostumbrada a encubrir a los funcionarios.

Un patrón que se repite: combustible, flota amarilla y poder cerrado

El caso Red Chamber no irrumpió en un vacío.

Encaja en un patrón que Chubut arrastra desde hace décadas, la concentración de los negocios más rentables —pesca, combustible y puertos— en manos de pocos actores con acceso directo al poder político.

En 2022, cuando Torres aún era senador, fue denunciado por su vinculación con Petromar S.A., una empresa que sería familiar, dedicada al abastecimiento de combustible para la flota pesquera de Rawson y Puerto Madryn. Según la denuncia, Petromar S.A. había pasado a controlar casi el 90 % del mercado en menos de dos años con maniobras de evasión que superaban los $ 4.500 millones.

La denuncia describía una “asociación ilícita empresarial-política-sindical”.

Se expusieron los negocios energéticos y pesqueros en Chubut que se mueven en un circuito cerrado, donde las fronteras entre lo público y lo privado son difusas y el control institucional, débil o inexistente.

El episodio Red Chamber replica la misma matriz, es decir, un sector estratégico, un pedido de dinero, un delito y una negociación discreta que termina con un acuerdo ventajoso para los mismos actores de siempre.

Legalidad y derechos en disputa

El Affaire Red Chamber es un conflicto político y un caso de quiebre del orden jurídico.

El caso vulnera simultáneamente el principio de legalidad, la ética pública, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el derecho colectivo a un gobierno honesto. No se trata solo de una coima en dólares digitales, sino de la desintegración práctica del Estado de Derecho en su nivel más básico.

Mientras la justicia extranjera investiga lo que la justicia local calla, Chubut enfrenta su dilema jurídico más grave, el de reconstruir la legalidad o el resignarse a que el mar y la ley sigan siendo territorio de nadie.

Ahora bien,  del relato administrativo se perfila un entramado que afecta principios esenciales del Derecho Público y del Derecho Internacional Económico, resaltando los más importantes y básicos nos encontramos con:

1. Violación al principio de legalidad administrativa

Toda negociación que implique recursos naturales o concesiones pesqueras debe estar sujeta a los procedimientos previstos por la Constitución de Chubut y la Ley I Nº 18 (Procedimiento Administrativo Provincial).

Un funcionario no puede convertir una atribución pública en instrumento de lucro. Hacerlo implica desnaturalizar la función, transformar el poder en privilegio y ejercer la función pública como delincuentes.

2. Afectación del principio de transparencia y probidad

La Constitución Nacional (art. 36) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) obligan a los Estados a prevenir y sancionar la corrupción tanto en el ámbito nacional como subnacional. Si un pedido de soborno fue formulado para condicionar derechos empresariales, se vulnera el deber de transparencia activa y el derecho ciudadano a una administración íntegra.

El silencio posterior del gobierno equivale a una omisión ilícita, porque la autoridad tiene la obligación positiva de investigar y sancionar de oficio toda sospecha de corrupción.

3. Derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley

El principio de seguridad jurídica, consagrado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, exige previsibilidad en la actuación estatal. Un empresario —argentino o extranjero— tiene derecho a saber que su inversión no depende de un pago corrupto sino del cumplimiento de reglas claras.

Cuando el Estado convierte el permiso en moneda de cambio, destruye la confianza legítima que el orden jurídico busca proteger.

4. Dimensión internacional y soberanía condicionada

Al trasladar el conflicto a un tribunal de EE. UU. bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la Provincia de Chubut pierde capacidad de defensa interna porque su reputación queda sometida al juicio de un orden jurídico ajeno.

Esto demuestra que la corrupción no solo viola normas éticas, sino que erosiona la soberanía económica y jurídica porque la provincia pasa de regular sus recursos a ser juzgada por cómo los negocia.

5. Responsabilidad del Estado y derecho de los ciudadanos

De ser condenada la Provincia del Chubut por tener funcionarios coimeros, el hecho no sería un exceso personal de un funcionario, sino un acto de corrupción estatal que genera responsabilidad objetiva del Estado provincial.

Los ciudadanos de Chubut —titulares del dominio originario de los recursos naturales (art. 124 CN)— son víctimas de una defraudación al interés público.

El pueblo, en términos jurídicos, fue privado de la gestión transparente de su patrimonio marítimo.

Torres y la corrupción más escandalosa que se tenga memoria en Chubut

La contradicción entre la retórica y la realidad define el corazón del problema.

El ministro implicado fue ascendido a Fiscal de Estado, cargo desde el cual representa legalmente a la provincia. La secuencia revela una dinámica conocida, cuasi vitalicia, la moral y la ética se invocan para construir legitimidad pero se abandona cuando amenaza con poner en riesgo el poder, el poder propio y el de los amigos.

Las herramientas institucionales que debían garantizar la ética pública —la eliminación de fueros, la ley homónima, la extinción de dominio— las eliminó Torres reduciéndolas a símbolos vacíos, útiles para el discurso, irrelevantes en la práctica.

La transparencia en Chubut no es un sistema, es un eslogan.

El costo político y diplomático

El caso Red Chamber trasciende el ámbito local y compromete la imagen institucional de la provincia y, por extensión, del país. La denuncia se tramita bajo el amparo de la Foreign Corrupt Practices Act, la legislación norteamericana que penaliza los sobornos cometidos fuera del territorio de EE. UU. No solo podría derivar en sanciones para la empresa involucrada, sino también en un precedente incómodo para la diplomacia argentina.

En el plano interno, el impacto político es directo.

La figura del gobernador queda herida por la contradicción más profunda que puede enfrentar un dirigente desacreditado por sí mismo; haber construido su autoridad luchando contra la corrupción y quedar señalado por ser el gobierno más corrupto de la historia.

Chubut, la provincia que se hunde en la misma marea

El mar no olvida: devuelve siempre lo que la política intenta enterrar.

La provincia hoy enfrenta el descrédito más severo de su historia reciente porque la denuncia internacional por sobornos, radicada en tribunales de Estados Unidos compromete al corazón del gobierno provincial poniendo en jaque a la Argentina.

Es la propia arquitectura de poder la que quedó al descubierto porque es el propio Estado que negocia con dinero digital no rastreable, un ministro que actúa como intermediario de intereses privados y un gobernador que elige el silencio como estrategia.

El “Affaire del Langostino” expuso la continuidad de un patrón que Chubut no logra romper, el reciclaje del poder bajo nuevas formas pero con las mismas prácticas corruptas.

La corrupción en la provincia dejó de ser una herencia para convertirse en una forma de gobierno; y eso, en términos institucionales, es más grave que cualquier cambio de sigla o color político porque la simulación moral corroe los cimientos del Estado.

El resultado es visible para todos, especialmente para EE.UU., un gobierno que opera con los métodos más antiguos del poder, una administración que firma acuerdos para ocultar denuncias, una provincia que no avanza repitiendo su naufragio cada vez con más elegancia y menos pudor.

Nuevamente y recalcando, el caso Red Chamber no es un error administrativo ni un desliz técnico.

Es un síntoma profundo de cómo el poder en Chubut sigue concibiendo la gestión como un negocio. La que no pueden hacer fuera de la política por falta de capacidad la hacen dentro de la política con la única capacidad, cometer delitos en el ejercicio de la función pública, es decir, SER CORRUPTOS.

El futuro de Chubut no se decidirá en los tribunales internacionales ni tan siquiera en los locales, sino en su conciencia colectiva: si el pubelo vuelve a aceptar el silencio como normalidad, o si por fin entiende que ninguna promesa de transparencia sobrevive al poder cuando el poder es un negocio.