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Anomalías universitarias

La extensión de una red paralela de institutos privados pagos desvirtúa los principios de gratuidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades que la UNC proclama en sus principios.

El ingreso a las universidades, tanto públicas como privadas, es un viejo problema que no termina por encontrar una solución desde hace décadas. Aquí y en los principales centros universitarios de Latinoamérica.

No se trata sólo del debate sobre si el ingreso debe ser irrestricto o restringido, si tiene que haber cupos o no. Hay muchas otras cuestiones en juego, como el auge de institutos privados que preparan a los aspirantes para rendir los exámenes o cursillos eliminatorios o nivelatorios. Hay que señalar que esos institutos o docentes particulares cobran, a veces, sumas que superan con creces a los aranceles normales que se pagan en las universidades privadas.

Por otra parte, no hay criterios uniformes respecto del régimen de ingreso, ya que, por caso, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba permite el ingreso de los 550 mejores puntajes sobre un promedio de 1.500 a 1.800 aspirantes, mientras que en la de Derecho se dicta un cursillo eliminatorio y en la de Ciencias de la Información sólo hay un cursillo nivelatorio.

El caso de Medicina es paradigmático. Hay cursos privados en los que se pagan 1.200 pesos al año y otros que llegan a seis mil. Y hay profesores que por clases individuales cobran 1.200 pesos mensuales. ¿Cómo valorar, entonces, los principios de gratuidad de la enseñanza e igualdad de oportunidades a la luz de esos montos? ¿Quiénes pueden pagar semejantes cifras y quiénes no? Es evidente que son los menos, lo que implica una inequidad mayúscula.

Además, se ha creado una especie de red universitaria paralela, ya que algunos de esos institutos no sólo dictan cursos para aspirantes al ingreso, sino que también hacen de soporte o ayuda a los estudiantes durante todo el año, en especial en las épocas previas a los exámenes.

¿No significa esto un privilegio, al que pueden acceder algunos –los menos– y otros no, lo que convierte el principio de libre acceso en restrictivo para los sectores de menos recursos? Un informe realizado por este diario mostró que hay institutos privados que preparan a los alumnos en prácticamente todas las materias cursadas en las facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura y Medicina.

Esa suerte de privatización parcial de la enseñanza pública implica verdaderamente una anomalía, que revela que se ha avanzado muy poco en lo que respecta a la enseñanza superior. Hay carreras excesivamente largas, con un altísimo grado de deserción y, por ende, con un muy bajo nivel de graduados, lo que significa un gran derroche de recursos económicos y humanos, y una frustración muy grande para quienes no pueden terminar sus carreras.

Ambas cuestiones –las redes de institutos paralelos pagos y la alta deserción– son las dos caras de una misma moneda. Es un problema que debe ser encarado con la seriedad que merece.