La resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la ex presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y al empresario por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública.

Por falta de actividad, se declaró la caducidad de instancia y se cerró el expediente iniciado por el Estado. En el fuero penal, la Justicia avanza con la ejecución de bienes de la expresidenta.

Ahora pueden embargarlos. Se venció el plazo otorgado por el Tribunal a los culpables de montar un esquema de desvío de fondos con la obra pública en Santa Cruz. La expresidenta solicitó ayer la suspensión del pago.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto de los embargos que alcanzan a todos los condenados en el expediente.

Lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Este miércoles se venció el plazo para que lo hagan y seis ex funcionarios fueron a los tribunales federales. Serán alojados en la cárcel de Ezeiza hasta que se definan sus pedidos de prisión domiciliaria o el traslado a otras unidades

El máximo tribunal dejó firme la condena a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los tres jueces deberán decidir si rechazan el recurso de la ex presidenta para que quede firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, o si revisan el caso.

Eduardo Casal respaldó la apelación del fiscal Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se lleve de seis a doce años la condena.

La expresidenta cargó contra Manuel García-Mansilla, flamante integrante del máximo tribunal. Lo cuestionó porque había declarado “que jamás aceptaría ser designado por decreto”.