YPF: arbitrariedad y mala fe
La apropiación del 51% de la empresa petrolera tendrá altos costos en términos económicos y de seguridad jurídica.
repsol ypfLa experiencia de Repsol en YPF no fue el ejemplo más edificante de inversión extranjera en el país. Los ejecutivos de esa compañía española se allanaron a las presiones del Gobierno para incorporar un socio local. Entre los muchos posibles, eligieron a la familia Eskenazi, que carecía de antecedentes en el negocio energético. Para justificar esa selección, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apeló a un eufemismo poco feliz, llamando al nuevo accionista "experto en mercados regulados". En esa decisión está inscripta una de las claves del error: la empresa privilegió la capacidad de influir sobre el Estado más allá de cualquier otra consideración.
La proyectada apropiación del 51% del patrimonio de YPF es en parte consecuencia del fracaso de ese experimento. Tal vez algunos accionistas de Repsol se estén preguntando por qué motivo la compañía cedió el 25% de su filial argentina con facilidades inéditas y con pésimos resultados.
Sin perjuicio de lo expresado, ninguna de estas deformaciones justifica el despojo del que es víctima Repsol. En primer lugar, porque el Gobierno dispuso la intervención de la empresa aun antes de que se sancionara la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, forzando al retiro de los directores de YPF de la propia sede de la compañía.
En segundo término, porque la Presidenta, que se declaró respetuosa del derecho, dispuso la apropiación del 51% de la compañía sin cumplir con lo que prescribe su estatuto: que para adquirir más del 15% de las acciones es obligatorio realizar una oferta pública por todas ellas.
Le asiste la razón a Repsol cuando sostiene que la determinación oficial es arbitraria y discriminatoria, ya que recae en el paquete mayoritario de un único accionista. Debería haberse expropiado todo el paquete accionario o, en caso de expropiación parcial, la proporcionalidad debió haber sido la regla. Los contribuyentes argentinos debemos prepararnos para, tarde o temprano, pagar carísimo la transgresión a esa cláusula, a la ley, a los tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con España y a la propia Constitución.
El Gobierno piensa evitar las sanciones declarando a la empresa "de interés nacional". Se trata de otra arbitrariedad y tiene razón Repsol cuando dice haber sido discriminada. De igual manera obró el Gobierno cuando sancionó la ley sobre Papel Prensa. En todo caso, ese interés puede estar en una actividad, no en una empresa específica.
El avance sobre YPF estuvo guiado, además, por la mala fe. Desde el propio Estado se llevó adelante un ataque sistemático contra la empresa para que disminuyera el precio del patrimonio que ese mismo Estado planeaba comprar. La Comisión Nacional de Valores no hizo el menor gesto para cumplir con su deber y evitar esa degradación. Este abordaje, muy parecido a un asalto, es otra demostración de menosprecio por la empresa petrolera que tal vez anticipe otras depredaciones.
Los gobernadores de provincias poseedoras de hidrocarburos fueron cómplices de estos atropellos, al obedecer las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo para anular concesiones de áreas otorgadas a YPF. Esa resignación del poder que concede la autonomía federal se completa ahora, cuando desde la administración central se les prometen acciones de la nueva YPF estatizada, que esos mandatarios deberán sindicar a favor del Estado nacional, renunciando a cualquier monitoreo sobre la calidad en el manejo de la empresa.
En un adelanto de lo que está por venir, Cristina Kirchner puso YPF en manos de dos funcionarios que ya demostraron su incompetencia en la administración de recursos públicos. Julio De Vido no es sólo el titular del proceso que llevó al atolladero energético que hoy enfrenta la Argentina. Es también el responsable político de Enarsa, empresa del Estado que ganó fama por ser la operadora de las crecientes importaciones de combustibles a las que obliga la equivocada política energética del kirchnerismo. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, que tuvo un minuto de celebridad por ser pasajero y financista del lamentable viaje de Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares, integró la legión de funcionarios que se asentaron en el edificio de Repsol mientras la Presidenta hacía sus anuncios. Espinosa todavía no puede explicar los resultados que obtuvo en la exploración de recursos petroleros en aguas profundas, actividad que el Estado delegó en su empresa en exclusividad.
El otro interventor designado en YPF, Axel Kicillof, arrastra tras de sí el penoso antecedente de su paso por Aerolíneas Argentinas como encargado de finanzas. Durante los años en que cumplió esa tarea, la empresa no fue capaz de presentar un solo balance ni la más mínima rendición de cuentas. Las ineficiencias administrativas de esa gestión quedaron disimuladas por los millonarios recursos que el Estado vuelca año tras año en esa compañía aérea. Es un financiamiento irregular que Kicillof no supo siquiera calcular por adelantado, ya que el Tesoro debió girarle alrededor del 50% más que lo que él mismo requirió en cada versión del presupuesto nacional.
Hay una dimensión de esta estatización cuyos costos todavía no han sido advertidos: la del daño ambiental. Quienes quieran preservar el entorno natural de las agresivas operaciones que pueda llevar adelante YPF se verán desalentados a llevar sus quejas a tribunales sobre los cuales el Gobierno ejerce un poder cada día más visible y escandaloso.
En síntesis, la suma de errores del Gobierno en su política energética y su apuesta al capitalismo de amigos, han terminado en una fase de máximo intervencionismo, que además de ahogar al sector privado y de desalentar la inversión, generará enormes costos al país, que se podrán medir en términos económicos como en materia de seguridad jurídica y de aislamiento internacional
La proyectada apropiación del 51% del patrimonio de YPF es en parte consecuencia del fracaso de ese experimento. Tal vez algunos accionistas de Repsol se estén preguntando por qué motivo la compañía cedió el 25% de su filial argentina con facilidades inéditas y con pésimos resultados.
Sin perjuicio de lo expresado, ninguna de estas deformaciones justifica el despojo del que es víctima Repsol. En primer lugar, porque el Gobierno dispuso la intervención de la empresa aun antes de que se sancionara la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, forzando al retiro de los directores de YPF de la propia sede de la compañía.
En segundo término, porque la Presidenta, que se declaró respetuosa del derecho, dispuso la apropiación del 51% de la compañía sin cumplir con lo que prescribe su estatuto: que para adquirir más del 15% de las acciones es obligatorio realizar una oferta pública por todas ellas.
Le asiste la razón a Repsol cuando sostiene que la determinación oficial es arbitraria y discriminatoria, ya que recae en el paquete mayoritario de un único accionista. Debería haberse expropiado todo el paquete accionario o, en caso de expropiación parcial, la proporcionalidad debió haber sido la regla. Los contribuyentes argentinos debemos prepararnos para, tarde o temprano, pagar carísimo la transgresión a esa cláusula, a la ley, a los tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con España y a la propia Constitución.
El Gobierno piensa evitar las sanciones declarando a la empresa "de interés nacional". Se trata de otra arbitrariedad y tiene razón Repsol cuando dice haber sido discriminada. De igual manera obró el Gobierno cuando sancionó la ley sobre Papel Prensa. En todo caso, ese interés puede estar en una actividad, no en una empresa específica.
El avance sobre YPF estuvo guiado, además, por la mala fe. Desde el propio Estado se llevó adelante un ataque sistemático contra la empresa para que disminuyera el precio del patrimonio que ese mismo Estado planeaba comprar. La Comisión Nacional de Valores no hizo el menor gesto para cumplir con su deber y evitar esa degradación. Este abordaje, muy parecido a un asalto, es otra demostración de menosprecio por la empresa petrolera que tal vez anticipe otras depredaciones.
Los gobernadores de provincias poseedoras de hidrocarburos fueron cómplices de estos atropellos, al obedecer las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo para anular concesiones de áreas otorgadas a YPF. Esa resignación del poder que concede la autonomía federal se completa ahora, cuando desde la administración central se les prometen acciones de la nueva YPF estatizada, que esos mandatarios deberán sindicar a favor del Estado nacional, renunciando a cualquier monitoreo sobre la calidad en el manejo de la empresa.
En un adelanto de lo que está por venir, Cristina Kirchner puso YPF en manos de dos funcionarios que ya demostraron su incompetencia en la administración de recursos públicos. Julio De Vido no es sólo el titular del proceso que llevó al atolladero energético que hoy enfrenta la Argentina. Es también el responsable político de Enarsa, empresa del Estado que ganó fama por ser la operadora de las crecientes importaciones de combustibles a las que obliga la equivocada política energética del kirchnerismo. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, que tuvo un minuto de celebridad por ser pasajero y financista del lamentable viaje de Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares, integró la legión de funcionarios que se asentaron en el edificio de Repsol mientras la Presidenta hacía sus anuncios. Espinosa todavía no puede explicar los resultados que obtuvo en la exploración de recursos petroleros en aguas profundas, actividad que el Estado delegó en su empresa en exclusividad.
El otro interventor designado en YPF, Axel Kicillof, arrastra tras de sí el penoso antecedente de su paso por Aerolíneas Argentinas como encargado de finanzas. Durante los años en que cumplió esa tarea, la empresa no fue capaz de presentar un solo balance ni la más mínima rendición de cuentas. Las ineficiencias administrativas de esa gestión quedaron disimuladas por los millonarios recursos que el Estado vuelca año tras año en esa compañía aérea. Es un financiamiento irregular que Kicillof no supo siquiera calcular por adelantado, ya que el Tesoro debió girarle alrededor del 50% más que lo que él mismo requirió en cada versión del presupuesto nacional.
Hay una dimensión de esta estatización cuyos costos todavía no han sido advertidos: la del daño ambiental. Quienes quieran preservar el entorno natural de las agresivas operaciones que pueda llevar adelante YPF se verán desalentados a llevar sus quejas a tribunales sobre los cuales el Gobierno ejerce un poder cada día más visible y escandaloso.
En síntesis, la suma de errores del Gobierno en su política energética y su apuesta al capitalismo de amigos, han terminado en una fase de máximo intervencionismo, que además de ahogar al sector privado y de desalentar la inversión, generará enormes costos al país, que se podrán medir en términos económicos como en materia de seguridad jurídica y de aislamiento internacional