Una política para Malvinas
La Argentina cometió errores diplomáticos y militares para recuperar las Islas, por lo que es necesario aplicar una política de Estado seria, en forma permanente e irrenunciable.
Tanto las encuestas como la percepción cotidiana muestran que el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es un tema que ha calado de modo profundo en los sentimientos y argumentos de los argentinos. Más allá de las diferencias sociales, económicas, de credo y raza, la cuestión Malvinas es una bandera que cobija y une a todo el país.
Por ello, es imperioso en este día –en que se conmemora el 30° aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas– reafirmar el concepto de soberanía y plantear la necesidad de una política permanente para conseguir ese objetivo por el que la Argentina lucha desde el 3 de enero de 1833, cuando fue despojada de esas tierras.
La definición de esa estrategia debe ser asumida como una política de Estado y no al estilo de una aventura bélica, como sucedió en 1982, ni tampoco partidaria, como parece traslucirse en el fondo de las recientes acciones del gobierno de Cristina Fernández. La Presidenta, al igual que su difunto esposo Néstor Kirchner, olvidó el tema durante años y parece retomarlo ahora con cierto aire de oportunismo por la recordación de un aniversario impactante.
La sociedad no quiere más acciones espasmódicas ni demagogia, por lo que es necesaria una política de Estado permanente. Malvinas nunca más debe ser fruto de una aventura militar, ni de oscilantes tentativas diplomáticas, que incluyeron desde el intento de seducir a los isleños regalándoles ositos Winnie Pooh, durante la gestión de Guido Di Tella en la década menemista, o las actuales de un envalentonado discurso, que incluye la restricción económica o comercial.
La aplicación de una política permanente deberá sortear, claro está, la tradicional negativa inglesa de sentarse a negociar una salida pacífica al conflicto, pese a que existe un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formulado en 1965 y repetido anualmente en el Comité de Descolonización de ese organismo.
La cuestión es más difícil de abordar ahora que aparecieron inconmensurables recursos naturales, como el petróleo –además de los ya conocidos en materia ictícola– y cuando el mundo revaloriza los reservorios de agua potable, como los ubicados en la Antártida, a unos centenares de kilómetros del archipiélago austral.
El mandato de trabajar por Malvinas es definido en la primera disposición transitoria de la Constitución nacional de 1994, que la actual Presidenta ayudó a sancionar como diputada constituyente. El artículo ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional".
Su recuperación debe efectuarse conforme a "los principios del Derecho Internacional", tarea que es "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", ordena.
Por ello, es imperioso en este día –en que se conmemora el 30° aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas– reafirmar el concepto de soberanía y plantear la necesidad de una política permanente para conseguir ese objetivo por el que la Argentina lucha desde el 3 de enero de 1833, cuando fue despojada de esas tierras.
La definición de esa estrategia debe ser asumida como una política de Estado y no al estilo de una aventura bélica, como sucedió en 1982, ni tampoco partidaria, como parece traslucirse en el fondo de las recientes acciones del gobierno de Cristina Fernández. La Presidenta, al igual que su difunto esposo Néstor Kirchner, olvidó el tema durante años y parece retomarlo ahora con cierto aire de oportunismo por la recordación de un aniversario impactante.
La sociedad no quiere más acciones espasmódicas ni demagogia, por lo que es necesaria una política de Estado permanente. Malvinas nunca más debe ser fruto de una aventura militar, ni de oscilantes tentativas diplomáticas, que incluyeron desde el intento de seducir a los isleños regalándoles ositos Winnie Pooh, durante la gestión de Guido Di Tella en la década menemista, o las actuales de un envalentonado discurso, que incluye la restricción económica o comercial.
La aplicación de una política permanente deberá sortear, claro está, la tradicional negativa inglesa de sentarse a negociar una salida pacífica al conflicto, pese a que existe un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formulado en 1965 y repetido anualmente en el Comité de Descolonización de ese organismo.
La cuestión es más difícil de abordar ahora que aparecieron inconmensurables recursos naturales, como el petróleo –además de los ya conocidos en materia ictícola– y cuando el mundo revaloriza los reservorios de agua potable, como los ubicados en la Antártida, a unos centenares de kilómetros del archipiélago austral.
El mandato de trabajar por Malvinas es definido en la primera disposición transitoria de la Constitución nacional de 1994, que la actual Presidenta ayudó a sancionar como diputada constituyente. El artículo ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional".
Su recuperación debe efectuarse conforme a "los principios del Derecho Internacional", tarea que es "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", ordena.