Una increíble doctrina nacional
La "doctrina Garré-Tomada", funcional al autoritarismo del Gobierno, cohonesta las destrucciones, entre ellas la de la libertad de prensa, que activistas perpetran en conflictos inexistentes.
Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación, no agravió sólo al Poder Judicial cuando decidió desacatar la orden de que la fuerza pública bajo su mando despejase al medio centenar de activistas que el domingo 27 de marzo último bloquearon las ediciones de los diarios Clarín y La Nación . Agravió también a los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, porque desairó su invitación para que explicase las razones de su decisión.
Pero ha sido más grave desafiar el sentido común. La ministra de Seguridad y el de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, al parecer, no pueden distinguir entre el ejercicio del derecho constitucional de huelga y el derecho irracional al empleo de la fuerza en defensa de intereses sindicales y de los otros. Desatino en el que reincidió el titular de la cartera laboral, que aplicó una nueva vuelta de tuerca a esta increíble "doctrina nacional Garré-Tomada", según la cual la fuerza pública no puede ni debe intervenir cuando sindicalistas destruyen la propiedad, aunque destruyan, de paso, derechos consagrados, como los de libertad de prensa y a la información.
Quienes bloquean las plantas de impresión de medios periodísticos y de empresas distribuidoras, como sucedió el domingo último en Córdoba con un centro de reparto de medios nacionales, en forma simultánea con la de la sede integral de La Voz del Interior SA, saben perfectamente que la producción de una edición queda virtualmente destruida, porque no es puesta a disposición, en tiempo y forma, de los lectores.
Traspolemos esa situación a la industria y supongamos que trabajadores mecánicos, en conflicto con la patronal, irrumpen en las playas donde se guardan las flamantes unidades que serán distribuidas a sus concesionarios y les producen deterioros que los tornan inutilizables. Según la "doctrina Garré-Tomada", esa devastación no amerita la intervención de la fuerza pública, porque las destrucciones han sido perpetradas en el marco de un conflicto, que, a su entender, goza de extraterritorialidad de las leyes.
Más grave aún es el caso de las ediciones de La Voz del Interior y de Día a Día , cuyo bloqueo no puede argumentarse como parte de un conflicto gremial, ya que éste no es tal en la práctica, no existe denuncia alguna ante la cartera laboral ni tampoco declaración expresa del gremio de canillitas en ese sentido. Ha sido –como planteó este diario– una reacción "desmesurada" y "anticonstitucional" de un grupo de canillitas.
El reclamo a la libre circulación de los diarios, ajustado a los derechos de ejercer una industria lícita, de publicar las ideas sin censura previa y de informar, no debe interpretarse como un intento de "victimizarse" ante el petitorio formulado por medio centenar de vendedores de diarios que, aunque entendible en su derecho de peticionar, no puede extralimitarse, salvo que incluya una clara intención de sesgo político.