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Transas electorales e ingresos reales

El acuerdo salarial firmado por Moyano tiene la intención de fijar un tope a las negociaciones de numerosos gremios, con el acompañamiento del Gobierno, cuyo respaldo real aún no fue develado.

Con llamativa anticipación, el secretario general de la CGT nacional y de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, suscribió un acuerdo de reajuste salarial con la parte empresarial, que contó con la bendición de la presidenta Cristina Fernández.

El convenio vigente caducaba recién a fines de junio próximo, por cuya razón diversos sindicatos interpretan que la decisión del líder cegetista implica una especie de tope en los incrementos para las negociaciones que se desarrollan en las paritarias. El aumento acordado para camioneros será otorgado en tres tramos: 12 por ciento desde julio, seis por ciento en noviembre e igual porcentaje desde marzo de 2012, según explicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con más un plus vacacional diario de 69 pesos, remunerativo, durante el período anual de descanso.

Moyano seguramente no desconoce que lo que acordó con las empresas del sector –o con el Gobierno– puede suponer una pérdida de ingreso real para sus afiliados. El incremento bendecido no cubre el crecimiento inflacionario que se estima para los próximos 12 meses, más próximo al 30 por ciento, al menos si no se plantea –como todo indica hasta ahora– una corrección de la política económica.

Sólo es entendible ese rápido acuerdo enmarcado en un anuncio casi simultáneo, como es la revisión del alza del mínimo no imponible que se aplica sobre los salarios, bajo la denominación de Impuesto a las Ganancias; eufemismo que encubre su real sentido: un gravamen al trabajo.

Se trata de un impuesto que también recae sobre lo que perciben los jubilados y pensionados, cuyas remuneraciones superan el mínimo no imponible actual. Mínimo que se sobrepasa muy fácilmente gracias a la inflación real, que duplica, y aun más, los niveles imaginarios con que todos los meses el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, flagela a los sectores de ingresos fijos.

No está mal que el Gobierno nacional busque contener las demandas sectoriales para no agregar otro elemento que acelere la inflación. Pero no todos los gremios y la cámaras empresariales tienen las posibilidades de Moyano y de algunas de las empresas involucradas en el convenio en cuestión, anunciado de manera pomposa en la Casa Rosada.

El acuerdo parece ser más bien una señal para los reclamos de los restantes gremios y seguramente esconde algunos otros puntos no develados en el apretón de manos que se dieron la Presidenta y Moyano.

Para ello, basta una primera muestra: el gremialista aplaudió de inmediato la candidatura del ministro de Economía, Amado Boudou, a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Habrá también millonarios aportes a las obras sociales no caracterizadas, precisamente, por un manejo transparente de sus fondos?