Tragedia de Once: Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el pedido de prisión domiciliaria presentado por Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once. De esta manera, el exministro de Planificación Federal continuará alojado en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, quienes desestimaron el planteo de la defensa basado en la edad del exfuncionario —76 años— y en supuestos problemas de salud.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían solicitado el beneficio al sostener que De Vido padece enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas, y que el Servicio Penitenciario no garantizaba una atención médica adecuada ni una dieta acorde a su cuadro clínico.

Sin embargo, los camaristas recordaron que superar los 70 años no habilita automáticamente la prisión domiciliaria y que, para concederla, debe acreditarse que la detención implica un riesgo cierto para la vida o la salud del condenado.

En ese sentido, el fallo destacó que los informes del Cuerpo Médico Forense y del Servicio Penitenciario Federal indicaron que De Vido se encontraba clínicamente compensado en su última evaluación, realizada en diciembre de 2025. Además, señalaron que los controles y tratamientos recomendados pueden cumplirse dentro del establecimiento penitenciario.

Casación también remarcó que el penal de Ezeiza cuenta con atención médica permanente y cercanía con el Hospital Penitenciario Central, lo que permite derivaciones inmediatas ante eventuales emergencias. En contraposición, la vivienda propuesta para cumplir la domiciliaria se encuentra en Zárate, a varios kilómetros del centro de salud más cercano.

De Vido fue condenado por no haber controlado el destino de los subsidios estatales otorgados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), fondos que debían destinarse al mantenimiento del servicio ferroviario. Según determinó la Justicia, ese desvío contribuyó a las condiciones que derivaron en el accidente del 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y cientos resultaron heridas.

El exministro permanece detenido desde noviembre de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena. Se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py y desde entonces cumple su pena en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal.