"Suspender el traspaso del subte es desconocer la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires"
El ministerio de Planificación Federal informó que la misiva de Mauricio Macri será rechazada dado que el convenio suscripto el 3 de enero tiene plena vigencia.
El ministerio de Planificación Federal, en respuesta a la nota presentada anoche por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reiteró en todos sus términos el comunicado emitido ayer, e informó que la misiva de Mauricio Macri será rechazada de plano en las próximas horas dado que el convenio suscripto el 3 de enero tiene plena vigencia.
El texto del comunicado es el siguiente:
En virtud de la decisión unilateral que informó en el día de ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de suspender el traspaso de la administración de la red de subtes y premetro, el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios considera que tal decisión desconoce la propia Constitución de la Ciudad y va en contra de normas sancionadas por su legislatura.
En tal sentido, el convenio firmado el 4 de enero de 2012 es la última instancia de un proceso que empezó con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en 1994 y continuó con la propia Constitución de la Ciudad, que en su artículo 80 otorgó a la legislatura la atribución de regular el transporte en el ámbito de la Ciudad. La Constitución de la Ciudad también establece en su artículo 138 la creación del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos, para el resguardo de los servicios públicos.
Tan evidente es su responsabilidad, que en la renegociación del contrato que se llevó adelante en 1997 la Ciudad participó activamente y suscribió su aprobación en 1999 a través del decreto
393, que luego fue ratificado por la legislatura a través de la ley 373 de 2000.
En esa ley se dispuso la transferencia del control, la fiscalización y la ejecución del contrato de operación de esos servicios al ámbito de la Ciudad, en tanto el servicio público de transporte de pasajero de subterráneo y premetro opera exclusivamente en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En sus fundamentos, la ley destaca que la Ciudad "realizó una audiencia pública referida al traspaso de la concesión (...) que contó con una importante concurrencia de vecinos, los cuales se expresaron a favor de la iniciativa, como un punto más de reafirmar no sólo con la palabra sino con hechos concretos la autonomía de la ciudad". Asimismo, refieren que "sin dudas el traspaso del control reafirma la autonomía de la Ciudad en un servicio que se realiza en su ámbito, autonomía por la cual esta Legislatura tanto ha luchado y defendido".
Por otra parte, es bueno recordar que la ciudad de Buenos Aires formó parte en todos los contratos que se firmaron por la concesión del subte y participó activamente de cada renegociación.
Queda claro que desde su nacimiento institucional, la Ciudad de Buenos Aires siempre bregó y reclamó el traspaso del subte.
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que el acta firmada el 3 de enero entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo da operatividad a lo dispuesto por las normas mencionadas y por lo tanto se necesita otra ley y no la voluntad unilateral de Macri para detener este proceso.
Es necesario actuar con responsabilidad, ver toda la película y tomar todos los antecedentes, antes de opinar livianamente y sin fundamento, aduciendo que la Ciudad tenía 90 días para aceptar o rechazar el traspaso. Eso no está escrito en ningún lado y va en contra de lo manifestado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está representada la voluntad de los ciudadanos de la Capital Federal".
El texto del comunicado es el siguiente:
En virtud de la decisión unilateral que informó en el día de ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de suspender el traspaso de la administración de la red de subtes y premetro, el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios considera que tal decisión desconoce la propia Constitución de la Ciudad y va en contra de normas sancionadas por su legislatura.
En tal sentido, el convenio firmado el 4 de enero de 2012 es la última instancia de un proceso que empezó con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en 1994 y continuó con la propia Constitución de la Ciudad, que en su artículo 80 otorgó a la legislatura la atribución de regular el transporte en el ámbito de la Ciudad. La Constitución de la Ciudad también establece en su artículo 138 la creación del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos, para el resguardo de los servicios públicos.
Tan evidente es su responsabilidad, que en la renegociación del contrato que se llevó adelante en 1997 la Ciudad participó activamente y suscribió su aprobación en 1999 a través del decreto
393, que luego fue ratificado por la legislatura a través de la ley 373 de 2000.
En esa ley se dispuso la transferencia del control, la fiscalización y la ejecución del contrato de operación de esos servicios al ámbito de la Ciudad, en tanto el servicio público de transporte de pasajero de subterráneo y premetro opera exclusivamente en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En sus fundamentos, la ley destaca que la Ciudad "realizó una audiencia pública referida al traspaso de la concesión (...) que contó con una importante concurrencia de vecinos, los cuales se expresaron a favor de la iniciativa, como un punto más de reafirmar no sólo con la palabra sino con hechos concretos la autonomía de la ciudad". Asimismo, refieren que "sin dudas el traspaso del control reafirma la autonomía de la Ciudad en un servicio que se realiza en su ámbito, autonomía por la cual esta Legislatura tanto ha luchado y defendido".
Por otra parte, es bueno recordar que la ciudad de Buenos Aires formó parte en todos los contratos que se firmaron por la concesión del subte y participó activamente de cada renegociación.
Queda claro que desde su nacimiento institucional, la Ciudad de Buenos Aires siempre bregó y reclamó el traspaso del subte.
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que el acta firmada el 3 de enero entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo da operatividad a lo dispuesto por las normas mencionadas y por lo tanto se necesita otra ley y no la voluntad unilateral de Macri para detener este proceso.
Es necesario actuar con responsabilidad, ver toda la película y tomar todos los antecedentes, antes de opinar livianamente y sin fundamento, aduciendo que la Ciudad tenía 90 días para aceptar o rechazar el traspaso. Eso no está escrito en ningún lado y va en contra de lo manifestado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está representada la voluntad de los ciudadanos de la Capital Federal".