Subsidios indebidos en la campaña
El año electoral recién comienza y ya se advierte una abierta pelea por el reparto de subsidios y planes sociales en los distintos niveles de Gobierno, lo que constituye un agravio a la democracia.
Es un ritual que se repite de elección en elección y, pese a la vigencia de nuevas normas y reglamentaciones, la cantinela es siempre la misma. Como ha ocurrido en todos los tiempos, el Estado nacional y los gobiernos provinciales –que son los que manejan mayores recursos–, junto a los ejecutivos municipales, están sentados en el banquillo de los acusados.
Tal vez la diferencia resida ahora en que el Estado nacional dispone de recursos y fondos inconmensurablemente mayores y, además, ha montado un aparato político-electoral de dimensiones pocas veces vista, lo que revela la clara intención de permanecer en el poder de modo indefinido, cualesquiera sean los candidatos a todos los cargos en disputa, desde la Presidencia de la República para abajo.
Antes de la reciente elección en Catamarca, los jefes de los bloques de diputados y senadores nacionales de la Unión Cívica Radical hicieron una presentación conjunta ante la Nación, en la que denunciaron que el Gobierno había manejado "en forma descarada" fondos públicos para favorecer a la candidata oficialista, Lucía Corpacci, quien resultó finalmente ganadora y desplazó al radicalismo del poder. Solicitaron, asimismo, que el jefe de Gabinete concurriera al Congreso para dar explicaciones sobre el caso, cosa que el funcionario no hizo.
En Córdoba, el núcleo político que lidera Olga Riutort denunció que existe "una evidente política clientelar" por parte del Gobierno provincial para favorecer a sus candidatos en la elección interna del peronismo convocada para el próximo domingo 27 de marzo. O sea que la pelea por los subsidios se da no sólo a nivel nacional, provincial y municipal, sino también en las propias internas de los partidos.
A esto hay que agregar otro elemento, que se suma a los ya señalados: la presión y el apriete de los grandes sindicatos, que con plata en mano, subsidios y planes sociales (viviendas, por caso) pretenden orientar el voto de la ciudadanía.
Sobre este punto, hay que ser muy claros: una democracia golpeada por esos vicios y deformaciones es demasiado vidriosa y muy poco consistente. Y, lo que es más grave, se pone en duda no sólo la transparencia institucional sino también la legitimidad del sufragio universal.
Si la ciudadanía está sometida a semejantes presiones, la democracia y las instituciones republicanas pierden fuerza, vigor, claridad y poder de convencimiento. De ahí que, pese a los magros resultados obtenidos hasta el presente, la lucha cívica por una mayor calidad y transparencia institucional debe continuar, desterrando la práctica clientelar del sufragio universal.