Sin acceso a la información pública
La Presidente impulsa el rápido despacho de la ley sobre Papel Prensa y demora una norma esencial para la democracia.
Podrían mencionarse varias ausencias significativas en el paquete de leyes cuyo tratamiento legislativo impulsa y apura sin tregua el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del Congreso desde la semana pasada, que incluye el proyecto sobre Papel Prensa, ya con media sanción, que intentará cercenar la libertad de expresión.
Como contracara de esa norma que afectará a la prensa libre, al Poder Ejecutivo no le importa que termine el año legislativo sin que la Cámara de Diputados haya tratado el proyecto sobre el derecho de acceso a la información pública, que cuenta con media sanción del Senado desde octubre del año pasado y perdería el estado parlamentario.
No es ninguna casualidad. Un gobierno que, según los casos, retacea, niega o falsea la información y que persigue a los medios de prensa independientes mientras continúa conformando un pool de medios estatales o paraestatales no ha de tener ningún interés en que se sancione una norma que plasmaría un derecho que está garantizado por la Constitución y por diversas declaraciones y tratados de derechos humanos. Al contrario.
Ya suman prácticamente cien los países del mundo que cuentan con una ley que la Argentina se niega a sí misma desde hace diez años. Se trata de una norma, que ya existe en varias provincias y municipios, que establece las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a acceder a la información pública de los tres poderes del Estado.
En 2004, un proyecto de ley que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados fue modificado hasta resultar desvirtuado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Las modificaciones las impulsó la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Tras su envío a la cámara de origen, la iniciativa, como recordamos en esta columna hace un año, cayó en el olvido y no pudo rescatarse ni la esencia de lo que originalmente se había apoyado.
Ese largo, trabajoso y frustrante proceso había comenzado antes, en 2001, cuando numerosas organizaciones de la sociedad civil impulsaron un proyecto, que perdió estado parlamentario en 2005. El segundo proyecto es el que cuenta con media sanción del Senado. La importancia de contar con esta ley la resumieron aquellas organizaciones en una frase: "Negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia".
La norma, además de asegurar este derecho que es una línea de base de cualquier democracia moderna, crea la oportunidad de ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la educación como estándar básico de calidad de vida, permite monitorear la transparencia de la gestión pública y fomenta la participación ciudadana para reducir la discrecionalidad de los funcionarios.
Los datos públicos que obran en los tres poderes no pertenecen a ningún gobierno. Es información a la cual la ciudadanía debe tener acceso para participar en los asuntos públicos.
Su ocultamiento, en cambio, además de cercenar un derecho constitucional, permite evadir los controles y la rendición de cuentas, alienta la confección de datos oficiales falsos -como los índices de inflación del Indec- y consolida una cultura del secreto más propia de un régimen dictatorial que de uno democrático.