Seguros, volviendo al pasado
Como es habitual en buena parte de las medidas económicas del gobierno nacional, en forma intempestiva -mediante una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación- acaba de desarticular el sistema de seguros vigente y en funcionamiento dentro del país.
El sistema de seguros consiste, simplificando, en la transferencia de un riesgo individual a una empresa que agrupa una cantidad suficiente de asegurados lo cual, cálculo actuarial mediante, permite que con las primas que paga cada uno de ellos se puedan pagar los siniestros que se producen.
El cálculo de probabilidades de ocurrencia de un siniestro es la base sobre la que se asienta la posibilidad de asegurarlo y determinar su costo. A su vez, para diluir el riesgo, las empresas aseguradoras contratan seguros en empresas más grandes; estos son los llamados reaseguros.
Incluso estas empresas reaseguradoras pueden transferir parte de los riesgos a empresas aún más grandes siempre con el propósito de que las empresas tengan solvencia a la hora de responder. El sistema, o industria del seguro, es una pirámide con una base muy amplia de millones personas y miles de empresas aseguradas, que se va estrechando hacia arriba, hasta terminar en un grupo pequeño de muy grandes empresas internacionales.
Resulta de interés recordar que en esta actividad conviven empresas de distinto tamaño y especialmente de diferente naturaleza jurídica. Son importantes las cooperativas, que comparten el mercado con mutuales y sociedades por acciones.
Dadas las características del sistema, la mayor parte de los reaseguros se colocan en empresas extranjeras ya que son muy pocas las nacionales con capacidad económica para eso.
Sólo el 10% de los reaseguros se hace en empresas nacionales y el 90% en extranjeras. Esto implica una transferencia al exterior de poco más de mil millones de dólares. Pero como esas reaseguradoras tienen que pagar los siniestros, se estima que el saldo neto al exterior es de cien millones de transferencia.
Pues bien ¿en qué consiste lo dispuesto por la Superintendencia? Nada menos que en prohibir los reaseguros en empresas extranjeras, salvo que establezcan sucursales con un capital mínimo de cinco millones de dólares. En realidad se trata de una inmovilización de capital, dado que con ese monto no se puede reasegurar nada.
Como siempre, ante una disposición que parece de cumplimiento imposible, (hay riesgos que no cubre ninguna empresa local), se deja abierta la puerta a la discrecionalidad de los funcionarios. La superintendencia "podrá autorizar" el reaseguro en el exterior cuando se compruebe que nadie lo puede hacer aquí.
Como hemos analizado en casos similares, estamos ante una mera "barrera de peaje".
La prohibición entrará en vigencia dentro de seis meses. Como en otros casos las razones esgrimidas son endebles, tales como fortalecer las empresas locales o mejorar los controles sobre lavado de dinero. En realidad los trascendidos apuntan a razones más prosaicas, esto es recrear el antiguo sistema del monopolio estatal del reaseguro, que estuvo vigente por cuatro décadas hasta su eliminación en 1992.
Se trataba del denominado Instituto Nacional del Reaseguro (Inder), de triste memoria para quienes conocen el tema, tanto por el grado corrupción desplegada en su entorno, como por los más dos mil millones de deudas impagas y miles de juicios en los tribunales. Pero claro está que dada la "caja-manía" reiteradamente mostrada por el Gobierno nacional, recrear este instituto es una tentación casi irresistible.
Lo grave serán las consecuencias, porque están desarmando una estructura que funciona razonablemente bien, que ha incorporado tecnología y conocimiento a través de la vinculación con las grandes aseguradoras y que debe actualizarse constantemente dada la enorme complejidad de esa actividad. Los costos de este retroceso serán pagados por las personas y empresas prisioneras del estatismo arbitrario y retrógrado.