Seguridad, con autoridad política
* Francisco De Narváez. La lucha contra el delito y el crimen organizado es un pilar de la institucionalidad y una responsabilidad indelegable que, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, recae en el Gobernador. Actualmente, esa función clave ha quedado diluida.
El modo de funcionamiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires es un verdadero laberinto para el ciudadano, que se pierde entre competencias y organigramas que le son ajenos.
Estas confusiones se favorecen deliberadamente con el mezquino objetivo de escamotear responsabilidades.
Los bonaerenses deben saber que, sin lugar a interpretaciones, la seguridad -y la inseguridad- es responsabilidad única y excluyente de las autoridades provinciales.
El Gobernador está en el punto más alto de la "cadena de mando": es él quién da las órdenes; él delega responsabilidades al ministro de Seguridad y al jefe de la Policía. Por eso la responsabilidad al inicio y al final del proceso es política.
¿Por qué señalo esto? Por algo más importante que cualquier medida instrumental que podamos debatir. Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deben saber mi punto central en relación a los Programas de Seguridad propuesto por las autoridades provinciales: el Gobernador ha diluido su autoridad y su responsabilidad indelegable sobre la Seguridad. No hablo de las experiencias fallidas de un jefe civil de la Policía, que no comparto, digo que no se ejerce el gobierno de la seguridad de la Provincia.
La lucha contra el crimen organizado en la Provincia es una responsabilidad que no se puede resignar.
El crimen organizado es una maquinaria que, a su vez, mueve el delito común . El delincuente que nos roba el auto entrando en nuestras casas no puede comercializar lo robado sin la existencia de una red de complicidades y estructuras delictivas complejas. Esta pelea constituye un pilar fundamental de la justicia social, la institucionalidad y de la estructuración del poder.
La participación de los ciudadanos y las instancias políticas comunales son bienvenidas si favorecen y mejoran el accionar policial. La mirada cercana del hombre que conoce su barrio es imprescindible para reforzar la seguridad. Sin embargo, ese aporte no puede suplir la responsabilidad del combate al delito que tiene la Policía de la Provincia.
Queremos ciudadanos solidarios y comprometidos. Pero no queremos que nadie asuma roles profesionales que debe garantizar el Estado.
No vivimos en el Far West.
Los índices de inseguridad miden no sólo los niveles de violencia en la provincia; también computan la eficiencia de la gestión y la aptitud del gobernante.
Desde esta visión nuestro equipo técnico trabajó sobre mi instrucción de un Plan focalizado en combatir el delito y el crimen organizado , porque es la delincuencia organizada la que debe ser erradicada de raíz. Es una tarea que requiere coraje y decisión política, es hacerse cargo de la cadena de mando y de conducir la Policía de manera vertical con profesionales aptos y honestos; con los mejores.
La sofisticación alcanzada por el delito requiere de tareas complejas como la investigación, la inteligencia y el ajuste de las instituciones de Seguridad y Judicial a los nuevos tiempos. La tecnología hoy nos da la posibilidad de ir a enfrentar esas organizaciones antes que se cometan los delitos; por ahora nos hemos quedado en la fase de encontrarnos en una imagen con el delincuente actuando, en el mejor de los casos; o cuando ya ha delinquido la mayoría de las veces. Estas son acciones que no pueden ser asumidas de forma descentralizada ni voluntariosa.
Contra el eslogan facilista que plantea que la Seguridad es una responsabilidad de todos, yo sostengo que la seguridad es responsabilidad del que gobierna y estoy dispuesto a asumirlo de ese modo.
Las policías comunales de prevención y la participación de los intendentes constituyen un aporte decisivo en la sociedad moderna para la educación, estados de disuasión y para despertar conciencia ciudadana. Ellos pueden aportar elementos para que el gobierno provincial intervenga sobre el plano situacional de la prevención del delito. Ellos frecuentan cada calle oscura que debe ser iluminada y cada zona peligrosa que debe ser monitoreada.
Son ellos quienes conocen los sectores empobrecidos sobre los cuales la Estado provincial debe implementar una batería de medidas de prevención social. Pero creemos que ese Estado debe volver a involucrarse, que el Gobernador debe volver a asumir la responsabilidad sobre la seguridad de nuestro territorio.
Por eso trabajamos en la proyección de una estructura con 18 departamentales que coincidan con los departamentos judiciales, con el fin de coordinar la tarea contra el delito de ambas instituciones.
Esta centralización permitirá el fortalecimiento de la responsabilidad del gobierno provincia l en la materia.
Desde el inicio de la década, asumimos que una descentralización sin organización vertical corregiría cierta "autonomía" policial del poder político. Esta falacia fue recitada sin reparar que en el vértice de ese comando está el hombre que tiene un poder para gobernar derivado del voto de los ciudadanos. No pienso resignar esta responsabilidad.