Segunda jornada de juicio contra Garzón
El juez español regresó hoy al Tribunal Supremo donde se celebra la segunda sesión del juicio en su contra por un presunto delito de prevaricato en una investigación de corrupción.
El juicio se reanudó con la declaración del abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, autor de la querella contra el magistrado, quien se enfrenta a 17 años de inhabilitación.
En total, el máximo tribunal tomará declaración a seis testigos, entre ellos, un policía que grabó las escuchas telefónicas que ordenó el juez y por lo que está siendo juzgado, tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y un empleado del juzgado de Garzón.
Garzón está acusado de prevaricato, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta y de violar las garantías constitucionales por ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero "Gürtel", ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus abogados.
Garzón aseguró en la primera sesión del juicio que "los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero", y que su intención, al ordenar las escuchas, era "evitar la continuación de la acción delictiva".
"Se intervinieron las comunicaciones para evitar las mecánicas de apoderación, evasión y recuperación del dinero por la red", remarcó.
Además, el juez insistió en que "en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos en sus comunicaciones con otras personas".
Las escuchas permitieron la posterior imputación de tres abogados que "formaban parte del núcleo de la organización criminal".
Este es el primero de los tres juicios que deberá afrontar el magistrado, suspendido de sus funciones en mayo 2010, después de haber perseguido al fallecido ex dictador Augusto Pinochet, a la ETA y a empresarios y políticos corruptos, así como haber sido el primer juez en investigar los crímenes de la dictadura franquista.
La próxima semana, el 24 de enero, el juez deberá regresar al Tribunal Supremo para ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo.
El magistrado cuenta con una plataforma de apoyo, "Solidarios con Garzón", que denuncia una motivación política detrás de estos "juicios de la vergüenza".
Antes de ser suspendido en sus funciones, Garzón denunció que el PP del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, había orquestado una campaña de desprestigio y persecución en su contra.
Actores, intelectuales y políticos de izquierda apoyan al magistrado, que también cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo.