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Prisión preventiva para los sindicalistas camioneros que bloquearon una empresa en San Nicolás

Se trata de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espindola que cumplirán arresto domiciliario.


Este martes, el juez de San Nicolás Román Parodi dictó hoy al prisión preventiva de los dirigentes del gremio de los camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsionar a una firma distribuidora de alimnetos mediante el bloqueo de sus instalaciones. Parodi decidió que los dirigentes cumplan la detención en sus domicilios.

La prisión preventiva para los dos gremialistas había sido pedida por la fiscal María del Valle Viviani, quien documentó los aprietes que realizaron los gremialistas sobre la Distribuidora Rey, según dijeron fuentes judiciales a La Nación. El juez no dispuso ninguna caución.

Parodi es quien ocupó el lugar de su colega María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia por “estrés” luego de que la Comision Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, controlada por el kirchnerismo, le pidiera copia de la causa por una denuncia para deterinar si se habían realizado tareas de inteligencia ilegales. Esa medida, impulsada por el diputado Leopoldo Moreau, fue respaldada por Hugo Moyano, el jefe nacional de los camioneros. Además, la semana pasada, su hijo Pablo movilizó hasta San Nicolás a una tropa sindical para reclamar la liberación de Cabaleyro y Espíndola.

Los dirigentes camioneros están acusados de bloquear a una empresa alimenticia, extorsión y coacción.

La decisión de la fiscal Viviani y la jueza Maiztegui de detener a los responsables del bloqueo a la Distribuidora Rey SRL de la localidad de San Pedro por parte de una facción del Sindicato de Camioneros sienta un precedente: es la primera vez que se firma y se concreta una orden de detención por bloquear el ingreso y egreso de una empresa. Después de esa medida, fueron detenidos, en el marco de otra causa, cinco activistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por bloqueos sindicales realizados durante 2021 a la empresa Expreso del Oeste.

El texto redactado por la fiscal Viviani cuando pidió las detenciones, al que accedió La Nación  describe la maniobra y reconstruye, en base a la prueba descripta, cómo se sucedieron los hechos que dieron lugar a esa decisión judicial. El primer hecho por el que están imputados el titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos Maximiliano Cabaleyro y su compañero gremialista Fernando Espíndola ocurrió el 15 de febrero del año pasado, cuando ambos se presentaron, según el escrito judicial, “de forma intimidatoria, violenta y amenazante” en la entrada de la empresa. “Se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial y a que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a sus dueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”, escribió Viviani.

Una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato que representan, frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueó duró desde el 22 al 26 de febrero.

Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió “rapidísimo” en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito.

El gremio alega que la empresa adeudaba dinero al Sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de trabajo bonaerense.

Cabaleyro y Espíndola recibieron en nombre del sindicato plata en dos cuotas. La primera entrega, de $203.838 se hizo en efectivo en una caja de galletitas chocolinas, y un cheque por la suma de $102.999. El restante se pagó en dos cheques por $355.583 cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente hay un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.

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