Presupuesto 2027: el Gobierno acordó cambios con sus aliados y busca llevarlo al recinto el 25 de noviembre

Sin embargo, las negociaciones también estuvieron atravesadas por las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno pretende tratar la próxima semana.

La reunión se realizó en las oficinas de la Presidencia de Diputados y estuvo encabezada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto con Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. Martín Menem participó de las conversaciones por teléfono, ya que se encontraba en Corrientes junto a Karina Milei.

Desde allí, el titular de la Cámara baja le confirmó al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que el oficialismo aceptaba varias de las propuestas presentadas por su espacio.

Los cambios acordados para el Presupuesto 2027

Entre los principales reclamos de los bloques aliados figuraban los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, los beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista, el financiamiento universitario y las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Desde el PRO confirmaron que el Gobierno aceptó incorporar modificaciones vinculadas con los recursos que reclama la administración porteña de Jorge Macri y con la continuidad de los regímenes de promoción industrial.

En ese marco, el bloque anunció la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686. La medida permitirá que las empresas fabricantes de autopartes puedan acceder a beneficios hasta 2032, entre ellos la devolución más rápida del IVA, la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y retenciones del 0% para sus exportaciones.

Por su parte, el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó mayores partidas para Ciencia y Técnica, las universidades nacionales y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Las diferencias por la Ley de Soberanía Nacional

Aunque el encuentro había sido convocado para discutir el Presupuesto, una parte importante de las negociaciones se concentró en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría y fue incorporada al temario de la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los bloques dialoguistas plantearon objeciones y reclamaron cambios antes de acompañar el texto. La diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, pidió eliminar por completo el capítulo séptimo, titulado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal.

“Es un capítulo que penaliza la expresión”, advirtió la legisladora. Desde La Libertad Avanza propusieron introducir modificaciones, pero rechazaron eliminar todo ese apartado.

Los cambios relacionados con la legislación electoral requieren una mayoría absoluta en Diputados, equivalente a 129 votos afirmativos.

Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de la figura de “campaña de injerencia extranjera”, que reemplaza la denominación original vinculada con las “campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La nueva redacción contempla acciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten su vínculo con un agente extranjero. También exige que exista conocimiento de esa relación y excluye expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.

A pesar de los cambios, el proyecto mantiene una pena general de entre cinco y 12 años de prisión. Entre las objeciones de los bloques opositores figuran la precisión de la figura penal, su posible impacto sobre la libertad de expresión y las dificultades para demostrar la intención de los involucrados y su relación con agentes extranjeros.

La iniciativa también establece sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para determinadas actividades.

Además, las personas y empresas sancionadas podrían quedar impedidas de realizar ciertas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales. El texto también incorpora cambios en la estructura de seguridad nacional y en la legislación de inteligencia.

Discapacidad, otro punto clave de la negociación

El financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad también condiciona el respaldo de los bloques aliados al Presupuesto 2027.

Diputados del MID y del PRO advirtieron a Bornoroni que no acompañarán el proyecto si no contempla los recursos necesarios para sostener el sistema de prestaciones.

El reclamo está relacionado con la nueva Ley de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados y consiguió dictamen en el Senado. La iniciativa establece un esquema permanente de financiamiento, incorpora mecanismos de control y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia por un régimen estable de prestaciones y financiamiento.

Entre sus principales disposiciones, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite cobrarla junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. También garantiza la continuidad de Incluir Salud y contempla las partidas presupuestarias necesarias para sostener el programa.

En medio de las negociaciones, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que la Cámara alta está en condiciones de avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó.

Con el cronograma acordado, el oficialismo intentará resolver primero las diferencias sobre la Ley de Soberanía Nacional y la reforma del Banco Central, previstas para el 18 de noviembre. Una semana después buscará llevar el Presupuesto 2027 al recinto de Diputados, aunque su aprobación dependerá de que consiga los apoyos necesarios para sostener el acuerdo con los bloques dialoguistas.