Pornovenganza: entre la lucha por violencia de género y el vacío legal
Por Belén Satulovsky. El "moderno" mecanismo de violencia de género es uno de los principales causantes de suicidios.
Según los últimos datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), las denuncias por difusión de material íntimo se incrementaron un 20% entre 2016 y 2018, mientras que las de sextorsión subieron un 35%.
La principal diferencia entre una y otra es que en la sextorsión, el chantajista pide dinero para no materializar la amenaza mientras que, la pornovenganza es la denominación errónea que le dan los medios a la "difusión no consentida de imágenes sexuales íntimas" (DNCMI), donde ese material es utilizado como objeto de extorsión y amenazas, alegando que si la mujer no hace lo que él pide, publicará las imágenes.
Las denuncias por pornovenganza y sextorsión crecen cada vez más. En los últimos dos años las estadísticas recopiladas dan cuenta que hubieron más de 800 denuncias por pornovenganza y alrededor de 4.000 por sextorsión.
Sin embargo, a pesar de los números, esta forma "moderna" de violencia de género es una de las más difíciles de combatir tanto por la violencia machista y patriarcal aún existente y, por otro lado, por el gran vació legal que giran en torno a estas denuncias.
Si partimos del punto de vista machista, cabe destacar que el término "pornovenganza" está mal utilizado ya que la idea de "venganza" se asocia con que la mujer hizo algo malo, por lo que estaría "sufriendo las consecuencias".
Desde el punto de vista legal, si bien hubo mejoras relativas en el sistema judicial, todavía no es considerado un delito.
Los casos de "pornovenganza" y sextorsión generalmente se dan dentro de un vínculo sexoafectivo previo a la difusión. "Cuando se extorsiona se le pide a la víctima que entregue dinero, nuevo material, que retire la denuncia por violencia de género o muchas veces que se acueste con el extorsionador", comentó Florencia Zerdá, abogada contra Violencia Digital de la Red de Abogadxs Feministas.
"Podemos pensar que la DNCMI es también una forma de demostrar y reforzar la virilidad del varón frente a sus pares. Es importante destacar que no se trata de pornografía ya que no es un material hecho para el disfrute de terceros, sino que se hizo durante un contexto íntimo de privacidad y muchas veces ni siquiera es consentido. Hay muchos casos donde filman a mujeres siendo violadas, lo cual intensifica los efectos psicológicos sobre la víctima", asegura Florencia.
¿Cuál es la estigmatización que se le atribuye al cuerpo sexual de la mujer? ¿Cuáles son las consecuencias de esta difusión?
María Agustina Zamora, psicóloga especialista en Violencia Familiar de la Red de Psicólogxs Feministas asegura que los efectos que genera la "pornovenganza" en la víctima "son los mismos que en una violación sexual".
"Las consecuencias psicológicas, van desde síntomas como: miedo a salir a la calle, ansiedad extrema, trastornos de sueño, cambios en los estados de ánimo, angustia, depresión, flashbacks categorizados como TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático)", comentó Agustina y agregó, "la constante humillación y acoso que vive la víctima afecta a sus vínculos más cercanos como amigos, familia, pareja y en muchos casos genera que la persona recurra al suicidio como consecuencia de un sinfín de revictimizaciones y acciones inadecuadas por parte de las instituciones".
El gran dilema: el vacío legal y la denuncia contra la Justicia
Con el avance de la tecnología, los efectos de la divulgación de material íntimo no consentido puede durar años en la web, la difusión parecería no frenar, las imágenes siguen siendo compartidas a través de WhatsApp, Facebook, Instagram. El daño parece ser irreversible y lo es.
Desde lo legal, si bien se pueden hacer acciones civiles para que se den de baja las imágenes es muy difícil controlarlo y las mismas continúan apareciendo en otros servidores.
Con el vacío legal, los casos de "pornovenganza" no dejan de aumentar. Si bien, en 2018 se logró avanzar con la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires aún queda un largo camino hasta que desde la Justicia respondan y consideren el DNCMI como un delito.
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