Piden embargar los bienes de José López, su mujer y su suegra
La decisión de Rafecas se produjo este mediodía luego de que, en la mañana, el fiscal federal Federico Delgado solicitará el embargo preventivo de todos los bienes del detenido ex funcionario.
La medida ordenada por el magistrado alcanza también a la esposa del ex funcionario, Amalia Díaz; y a su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz, según informaron a Télam fuentes judiciales que explicaron que la disposición implicó enviar oficios a registros de la propiedad automotor e inmueble de distintos puntos del país.
La decisión de Rafecas se produjo este mediodía luego de que, en la mañana, el fiscal federal Federico Delgado solicitará el embargo preventivo de todos los bienes del detenido ex funcionario y actual diputado del Parlasur y su entorno familiar, como así también el congelamiento de sus cuentas bancarias.
En los tribunales federales de Comodoro Py, informaron a Télam que el magistrado a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito evaluaba la posibilidad de solicitar al Banco Central un informe sobre las cuentas de López y las de su esposa y su suegra.
Las mismas fuentes informaron que, si bien la investigación que lleva adelante Rafecas estaba circunscrita al período 2003-2008, el magistrado federal decidió ampliar el foco de la investigación y extenderla hasta la actualidad, luego de que lo encontraran ayer con bolsos llenos de dólares, euros y relojes.
Esta mañana, el fiscal Delgado había pedido que a López, su esposa y su suegra se les trabe un "embargo preventivo" sobre todos sus bienes y que se disponga "el congelamiento de todas las cuentas bancarias registradas a nombre de ellos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 518 del Código Procesal Penal y 23 del Código Penal".
"El Estado argentino no sólo está obligado internacionalmente a perseguir los delitos de corrupción, sino que también debe velar por recuperar los activos provenientes de esos ilícitos, según lo establecen la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales -OCDE", había fundamentado el fiscal en su requerimiento.