Persecución a consultoras: un absurdo que continúa

Nota extraía de La Nación

La decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el procesamiento del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por abuso de autoridad y el hecho de que el juez federal Claudio Bonadio cerrara la investigación para enviarlo a juicio oral deberían ser elementos suficientes para que el Gobierno desistiera de sus ilegales maniobras para silenciar a las consultoras que difunden índices de inflación diferentes de los medidos por el Indec como si, al hacerlo, la inflación no existiera.

A esas medidas se suma el reciente fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por Consumidores Libres para que se suprima su "ilegítima suspensión temporaria del registro de entidades de defensa del consumidor, decretada por la subsecretaría de defensa del área.

Sin embargo, desde la salida de Lucila Colombo de esa dependencia estatal, quien fue el principal brazo ejecutor de los atropellos de Moreno, no se ha tomado ninguna esperable decisión en línea con la profusa cantidad de fallos judiciales contrarios a las aberraciones que cometieron ambos ex funcionarios respecto de las entidades de defensa de los consumidores.

Tampoco fue repuesto en la página oficial de la subsecretaría el registro de asociaciones habilitadas a trabajar y a las que los consumidores pueden recurrir cuando sienten vulnerados sus derechos como usuarios de bienes y servicios. Esa nómina fue inexplicablemente borrada hace ya tres meses cuando comenzaban a circular sospechas sobre la legalidad de algunas de esas entidades y su falta de independencia respecto del Gobierno.

Es más, la propia Subsecretaría de Defensa del Consumidor parece condenada a desaparecer. Por decreto presidencial del 12 del mes pasado, se reorganizaron las funciones de la Subsecretaría de Comercio Interior, ahora a cargo de Ariel Alberto Langer. En ese nuevo contexto, las funciones que eran propias de la subsecretaría en cuestión quedaron absorbidas por el área de Langer. Esa pérdida de independencia es una muy mala señal respecto de la importancia que el Gobierno otorga a la problemática de los consumidores.

En tanto, sí se mantiene el consejo para evaluar el comportamiento ético de las asociaciones, que no ha sido otra cosa que un órgano de cuasi inquisición que le ha permitido a Moreno y sus acólitos avanzar despóticamente sobre las entidades que no se alinean con el discurso oficial.

Hasta ahora eran tres las consultoras suspendidas por el Gobierno por la simple razón de haber ejercido su labor en forma independiente: Consumidores Libres, de Héctor Polino, sancionada por publicar el índice real de inflación, a la que, como se dijo, la Justicia ordenó volver a incluir en el registro de entidades; la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), presidida por Fernando Blanco Muiño (se le objeta haber realizado una campaña en defensa de los consumidores mediante la publicación de avisos en los que se criticaba el cepo publicitario), y Adecua, dirigida por Sandra González, para "evitar la eventual reiteración en el tiempo de conductas en análisis (supuestamente haber actuado en connivencia con un grupo de entidades bancarias) hasta tanto se resuelva la causa penal".

Lo cierto es que la Justicia se ha pronunciado, ya sea aceptando recursos de queja de los damnificados o de las consultoras, como en el caso de las voluminosas multas impuestas por Moreno, desautorizándolo por completo. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que determinó que esas entidades no estaban realizando publicidad engañosa ni violando la ley de lealtad comercial. Por esa razón, el alto tribunal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por Moreno sin necesidad legal de tratarlos, y mantuvo firme el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al respecto, que dejó sin efecto las multas de hasta 500.000 pesos que el entonces secretario de Comercio Interior había ordenado contra siete consultoras: Ecolatina, Fiel, Bein & Asociados, Finsoport, Econviews, Buenos Aires City y OJF & Asociados. Moreno había recurrido a la Corte por dos causas específicas, contra Finsoport, del economista Jorge Todesca, y Rubinstein & Asociados.

Resta saber ahora qué ocurrirá en el plano penal, donde se acusó a algunos analistas de "fraude" por incitar a la especulación. Cabe recordar que la mayoría de los fiscales desestimó el pedido de Moreno, quien, por otra parte, ya no puede exigir más medidas porque no integra la parte querellante.

Es en ese contexto en el que se tornan cada vez más insostenibles las presiones del Gobierno a las consultoras que miden la inflación. Hace poco, en virtud del declamado aunque escasamente concretado espíritu dialoguista con que se presentan muchos funcionarios nacionales tras la derrota del oficialismo en las elecciones de octubre pasado, se dejó trascender desde el Ministerio de Economía que ya no se perseguiría a quienes miden la inflación.

Pues bien, nada de eso parece haberse concretado: se mantienen todas las medidas de coerción. Es un absurdo seguir ocupando a la Justicia con causas nacidas de la manipulación interpretativa de las normas, del capricho político y de la necesidad de sostener el irreal y provocativo discurso oficial antiinflacionario.

Es necesario que las consultoras puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin condicionamientos ni amenazas, en defensa del consumidor. Y es imprescindible también que sean debidamente condenados los funcionarios que abusan de su poder.