Para la Oficina Anticorrupción, Milei no cometió un delito al promocionar la cripto $LIBRA

El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei difundió desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter) una publicación en la que promocionaba la criptomoneda $LIBRA, vinculada al proyecto privado “Viva la Libertad Project”. Esa acción fue evaluada por la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que el mandatario no incurrió en una falta ética ni violó la Ley de Ética de la Función Pública.

La resolución, firmada por el titular de la OA, Alejandro Melik, sostiene que la publicación debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada, ya que no estuvo acompañada por el uso de recursos públicos, respaldo institucional ni decisiones administrativas.

La investigación se inició a raíz de las repercusiones económicas y judiciales que generó el posteo, que incluía enlaces al sitio web del proyecto y al token en la blockchain Solana. Tras su publicación, el valor de $LIBRA se disparó y luego cayó bruscamente, lo que despertó sospechas de posibles maniobras especulativas. El caso es investigado en paralelo por la Justicia Federal, bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1 a cargo de María Romilda Servini y con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Entre los fundamentos, la OA indicó que “no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA” y que el mensaje en X “no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”.

La Secretaría de Comunicación también confirmó que no administra ni produce contenidos para la cuenta personal del Presidente. Del mismo modo, otras áreas del Gobierno —como la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Innovación y la Secretaría General de la Presidencia— negaron vínculos institucionales con el proyecto.

El expediente también analizó la conducta de otros funcionarios, entre ellos Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La OA concluyó que Morales no se apartó de las normas de ética pública, aunque recomendó a la CNV evaluar si corresponde iniciar una investigación administrativa por posible uso de información reservada.

La resolución implica que, al menos desde el punto de vista administrativo, el Presidente no incurrió en conducta indebida. Sin embargo, la causa judicial sigue su curso y podría arrojar nuevas conclusiones respecto de responsabilidades penales.