Pablo Moyano pidió suspender su indagatoria y recusó al fiscal de la causa

El abogado defensor de Pablo Moyano, Daniel Llermanos, pidió suspender la indagatoria programada para el próximo jueves y recusó al fiscal Sebastián Scalera, quien lo investiga como jefe de una presunta asociación ilícita que se dedicó a defraudar en cifras millonarias al club Independiente.

Según el escrito presentado este martes, el pedido es "hasta que se resuelva la recusación y las denuncias contra el fiscal". Caso contrario, la defensa requirió que en la audiencia "esté presente el Juez porque Scalera no es garantía de imparcialidad".

Por primera vez, Moyano deberá declarar como acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita. La fecha se fijó después de conocerse el nuevo pedido de prisión preventiva que presentó Scalera tras un primer rechazo del juez Luis Carzoglio.

A diferencia de la Justicia Federal, en la provincia de Buenos Aires el llamado a indagatoria es potestad del fiscal y no del juez. Pero Llermanos ya presentó un escrito ante la fiscalía para impedir que se realice la indagatoria.

"Habiendo sido usted recusado y denunciado penalmente por esta parte estimo que la declaración que usted pueda tomar a mi asistido no cuenta con las garantías procesales mínimas", expresa el escrito al que accedió Clarín.

Fue el fiscal Scarela quien decidió que Pablo Moyano debe comparecer ante la justicia acusado como jefe de la asociación ilícita que funcionó en connivencia con la dirigencia de Independiente "para defraudaciones por cifras millonarias". "La decisión de Carzoglio no se ajusta a los lineamientos y exigencias legales y constitucionales que el magistrado debe respetar para que sea válida", planteó el fiscal.

Por otro lado, Llermanos expuso que "la clara sospecha de parcialidad ha motivado tanto la recusación como la denuncia penal en su contra", y por eso solicitó que "quede sin efecto el llamado a indagatoria".

En su rechazo a la negativa de detener a Moyano, Scalera afirma que "no ha sido producto de la sana crítica racional del juez o de su libre convicción, libertad, que entendemos no ha tenido al momento de fallar (pérdida de la imparcialidad por la que además recusamos), y mucho menos de una crítica racional, pues su argumentación y temperamento no se compadecen con las constancias de la causa".

La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita dirigida por Pablo Moyano, que se dedicó a "defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos", todo esto, sin ingresar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes a esas entradas.

La discusión entre el juzgado y la fiscalía se dio, entre otros puntos, sobe las conversaciones obtenidas en las intervenciones telefónicas. "El juez insiste enfáticamente en la ajenidad de Moyano en la decisión de la barra, y se equivoca, cuando al mismo le cabe la decisión de autorizar o no cuestiones atinentes al viaje de la hinchada de dicho club", resaltó Scalera en su resolución.

Para la fiscalía, no hay dudas de la responsabilidad del hijo de Hugo Moyano: "Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley". En su planteo, Scalera concluyó que la obtención de dichos beneficios "jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales del club".

Tras el pedido de Scalera, Pablo Moyano consideró que "la acusación es ridícula" y vinculó al fiscal con Elisa Carrió y Patricia Bullrich. "No he recaudado dinero, como se me acusa. Pero bueno, el jueves nos veremos cara a cara con el fiscal", indicó.