Mucho más que una paritaria

Nota extraída del diario La Nación.

No sólo por su desenlace, sino más bien por sus derivaciones, el abrupto cierre de la paritaria entre el gobierno nacional y el gremio docente promete acaparar la atención de analistas económicos y, especialmente, políticos en los próximos días. La razón es que su impacto más importante está en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor número de docentes del país (320.000) y a la vez el de mayor número de votantes (38% del padrón nacional). Este dato cobra mayor trascendencia después de que el gobierno de Daniel Scioli dejó trascender días atrás que no cuenta con recursos propios para afrontar cualquier ajuste superior a un módico 6% anual, incompatible con la verdadera tasa de inflación y hasta con las inverosímiles mediciones del Indec.

Desde esta perspectiva, la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de elevar unilateralmente en 22 y en tres tramos el piso salarial para los docentes abre otra incógnita: si habrá o no asistencia extra a las provincias con apremios fiscales, con Buenos Aires a la cabeza. Es vox populi en La Plata que cada punto porcentual de incremento salarial significa en el ámbito bonaerense un impacto fiscal de 650 millones de pesos anuales. Por consiguiente, el ajuste de 22% -rechazado por los sindicalistas, que reclamaban no menos de 25%- implicará una erogación extra de unos 11.000 millones de pesos anuales, casi 8% del presupuesto de la provincia (140.000 millones). A esto debe agregarse su efecto en cadena sobre el resto de los empleados públicos bonaerenses (judiciales, policías, médicos, enfermeras, etc), ya que esta paritaria se convirtió en caso testigo para los otros gremios públicos y ahora no estará exenta de conflictos; máxime con escasez de fondos.

En realidad, hace varios años que la Legislatura bonaerense -controlada por el Frente para la Victoria- aprueba cada presupuesto provincial sin incluir ninguna previsión de aumento salarial para el sector público. La razón es que las cuentas no cerrarían sin elevar sustancialmente el déficit fiscal de la provincia, calculado para 2013 en algo más de 11.000 millones de pesos. Aquí hay semejanzas y diferencias con el presupuesto nacional. De hecho, el cálculo votado a libro cerrado por la mayoría oficialista en el Congreso prevé un poco creíble aumento del 16% del gasto público para este año electoral. La diferencia es que la Casa Rosada puede financiar cualquier exceso de gasto y de déficit recurriendo a la "maquinita" y las reservas del Banco Central, que no coparticipa con las provincias. Para los gobernadores no alineados incondicionalmente con la Casa Rosada, la receta es diferente y mucho más amarga: aumentos de impuestos, de endeudamiento, recortes de gastos o insostenibles atrasos de pagos a proveedores y contratistas.

Esta asimetría de costos políticos y económicos quedó a la vista a mediados del año pasado. Cuando Scioli blanqueó sin estridencias sus aspiraciones presidenciales para 2015, el gobierno de CFK lo sancionó con el cierre del grifo financiero, que le impidió el pago completo del medio aguinaldo de junio a los 435.000 agentes bonaerenses. Todo en medio de críticas a su gestión por parte de la Casa Rosada y el ala cristinista de su propio gobierno, que hicieron temer un "desplazamiento institucional". Si la sangre no llegó al río fue porque las encuestas de imagen revelaron que aquella movida perjudicó más a Cristina Kirchner que al propio gobernador. De ahí que se arribara a una solución salomónica, con parte de aportes nacionales para pagarles a los empleados públicos y mayor presión tributaria provincial sobre los "ricos" (que en el ámbito bonaerense equivale a clase media-alta, urbana y rural), aunque además incluyó una suba de Ingresos Brutos que se traslada a precios. Scioli tomó nota y desde entonces no gestionó nuevas transferencias, ya que se hizo de recursos colocando deuda; parte de ella mediante la emisión de bonos con el sistema dólar linked (en pesos, ajustables al tipo de cambio oficial), que implica un alto costo cercano al 30% anual (al combinar devaluación y tasa de interés fija).

Esto formó parte de una estrategia defensiva que sumó un nuevo capítulo este verano, cuando el gobernador pidió un incierto replanteo del régimen de coparticipación federal de impuestos, para que Buenos Aires comience a recuperar el porcentaje resignado hace 30 años durante la administración Alfonsín-Armendáriz. Una reivindicación más que improbable y máxime en un año electoral; en el que -más allá del juego de palabras- se cumplirán 19 años de incumplimiento de aquel mandato reformista incluido en la reforma constitucional de 1994. Esto también le valió otra andanada de críticas del gobierno nacional. Lo mismo ocurrió con su propuesta de actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, instrumentado en los '90 por el tándem Menem-Duhalde y que hace años está congelado en 650 millones de pesos anuales. Un monto exiguo frente a las cifras fiscales que se manejan después de siete años de inflación de dos dígitos y cuyo monto-aseguran en La Plata- es superado por las transferencias que reciben 15 provincias. Otro argumento que Scioli utiliza a su favor ante el electorado bonaerense en la sorda disputa por fondos federales, que es seguida paso a paso por intendentes y dirigentes del peronismo. Con el cierre de la paritaria docente, esta puja recomienza con más ingredientes políticos y recetas distintas ya que, a diferencia de 2012, en 2013 hay elecciones legislativas y la presión tributaria bonaerense alcanza niveles récord. De ahí que la Casa Rosada ya haya instrumentado por decreto de necesidad y urgencia un inédito sistema por el cual los intendentes -se supone que los de mayor caudal electoral- podrán gestionar fondos directamente sin participación de los gobernadores.

Prioridades diferentes

Como el déficit fiscal bonaerense tiene desde hace décadas carácter estructural, el margen de maniobra de los gobernadores depende de su relación política con la Presidencia y su acceso a la asistencia financiera nacional.

A ocho meses de las elecciones legislativas, la prioridad de Cristina Kirchner es asegurarse un triunfo en el distrito bonaerense que no dependa excesivamente del gobernador, pero sin generar conflictos que le resten rédito político como en 2012. Por eso se cree que la estrategia cristinista será apretar sin ahorcar. Mientras tanto intentará avanzar con la re-reelección o bien generar candidatos propios para presidente y gobernador, que hasta ahora no están a la vista.

Para Scioli, en cambio, la prioridad es hacer equilibrio hasta bien entrado 2014 antes de decidir si lanza su candidatura presidencial por el peronismo. En teoría, esto significa no sacar los pies del plato, pero acentuar gestos de diferenciación política. Entre ellos, acentuar su tono conciliador y no confrontativo; dialogar con políticos opositores y dirigentes sindicales y empresarios, pero negociar con el cristinismo las listas de candidatos para la Legislatura bonaerense. En la práctica, en cambio, no ignora que la gobernabilidad provincial depende en el corto plazo de fondos nacionales, que el núcleo más duro e ideologizado del cristinismo no dudaría en retacearle..