Manuel Adorni: la fiscalía pide nuevas medidas para verificar que el ex jefe de Gabinete haya concretado las operaciones con las criptomonedas

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el ex jefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. 

El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.

Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.

La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.

En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.

En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.

En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Las nuevas pruebas que pide la fiscalía

Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.

Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.

El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.

Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.