Mafia inmobiliaria en La Pampa: ex futbolista pierde todo

Alfredo Rincón tenía una vida entera de trabajo y tres hijos cuando una organización criminal lo dejó sin nada en menos de cien días. El ex futbolista, hoy de 77 años, perdió ocho terrenos en el barrio Villa Martita, el hotel alojamiento Etcétera —que explotaba desde 1977— y una camioneta Ford F-100. Todo, según denuncia, arrancado bajo golpes, amenazas de muerte y la firma forzada de escrituras ante una notaria de Santa Rosa. "Vivo un infierno", dijo al medio pampeano El Diario de La Pampa, que publicó parte de esta historia.

El patrimonio de Rincón tenía un origen claro: la disolución de su sociedad conyugal, firmada el 27 de julio de 2012. En ese reparto le correspondieron diez propiedades en Villa Martita y la camioneta. Los lotes aún no tenían escrituración definitiva porque tramitaba la sucesión de la familia Alonso, titulares originarios del dominio. Esa circunstancia, según la denuncia, fue el flanco que aprovechó la organización para actuar.

El operador inmobiliario Santiago Cairnie y Carlos Luján Sosa —padre e hijo— se acercaron con interés en comprar las tierras y el hotel. Lo que siguió fue un régimen de terror. Rincón denunció golpizas dentro del propio hotel, propinadas por los Sosa y sus cuñados, los hermanos De la Canal. Envenenaron a sus cuatro perros. Amenazaron de muerte a sus tres hijos hasta obligarlo a enviar a dos de ellos a vivir en otras provincias, bajo un régimen de aislamiento forzado.

La escribanía y las diez escrituras en un día

El desapoderamiento se formalizó el 16 de octubre de 2012 en la escribanía de Libertad Mirtha Cavalli. Según la denuncia, Rincón era trasladado bajo custodia armada y retenido en las inmediaciones del estudio notarial mientras otros integrantes de la banda vigilaban su domicilio. En una sola jornada, la escribana autorizó diez escrituras traslativas de dominio. El procedimiento era siempre el mismo: inscribir el lote a nombre de Rincón y venderlo de inmediato a miembros o allegados de la organización. En cada acta, la notaria consignó que el vendedor había recibido el dinero en efectivo con anterioridad. Rincón lo niega de manera categórica y afirma no haber cobrado un solo peso.

Los números exponen la maniobra. El hotel Etcétera, valuado en el acuerdo conyugal en 240.000 dólares, fue transferido a los cuñados de Sosa —Juan Horacio y Carlos Alfredo De la Canal— por un total de 490.000 pesos, monto fijado a propósito en dos cuotas de 295.000 para no superar el umbral de 300.000 pesos que obligaba a informar la operación a la Unidad de Información Financiera. Dos años después, el inmueble fue revendido al escribano Alejandro Hotz por 1.400.000 pesos. Dos terrenos pasaron a nombre del hijo de Sosa, que entonces tenía 19 años, por 75.000 pesos cada uno, cuando el valor de mercado rondaba los 80.000 dólares por unidad. En marzo de 2013, Sosa hijo los revendió por 110.000 dólares en total.

La operación sobre la esquina de avenida Palacios y Nicanoff fue, acaso, la más escandalosa. Esa fracción, valuada en 80.000 dólares, fue cedida al secretario general del sindicato FOESGRA, Juan Pedro Fiorani, por apenas 6.000 pesos —el equivalente a unos 1.300 dólares al cambio oficial de la época—. La escribana rubricó el acto sin el certificado de dominio previo del Registro de la Propiedad.

La denuncia señala además una irregularidad grave en la actuación notarial: todas las operaciones se autorizaron con un embargo preventivo de 600.000 pesos trabado por Sosa y el abogado Román Fiorucci aún vigente. El levantamiento recién se solicitó en noviembre y se ordenó en diciembre de 2012, pero la escribana certificó en las escrituras del 16 de octubre que las deudas estaban totalmente canceladas.

Las agresiones físicas

El terror no se limitó a los papeles. El 8 de febrero de 2013, Rincón fue golpeado con un objeto contundente en la vía pública, cerca de la clínica Faerac, y sufrió la fractura de un brazo. Carlos Luján Sosa padre estaba presente y no intervino. El 4 de abril de ese mismo año, tras concurrir al estudio del abogado Fiorucci y no ser atendido, Rincón fue interceptado en la calle Lisandro de la Torre y recibió un golpe en la cabeza que le provocó una herida sangrante y requirió atención médica de urgencia.

El despojo se completó con la camioneta y los dos últimos lotes. En diciembre de 2012, Rincón firmó bajo presión el formulario de transferencia del vehículo a favor de Jorge Casais, sobrino de Sosa. Los pagarés que acreditaban la cancelación previa de una deuda sobre el rodado fueron sustraídos de su domicilio. El 28 de junio de 2013, el martillero Cairnie usó un poder de los herederos Alonso para transferir dos parcelas a Sosa por 50.000 pesos; Sosa las revendió en el mismo acto notarial por 250.000 pesos. La escribana Cavalli, según la denuncia, convalidó esas ventas sabiendo que esos lotes integraban la disolución conyugal registrada en su propio protocolo.

El crimen que se desprende del fraude

El entramado criminal tiene, además, un costado de sangre. La casa de Rincón en calle Felgueras 2056 —que habita desde 1981 y por la que hoy litiga para evitar el desalojo— fue transferida de manera fraudulenta a nombre de Élida Esther Sosa, hermana del jefe de la banda, por 300.000 pesos nominales. El problema surgió cuando el empresario Eduardo Ros apareció interesado en comprar esa propiedad a través de la inmobiliaria de Cairnie. La transacción se consumó con irregularidades formales en la misma escribanía de Cavalli.

Según consigna El Diario de La Pampa en base a la requisitoria del fiscal Guillermo Sancho, Rincón detectó el fraude días antes del crimen e interrogó a Ros al respecto. Ante el riesgo de que la operación quedara expuesta, la banda actuó: Carlos Luján Sosa contrató al sicario Diego "Coco" López para matar a Ros. El 14 de mayo de 2014, el ataque se ejecutó. Griselda Fuentes Cabal, pareja de Ros, murió en el lugar. Ros sobrevivió al simular su propio fallecimiento. Por ese doble crimen, Luján Sosa fue condenado a prisión perpetua.

El mismo Luján Sosa que, según la causa por el despojo a Rincón, lideraba la organización que le arrancó sus bienes. En ese expediente aparecen como figuras clave el martillero Cairnie, articulador operativo de las ventas, y el abogado Fiorucci, asesor legal de FOESGRA, en el rol de respaldo jurídico de las maniobras.

La modalidad, además, no era nueva. Según El Diario de La Pampa, en 2014 la misma organización intentó apropiarse de un complejo de ocho cabañas en Villa General Belgrano, Córdoba, perteneciente al productor agropecuario Raúl Ricardo Crespo, fallecido por una enfermedad oncológica. Sosa presentó un documento de cesión de derechos supuestamente firmado por Crespo tres días antes de su muerte. Con el patrocinio de Fiorucci, desalojaron por la fuerza a los administradores legítimos e iniciaron gestiones de venta. La denuncia de las herederas permitió comprobar pericialmente la falsedad de la firma, y el complejo fue restituido en septiembre de 2015.

La parálisis judicial y los vínculos que denuncia la víctima

La Brigada de Investigaciones acumuló pruebas, realizó allanamientos en la sede notarial y en domicilios de la organización, y secuestró documentación clave. Obtuvo confesiones dentro de la causa. Aun así, los expedientes permanecen paralizados sin dictamen definitivo. En el camino, la fiscal María Cecilia Molinari —ante quien el contador de FOESGRA, Ricardo Daniel Fernández, empleado del Banco de La Pampa, detalló minuciosamente las operaciones de lavado y fraude del clan— fue apartada de la causa de forma sorpresiva.

El propio Rincón atribuye esa parálisis a los vínculos que, según él, unen a la organización con el poder político provincial. El damnificado señala conexiones de la banda con el gobernador Sergio Ziliotto y con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, además de lazos con el cotitular de la CGT nacional, Carlos Acuña, referente del sindicalismo peronista de estaciones de servicio. Son señalamientos del denunciante, no afirmaciones judicialmente probadas, pero que la víctima sostiene para explicar por qué ninguno de sus reclamos avanza en la justicia pampeana.

Ante las amenazas que persisten, Rincón contrató al especialista en seguridad Javier Catoni, reconocido por su trabajo con personas en situación de riesgo de vida extremo, quien ya coordina protocolos de protección para el ex futbolista y su familia.

Alfredo Rincón sigue en Santa Rosa. Sigue amenazado. Y sigue esperando que alguien, en algún juzgado, decida mover los expedientes.