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Macri veta la ley y no van a legalizar a los "trapitos"

El Gobierno porteño sostiene que la medida es inconstitucional y que es un uso indebido de calles y avenidas.

El Gobierno porteño acaba de oficializar el veto a la ley que crea un registro de cuidacoches, aprobada en diciembre por la Legislatura porteña. El decreto que la deja sin efecto sale publicado hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad. Algunos de los argumentos son que la ley que legaliza a los trapitos es inconstitucional y que socava "el principio de libre disfrute" del uso del espacio público.

La ley 4113 que crea el "Registro de Cuidadores de Vehículos" fue impulsada por la oposición, que logró imponer su postura por sobre un proyecto macrista que pretendía prohibir la actividad y endurecer las sanciones. La aprobaron el 7 de diciembre, en una ajustada votación de 31 votos a 29. Entonces, Mauricio Macri anticipó que pensaba vetarla. Ese veto se concreta hoy, con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto firmado por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"No se puede permitir por ley que haya gente que cobre por estacionar en lugares donde es gratis, y mucho menos fijando un monto –afirmó Rodríguez Larreta–. Hay muchas denuncias por extorsión y aprietes. Además, así como hay algunos que cuidan autos de buena fe, también sabemos que hay mafias. Vamos a insistir en la Legislatura para que se apruebe una ley que prohíba a los cuidacoches".

La norma vetada establecía que los "cuidadores de vehículos" podrían trabajar en los espacios que determinara el Gobierno de la Ciudad. Los "trapitos" debían anotarse en un registro y cumplir con los horarios y lugares asignados por el Ejecutivo. Iban a darles un permiso renovable por dos años , pero que podía ser revocado si cometían alguna contravención o delito en el marco de su actividad.

Por cuidar los coches, los "trapitos" sólo iban a poder recibir una retribución voluntaria. Y la ley preveía una multa de hasta $ 800 y hasta cuatro días de trabajo de utilidad pública para los que exigieran dinero. La sanción se elevaría a entre $ 800 y $ 2.000 de multa y de uno a cinco días de arresto si se comprobaba que el cuidacoches era parte de una organización.

En los considerandos del veto, el Gobierno porteño argumenta que la ley va en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 27 establece que es un deber de la Ciudad promover la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito y garantizar su uso común. Y afirma que conforme a ese mandato, el Gobierno debe asegurar el uso libre del espacio público "impidiendo la apropiación indebida".

Además, el decreto sostiene que la ley 4113 "socava el principio de libre disfrute que caracteriza el uso del espacio público". Y que no puede aceptarse "la restricción de las libertades de los vecinos por quienes se dedican a disponer en forma ilegal del espacio público, sin derecho alguno a ello, so pretexto de que brindan un servicio de cuidado de vehículos". También afirma que los cuidacoches muchas veces instan a los automovilistas a estacionar en lugares no permitidos.

Con este veto, la oposición se queda sin posibilidad de que el registro se convierta en ley. De acuerdo a la Constitución porteña, ahora el proyecto deberá volver a la Legislatura, que para aprobarlo tendrá que insistir con mayoría de dos tercios de sus miembros, es decir con 40 votos. Algo muy difícil, porque la oposición reúne 34 bancas y el macrismo 26.

Ya en diciembre, cuando Macri anticipó su intención de veto, hubo fuertes críticas. El diputado Rafael Gentili, de Proyecto Sur, dijo que con los votos del macrismo se había hecho ley la extensión del estacionamiento medido a los barrios. "Entre que cobre una empresa o un trapito, prefiero que lo haga el trapito, que además te cuida el auto", detalló. Y explicó que no estaba de acuerdo con la prohibición de actividades como la de los cuidacoches o la de los manteros, sino que prefería su regularización. Mientras, el kirchnerista Francisco Nenna acusó a Macri de "autoritario" y advirtió que el Jefe de Gobierno pretendía "penalizar una actividad de subsistencia, en vez de garantizar la inserción laboral y la contención social".

El Código Contravencional prohíbe exigir retribución por el "estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública" sin autorización legal. Ahora, quien lo hace puede ser sancionado con uno o dos días de trabajo de utilidad pública o una multa de $ 200 a $ 400. Pero para comprobar que el cuidacoches exigió dinero, el dueño del vehículo debe denunciarlo y conseguir testigos. Y son muy pocos los casos que prosperan.