Los jubilados pagan el gasto público
Aquellos investigadores que han hecho, con independencia del poder político, un detallado análisis del origen y destino de los ingresos del organismo de administración previsional, llegan a una misma conclusión que además de contundente es desoladora: el dinero de los jubilados (actuales y futuros) se destina en gran parte a otros fines, mientras se acumula una deuda enorme y muy injusta con ellos.
El sistema previsional argentino ha sido -desde tiempos inmemoriales- complejo, enredado, pasible de ser utilizado en beneficio de los "avivados" o "apadrinados", siempre abierto a alguna forma de corrupción.
Se lo simplificó relativamente en los años ‘90, con la creación un sistema mixto de capitalización y reparto, mal llamado sistema de jubilación privada administrado por las AFJP. En tanto el antiguo sistema de reparto siguió administrado por el Estado y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Desde 2007, con la eliminación del régimen de capitalización y el traspaso compulsivo al Estado de los fondos acumulados en cada una de las cuentas de los aportantes, el sistema se ido haciendo más difícil de entender para los que no se dedican a su estudio, y sobre todo más conflictivo y litigioso.
Pero el resultado sí es muy claro: se está cometiendo una enorme injusticia con buena parte de los jubilados (no con todos) y los fondos previsionales están siendo destinados a fines que no corresponde. Se repite la vieja historia del despojo y desaparición de los fondos previsionales.
Por otro lado, hay una enorme inequidad dentro del universo de los jubilados y pensionados, en total unas 6 millones de personas. Las inequidades existen tanto por la forma en que se han liquidado los haberes como por la falta de actualización de los mismos durante muchos años.
Así, la existencia de múltiples regímenes especiales dan privilegios en desmedro del régimen general. A ello se suma que en los últimos 10 años la actualización de los haberes ha sido muy diferencial. El haber mínimo se multiplicó por nueve, el haber medio por cinco; las jubilaciones de más de $ 1.000 sólo se han incrementado tres veces, por lo que estos jubilados han perdido un tercio del poder adquisitivo.
En definitiva, como le gusta propugnar al populismo, ha habido redistribución del ingreso... pero de unos jubilados a otros y muy especialmente de los que hicieron los aportes legales a los que se jubilaron sin haberlo hecho. O sea, redistribución entre pobres.
Aparejado a lo anterior, consecuencia del arbitrario manejo del sistema, se ha generado un pasivo de enorme magnitud: hay más de 400 mil juicios en trámite que la Anses se niega a pagar, a pesar de la vigencia de sentencias y acordadas de la Corte Suprema que lo ha ordenado.
Ante esta situación el administrador de la Anses dice el que el organismo no está en condiciones de pagar los juicios, que -a pesar de los años transcurridos- hay que seguir estudiando el problema. Claro, los administradores no tienen el mismo problema de "tiempo" que los jubilados.
Los ingresos de la Anses se componen de los aportes y contribuciones de los trabajadores, una parte de impuestos nacionales y el 15% de la coparticipación de impuestos que ceden las provincias.
Este ingreso supera los 180.000 millones de pesos y equivale al 40% del presupuesto nacional; a ello hay que agregar los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los fondos de la AFJP).
Con estos fondos la Anses podría pagar todas las jubilaciones y pensiones, incluidas las obtenidas por moratorias, las asignaciones familiares y seguro por desempleo y tendría un excedente suficiente para pagar los juicios por ajustes no realizados, incluidos el 82% a quienes corresponda.
Claro está que para ello el Gobierno debería dejar de usar el dinero de los jubilados para otros destinos que nada tienen que ver con nuestros abuelos.