Los clubes de Primera División convocaron a un paro y no habrá fútbol argentino un fin de semana de marzo

Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde los dirigentes expresaron su rechazo ante los recientes embates del ARCA vinculados a cuestiones tributarias y manifestaron su apoyo a la conducción de la entidad.

Durante el encuentro Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demuestra que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los directivos buscaron dejar en claro que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La exhibición de ese material resultó determinante para la postura de los clubes: la dirigencia de Primera resolvió impulsar el paro como señal de respaldo institucional.

En la misma línea, Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría mantuvieron un intercambio en el que coincidieron en la necesidad de detener la actividad. Los directivos de Primera ya se encuentran en diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indicaría que se sumarán a la medida. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, la AFA oficializará la convocatoria en las próximas horas.

Durante esos días estaba prevista la disputa de la novena fecha del Torneo Apertura, por lo que la medida impactaría de lleno en el calendario del certamen.

“No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar. Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”, dijo Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield a la salida de la reunión.

En su testimonio ante la prensa, Berlanga también mencionó situaciones que afectan a la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.

El origen de la causa

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, involucrando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los acusadores encuadraron los hechos en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía fundamentó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

El manejo financiero y el rol de los directivos

La querella demostró que la omisión de pagos no se originó en carencias económicas. El análisis contable confirma que la Asociación del Fútbol Argentino recibió $45.072.435.530 en acreditaciones bancarias durante diciembre de 2024 y registró ingresos por $453.449.869.194 en 2025. En el mismo periodo, la conducción directiva estableció múltiples plazos fijos en pesos y dólares. ARCA concluyó que los acusados contaban con “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.

Las declaraciones testimoniales del 10 de febrero mostraron el método interno de pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, mencionaron que los pagos dependían de la instrucción verbal, personal o telefónica del tesorero. Bouvet señaló que su departamento reportaba vencimientos y deuda acumulada, esperando luego la directiva precisa de Pablo Toviggino para generar los volantes electrónicos de pago. Los compromisos se saldaban con fondos de cuentas oficiales del Banco Credicoop, banco cooperativo argentino, requiriendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como responsable único del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.

La querella desestimó la hipótesis de un error administrativo y sostuvo que “la falta de pago durante 19 meses evidencia una acción coordinada de las autoridades”. Las auditorías de balance señalaban deudas fiscales millonarias y llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y validaban esos documentos ante la asamblea.

Panorama judicial

La defensa de Tapia buscó la nulidad de la citación judicial mediante una excepción de falta de acción el 27 de enero de 2026, solicitando el cierre inmediato del expediente. Sostuvieron que las deudas fiscales no eran exigibles legalmente al momento de los hechos, invocando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron temporalmente los juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.

El juez rechazó el pedido de cierre, respaldando los argumentos de ARCA y la fiscalía, quienes sostuvieron que el delito estaba plenamente configurado. La defensa insistió en el sobreseimiento y apeló la decisión antes de la firma de las citaciones. La Cámara Nacional en lo Penal Económico recibió el recurso y deberá resolver el rumbo de la investigación.

El cronograma de audiencias indagatorias se inicia el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los abogados representantes de la asociación. El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 de marzo deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.

(Fuente: Infobae)