La saga de Boudou continuará
Luego de ver tapado con un espeso manto de petróleo el caso Ciccone que tantas molestias les ocasionaba...
... los preocupados por el destino de Amado Boudou han podido celebrar la separación de la causa del juez federal Daniel Rafecas –el responsable de permitir el allanamiento de un inmueble en Puerto Madero en que se encontraron pruebas de la relación del vicepresidente con el recién enriquecido monotributista Alejandro Vandenbroele–, que ha sido reemplazado por Ariel Lijo.
Aunque la conducta de Rafecas, que como tantos otros magistrados tiene la costumbre peligrosa de hablar demasiado en torno a las vicisitudes de las causas en que le corresponde actuar, razón por la que se justificaba el "temor de parcialidad" planteado por los vinculados con Boudou, mereció la sanción de la Sala 1 de la Cámara Federal, virtualmente todos los dirigentes opositores atribuyen su alejamiento de la investigación a las fuertes presiones de aquellos funcionarios que, según los más indignados por lo que acaba de suceder, dan por descontado que cualquier persona que disfruta del favor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha de considerarse por encima de la ley. Si hubiera algunas dudas en cuanto al respeto del gobierno por el principio republicano según el cual el Poder Judicial ha de ser independiente del Ejecutivo, fueron eliminadas por la salida de la Procuraduría General de Esteban Righi, un veterano de la izquierda peronista, por no haber hecho lo bastante como para proteger al vicepresidente de quienes lo acusaban de tráfico de influencias.
Si bien varios miembros del círculo áulico de Cristina saben que Boudou es una auténtica máquina de fabricar problemas engorrosos y que, si como prevén logra superar el mal momento que le ha supuesto el rocambolesco caso Ciccone, seguirá produciéndolos en abundancia, también saben que el ex ministro de Economía debe su cargo actual exclusivamente a una decisión personal de la jefa y que por lo tanto no les convendría en absoluto sugerirle que sería mejor dejarlo caer, para entonces aprovechar la oportunidad así creada para afirmar que está tan resuelta como su homóloga brasileña Dilma Rousseff a apartar de sus cargos a todos los sospechosos de corrupción aun cuando ocupen puestos destacados en su gobierno. Hace algunas semanas dicha eventualidad pareció ser por lo menos factible, pero ya es evidente que a Cristina no la sedujo del todo la idea de hacer "la gran Dilma", acaso por entender que en el caso de intentarlo no tardaría en verse sin muchos colaboradores a su juicio valiosos, motivo por el que ha optado por otra manera de subrayar su autoridad al apoyar a un funcionario que, en opinión incluso de personas que se sienten plenamente comprometidas con su "proyecto", no está a la altura de sus responsabilidades.
Aunque es comprensible la voluntad de Cristina y de sus acompañantes de cerrar filas detrás de Boudou, de difundirse no sólo entre los opositores sino también entre los militantes oficialistas la noción de que, a cambio de manifestaciones de lealtad, aquellos funcionarios gubernamentales que merecen su aprecio gozarán de un grado envidiable de impunidad, los resultados serán con toda seguridad negativos. Mal que les pese a los kirchneristas incondicionales, la corrupción no es un invento de gente siniestra decidida a desprestigiar el "modelo" de Cristina sino una realidad desafortunada que incide de mil maneras en su gestión.
Hasta ahora la popularidad de Cristina, combinada con la debilidad llamativa de todas las facciones opositoras, ha impedido que a ojos de la ciudadanía el tema cobre mucha importancia pero, a menos que la desaceleración de la economía resulte ser meramente pasajera y el efecto YPF dure mucho tiempo, no tardará en colocarse a la cabeza de la lista de preocupaciones públicas, sobre todo si otros miembros del gobierno, impresionados por el apoyo recibido por Boudou, se sienten tentados a actuar con menos cuidado que antes. Y aun cuando en los meses próximos ningún integrante del equipo de Cristina se las arregle para protagonizar un escándalo impactante, los opositores más combativos podrán confiar en contar con la colaboración entusiasta de un vicepresidente que, con sus declaraciones insólitas y comportamiento a menudo extravagante, seguirá ofreciéndoles oportunidades para atacar al gobierno
Aunque la conducta de Rafecas, que como tantos otros magistrados tiene la costumbre peligrosa de hablar demasiado en torno a las vicisitudes de las causas en que le corresponde actuar, razón por la que se justificaba el "temor de parcialidad" planteado por los vinculados con Boudou, mereció la sanción de la Sala 1 de la Cámara Federal, virtualmente todos los dirigentes opositores atribuyen su alejamiento de la investigación a las fuertes presiones de aquellos funcionarios que, según los más indignados por lo que acaba de suceder, dan por descontado que cualquier persona que disfruta del favor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha de considerarse por encima de la ley. Si hubiera algunas dudas en cuanto al respeto del gobierno por el principio republicano según el cual el Poder Judicial ha de ser independiente del Ejecutivo, fueron eliminadas por la salida de la Procuraduría General de Esteban Righi, un veterano de la izquierda peronista, por no haber hecho lo bastante como para proteger al vicepresidente de quienes lo acusaban de tráfico de influencias.
Si bien varios miembros del círculo áulico de Cristina saben que Boudou es una auténtica máquina de fabricar problemas engorrosos y que, si como prevén logra superar el mal momento que le ha supuesto el rocambolesco caso Ciccone, seguirá produciéndolos en abundancia, también saben que el ex ministro de Economía debe su cargo actual exclusivamente a una decisión personal de la jefa y que por lo tanto no les convendría en absoluto sugerirle que sería mejor dejarlo caer, para entonces aprovechar la oportunidad así creada para afirmar que está tan resuelta como su homóloga brasileña Dilma Rousseff a apartar de sus cargos a todos los sospechosos de corrupción aun cuando ocupen puestos destacados en su gobierno. Hace algunas semanas dicha eventualidad pareció ser por lo menos factible, pero ya es evidente que a Cristina no la sedujo del todo la idea de hacer "la gran Dilma", acaso por entender que en el caso de intentarlo no tardaría en verse sin muchos colaboradores a su juicio valiosos, motivo por el que ha optado por otra manera de subrayar su autoridad al apoyar a un funcionario que, en opinión incluso de personas que se sienten plenamente comprometidas con su "proyecto", no está a la altura de sus responsabilidades.
Aunque es comprensible la voluntad de Cristina y de sus acompañantes de cerrar filas detrás de Boudou, de difundirse no sólo entre los opositores sino también entre los militantes oficialistas la noción de que, a cambio de manifestaciones de lealtad, aquellos funcionarios gubernamentales que merecen su aprecio gozarán de un grado envidiable de impunidad, los resultados serán con toda seguridad negativos. Mal que les pese a los kirchneristas incondicionales, la corrupción no es un invento de gente siniestra decidida a desprestigiar el "modelo" de Cristina sino una realidad desafortunada que incide de mil maneras en su gestión.
Hasta ahora la popularidad de Cristina, combinada con la debilidad llamativa de todas las facciones opositoras, ha impedido que a ojos de la ciudadanía el tema cobre mucha importancia pero, a menos que la desaceleración de la economía resulte ser meramente pasajera y el efecto YPF dure mucho tiempo, no tardará en colocarse a la cabeza de la lista de preocupaciones públicas, sobre todo si otros miembros del gobierno, impresionados por el apoyo recibido por Boudou, se sienten tentados a actuar con menos cuidado que antes. Y aun cuando en los meses próximos ningún integrante del equipo de Cristina se las arregle para protagonizar un escándalo impactante, los opositores más combativos podrán confiar en contar con la colaboración entusiasta de un vicepresidente que, con sus declaraciones insólitas y comportamiento a menudo extravagante, seguirá ofreciéndoles oportunidades para atacar al gobierno