La reforma del ABL en la Ciudad de Buenos Aires
* Por Rogelio Frigerio. La Argentina muestra un retroceso inédito respecto de lo que se considera uno de los principales factores de la competitividad: la calidad de las instituciones económicas. Quizá, la manifestación más clara de la debilidad institucional y del rezago de la economía argentina en la creación de condiciones atractivas para la inversión, sea nuestro Régimen Federal.
El deterioro del federalismo en los últimos años es más que evidente. La concentración de recursos en la órbita del Gobierno Nacional no registra ningún antecedente. Su uso discrecional, que generan una dependencia política y financiera de las provincias respecto al poder central, también resulta inédito para nuestro país.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se observan características particularmente arbitrarias. Aportando casi una cuarta parte del PBI nacional y con casi el 8% de los habitantes, recibe menos del 2% de la coparticipación federal de impuestos. Antes de convertirse en la provincia numero 24, por su condición de Capital Federal de la República y por albergar a la totalidad de los organismos nacionales, percibía importantes recursos para obras de infraestructura. Hoy, la inversión de la Nación es prácticamente inexistente.
En el pasado, cuando las escuelas y los hospitales eran establecimientos nacionales, su financiamiento no era un problema del Gobierno porteño, y tampoco era necesario plantear el debate sobre el uso de recursos de la Ciudad para quienes no son sus contribuyentes (2 de cada 3 pacientes de los servicios de salud locales, no son habitantes porteños).
En la actualidad, la Ciudad está forzada a maximizar los recursos propios para atender los servicios transferidos de salud, educación y parte de la justicia (además de financiar a la Policía Metropolitana, frente a la evidente limitación de las fuerzas de seguridad federales para combatir el delito). Es en este marco que el Gobierno porteño plantea una reforma en su política de ingresos, introduciendo modificaciones en lo que respecta al impuesto inmobiliario (ABL). Es importante tener en cuenta que la presión tributaria (recaudación anual como % del producto bruto) de la Capital (4,7%) se encuentra por debajo del promedio de la totalidad de jurisdicciones y muy lejos de la del Gobierno Nacional (28,4%). Por su parte, el crecimiento y sobre todo la inflación acumulada en estos últimos años, provocó que un impuesto local distorsivo como Ingresos Brutos, que tiene una actualización automática ligada a estas dos variables, aumentara su importancia relativa como fuente de financiamiento. Lo mismo ocurrió con Patentes y Sellos, también con una actualización automática vinculada a los precios de mercado. Con el impuesto inmobiliario (ABL), ocurrió exactamente lo contrario. A la salida de la Convertibilidad, la recaudación de ABL duplicaba a la de Automotores. Hoy en día, con un 70% menos de valuación fiscal, Patentes recauda el equivalente al 77% del ABL. Es más, por carecer de una actualización automática, el impuesto inmobiliario recauda actualmente un 4% menos en términos reales que 7 años atrás (Patentes, en cambio, un 55% más). A igual valor de mercado, una propiedad en la Boca o en Pompeya, paga un 80% menos por el impuesto inmobiliario y la tasa municipal de ABL, que una similar en Avellaneda o Lanús.
El impuesto sobre la propiedad inmueble está concebido como uno de los más equitativos y que menos distorsiona la actividad económica, por lo que elevar su participación en la recaudación total mejoraría la calidad del sistema impositivo de la Ciudad. Asimismo, al ser un impuesto más estable a las variaciones macroeconómicas, se lograría independizar en parte a la recaudación del ciclo económico.
La reforma propuesta también intenta reducir la inequidad horizontal actual, esto es, que los habitantes con viviendas de similares valuaciones de mercado, comiencen a pagar lo mismo.
Avanzar en una reforma tributaria que introduzca más progresividad al sistema y lo haga menos dependiente de variables macroeconómicas que el Gobierno local no maneja, es un paso en positivo. No obstante, es necesario seguir peleando por devolverle a los porteños, como al resto de las provincias, recursos que hoy quedan arbitrariamente en manos del Gobierno Nacional. En definitiva, el deterioro del federalismo repercute directamente en la calidad de la educación, la salud, la seguridad y la justicia.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se observan características particularmente arbitrarias. Aportando casi una cuarta parte del PBI nacional y con casi el 8% de los habitantes, recibe menos del 2% de la coparticipación federal de impuestos. Antes de convertirse en la provincia numero 24, por su condición de Capital Federal de la República y por albergar a la totalidad de los organismos nacionales, percibía importantes recursos para obras de infraestructura. Hoy, la inversión de la Nación es prácticamente inexistente.
En el pasado, cuando las escuelas y los hospitales eran establecimientos nacionales, su financiamiento no era un problema del Gobierno porteño, y tampoco era necesario plantear el debate sobre el uso de recursos de la Ciudad para quienes no son sus contribuyentes (2 de cada 3 pacientes de los servicios de salud locales, no son habitantes porteños).
En la actualidad, la Ciudad está forzada a maximizar los recursos propios para atender los servicios transferidos de salud, educación y parte de la justicia (además de financiar a la Policía Metropolitana, frente a la evidente limitación de las fuerzas de seguridad federales para combatir el delito). Es en este marco que el Gobierno porteño plantea una reforma en su política de ingresos, introduciendo modificaciones en lo que respecta al impuesto inmobiliario (ABL). Es importante tener en cuenta que la presión tributaria (recaudación anual como % del producto bruto) de la Capital (4,7%) se encuentra por debajo del promedio de la totalidad de jurisdicciones y muy lejos de la del Gobierno Nacional (28,4%). Por su parte, el crecimiento y sobre todo la inflación acumulada en estos últimos años, provocó que un impuesto local distorsivo como Ingresos Brutos, que tiene una actualización automática ligada a estas dos variables, aumentara su importancia relativa como fuente de financiamiento. Lo mismo ocurrió con Patentes y Sellos, también con una actualización automática vinculada a los precios de mercado. Con el impuesto inmobiliario (ABL), ocurrió exactamente lo contrario. A la salida de la Convertibilidad, la recaudación de ABL duplicaba a la de Automotores. Hoy en día, con un 70% menos de valuación fiscal, Patentes recauda el equivalente al 77% del ABL. Es más, por carecer de una actualización automática, el impuesto inmobiliario recauda actualmente un 4% menos en términos reales que 7 años atrás (Patentes, en cambio, un 55% más). A igual valor de mercado, una propiedad en la Boca o en Pompeya, paga un 80% menos por el impuesto inmobiliario y la tasa municipal de ABL, que una similar en Avellaneda o Lanús.
El impuesto sobre la propiedad inmueble está concebido como uno de los más equitativos y que menos distorsiona la actividad económica, por lo que elevar su participación en la recaudación total mejoraría la calidad del sistema impositivo de la Ciudad. Asimismo, al ser un impuesto más estable a las variaciones macroeconómicas, se lograría independizar en parte a la recaudación del ciclo económico.
La reforma propuesta también intenta reducir la inequidad horizontal actual, esto es, que los habitantes con viviendas de similares valuaciones de mercado, comiencen a pagar lo mismo.
Avanzar en una reforma tributaria que introduzca más progresividad al sistema y lo haga menos dependiente de variables macroeconómicas que el Gobierno local no maneja, es un paso en positivo. No obstante, es necesario seguir peleando por devolverle a los porteños, como al resto de las provincias, recursos que hoy quedan arbitrariamente en manos del Gobierno Nacional. En definitiva, el deterioro del federalismo repercute directamente en la calidad de la educación, la salud, la seguridad y la justicia.