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La política, bajo el influjo de los narcos

* Por Carlos Pagni. Narcos. Esa palabra vuelve cada vez más seguido a las crónicas policiales. Narcos se balean en el shopping Unicenter.

Narcos. Esa palabra vuelve cada vez más seguido a las crónicas policiales. Narcos se balean en el shopping Unicenter. Tres empresarios aparecen muertos en General Rodríguez y es por sus conexiones con los narcos. Una banda de narcos, según Schoklender, intentaba copar las casas del programa Sueños Compartidos durante la toma del Indoamericano. Los narcos financian, según Nilda Garré, comedores de las villas porteñas, donde su policía tiene competencia. Un avión narco cruza el Atlántico burlándose de los controles de Ezeiza y Morón. Por alguna razón, los países que lo seguían se lo ocultaron al Estado argentino. En San Martín, un narco pretende convertirse en intendente. Y tras el crimen de Candela Rodríguez asoma, todavía brumosa, una historia de narcos.

El tráfico de drogas ha ido infectando poco a poco el conurbano bonaerense. El fenómeno alcanzó tal magnitud que hoy alimenta el principal conflicto político del país. Cristina Kirchner espera ganar las elecciones para, después, avanzar sobre Daniel Scioli y su política de seguridad. El gobernador no duerme tranquilo. En dos causas federales se investiga la conexión de policías bonaerenses con los dealers . La Presidenta está al tanto de esas indagaciones. Sólo el tiempo dirá si el desafío del narcotráfico inspirará una política de Estado, o si será trivializado como la coartada de una guerra sucesoria.

No se conoció ningún caso policial que desvelara tanto a Scioli como el asesinato de Candela. A mediados del mes pasado, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, lo escuchó quejarse, enfurecido, por el pésimo trabajo de la bonaerense. No es para menos. Fuentes de la gobernación aseguran que, carentes de pistas, los detectives terminaron recurriendo a Manuel Vázquez, un brujo de Estudiantes de La Plata, para ver si les proveía algún indicio. "Los voy a echar a todos", gritaba Scioli ante Casal.

Todavía hoy la causa plantea incógnitas elementales. Entre los detenidos, menos profesionales, hay de todo: depiladoras, carpinteros, verduleros y albañiles. Y, sin embargo, ninguno todavía se quebró para confesar el móvil del delito. Las capturas se sostienen en las declaraciones de más de una docena de testigos de identidad reservada que son, casi todos, informantes de la policía. Recién en el juicio oral se verá cuántos de ellos dan la cara y ratifican lo que han dicho.

Un riesgo que preocupaba a Scioli es que Carola Labrador, la madre de la niña, impugnara el trabajo de la policía. Pero el peligro se esfumó cuando apareció Fernando Burlando. El abogado da noticias alentadoras y la familia se siente contenida. Qué bien hizo Burlando en aclarar que lo había acercado el padre Grassi y que no cobraría sus servicios. Las habladurías del ministerio de Casal aseguraban que lo había contratado la provincia. Hasta mencionaban cifras. Infamias, por lo visto.

Scioli tiene otros motivos para que el caso Candela lo tenga inquieto. Las escuchas realizadas por la Secretaría de Inteligencia (SI) para desentrañar el crimen pusieron en evidencia a una red de agentes policiales asociados a bandas de narcotraficantes. Como informó LA NACION, de los 70 teléfonos intervenidos por Candela, cinco pertenecían a uniformados. Sobre esa base informativa se habría iniciado una causa federal que todavía no salió a luz, ya que los jueces pueden realizar seguimientos en secreto por 240 días. Igual Cristina Kirchner conoce el contenido de ese expediente. Es una de las carpetas con las que se propone enfrentar al gobernador.

Las investigaciones desnudaron otras tramas complicadas. Se supo, por ejemplo, que una tía de la víctima había sido raptada en Villa Corea, en San Martín. A ese asentamiento tomado por los narcos ya no entra el Estado. De esos andurriales salió Héctor Moreira, "el Topo", confidente del comisario general Roberto Castronuovo e imputado como autor intelectual del asesinato de Candela. Con la declaración del "Topo" entró en escena otro protagonista de esta trama político-policial: Miguel Angel Villalba, "Mameluco".

"Mameluco" Villalba es un narcotraficante de San Martín que ya se hizo famoso. Después de estar 12 años en prisión, volvió al barrio y puso un lavadero de autos. También se tentó con la política. Promovía la candidatura de Alberto Rodríguez Saá, hasta que le ordenaron la captura, el 5 de abril. Recién lo detuvieron el 10 de agosto. Fue en la puerta de su casa, sobre la calle Suipacha. "Mameluco" llegaba en su auto, escoltado por dos patrulleros de la provincia. La que se lo llevó fue la Federal, apoyada por la SI. Es curioso: ni los policías ni los espías habrían conseguido tomar nota de la patente de los coches de la bonaerense.

Al parecer, "el Topo" Moreira entregó a "Mameluco", pero le echó la culpa a Alfredo Rodríguez, el padre de Candela. La chiquita habría sido víctima de una venganza.

Las indagaciones sobre "Mameluco" y la protección que le brindaría un sector de la policía están en manos de Juan Manuel Yalj. Este juez federal se acaba de hacer célebre por detener al sindicalista Rubén Sobrero diciendo: "Lo hago porque tengo pruebas, si no le estaría anticipando un castigo innecesario", y por liberarlo, diciendo: "Si tuviera pruebas, le habría negado la excarcelación".

Yalj es juez gracias a la Casa Rosada, que lo designó después de que hubiera perdido todos los concursos. Veteranos de tribunales lo vinculan al intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y dicen que cuenta con la simpatía de Carlos Kunkel y de Carlos "Cuto" Moreno. Mejor dicho: contaba con la simpatía. El servicio de Yalj al Gobierno fue catastrófico. No sólo dejó girando en el vacío a Aníbal Fernández, quien apostó a que Sobrero quedaría preso. También culpó a la Federal por la detención equivocada. Es decir, reveló que la nueva policía "progre" de Cristina Kirchner y Nilda Garré puede mandar presos a delegados gremiales, sin muchos escrúpulos. ¿Qué no habrían denunciado los organismos de derechos humanos subordinados al Gobierno si el atropello lo hubiera cometido la maldita bonaerense de Scioli y de Casal?

Si Yalj no se deja engañar de nuevo por la Federal, la impunidad de "Mameluco" podría sumarse a las escuchas del caso Candela para que la señora de Kirchner incomode más a Scioli. En La Plata temen que asesores de la Presidenta cuenten con documentación, provista por jefes policiales desplazados después del asesinato de Mauricio Ramos y Franco Almirón, en José León Suárez, el 3 de febrero pasado. En coincidencia con esas presunciones, el viernes Casal pasó a retiro a Salvador Baratta, el ex número dos de la fuerza, que se postuló como concejal en Lanús. Marginado, Baratta debe declarar pasado mañana en el juicio del desarmador de autos Elbio Fernández. Scioli debería estar atento.

Más allá de esas internas, el kirchnerismo ya tiene delineado su avance sobre el aparato de Seguridad de la provincia. Volverán los pedidos de desplazamiento del ministro Ricardo Casal y, sobre todo, de su subsecretario Guido Lorenzino, el diputado al que Scioli encomendó el vínculo político con la policía después de la renuncia de Carlos Stornelli. Los candidatos para esos reemplazos siguen siendo Marcelo Saín, Martín Arias Duval, ex viceministro de León Arslanián, y Cristina Camaño, actual viceministra de Garré. Si los cambios se realizan, Scioli perdería el control informativo y territorial que hoy le provee la bonaerense.

La discusión alcanzará también al diseño institucional. Alejandro Mosquera y Víctor Mendibil, de la Comisión Provincial por la Memoria, proponen sacar las investigaciones de las manos de la policía para confiarlas a un cuerpo especial, dependiente de la Procuración, hoy a cargo de María del Carmen Falbo. Scioli presentó un proyecto similar el año pasado, sólo que él propone mantener las pesquisas en el ministerio de Casal.

Este debate tendrá pronto otro actor principal: Gabriel Mariotto. El futuro vicegobernador ya habla de Seguridad y propone regresar a los foros vecinales de Arslanián. Mariotto dirigirá al kirchnerismo cuando la política policial de Scioli se debata en la Legislatura. La dupla Scioli-Mariotto comienza a sugerir una inquietante simetría con el dúo Bidegain-Calabró, como si la historia planeara una venganza.

El duelo, de todos modos, seguirá disimulándose hasta el 23 de octubre. Ese día se conocerá un número crucial. No es la diferencia que obtendrá Cristina Kirchner respecto de sus competidores. Es la ventaja que le saque a su candidato a gobernador. En esa cifra se esconde buena parte del futuro..