La plata negra de la política: prestanombres blanquean fondos reservados, no efedrina
La decisión del juez Ariel Lijo de citar a los responsables del financiamiento de la campaña del FpV de 2007 sacude en serio el árbol.
Por Ignacio Zuleta
La decisión del juez Ariel Lijo de citar a los responsables del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria de 2007 sacude en serio el árbol, y mucho más que otras citaciones, como la de Claudio Bonadío a Cristina de Kirchner por el dólar futuro. Van a caer manzanas y van a salpicar a personajes sorprendidos hoy lejos de los lugares que solían frecuentar ayer. Nadie cree que Héctor Capaccioli o Sebastián Gramajo juntasen por las de ellos dinero para la fórmula Cristina de Kirchner-Julio Cobos. En aquellos tiempos gravitaban en el planeta de Alberto Fernández, a quien Lijo también le va a querer preguntar cosas. Fernández está hoy lejos del kirchnerismo al que sirvió como jefe de gabinete, pero aquellos polvos le pueden enlodar los zapatos. Si la causa la direccionan algunos hacia Cristina de Kirchner y a su jefe de campaña, Néstor Kirchner, ¿dejarán afuera a Cobos, ayer vicepresidente y hoy más lejos aún que Fernández del kirchnerismo?
Según el escrito del juez, las citaciones las hace porque "La hipótesis principal es que dichas empresas [aportantes] habrían efectuado los correspondientes aportes a los efectos de poner en circulación dinero de origen delictivo". La presunción, por los otros nombres citados a declarar, es que los laboratorios implicados podrían tener relación con la trama de la efedrina. Según Lijo "las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente, se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja, para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al tratarse de depósitos de este tipo, se desconoce su correspondiente origen y que, además, las firmas no han podido justificar".
Pero alguien le va a tener que contar al juez cómo funciona la trama lo de los aportes privados de campaña, que esta vez pueden implicar a empresarios de la salud que aparecen poniendo plata para los candidatos del oficialismo. En realidad, los gobiernos pagan las campañas con dinero de fondos reservados, pero están obligados a dibujar aportes para justificar en su origen, como suele hacerse para blanquear otro tipo de gastos. Lo que necesita el gobierno en campaña no es dinero, que le sobra porque administra fortunas que vienen de partidas protegidas por el secreto y de disponibilidad discrecional. Lo que sí necesita, para justificar el uso de esos fondos, para cumplir con las normas de financiamiento, es gente y empresas que pongan el nombre como si fueran ellos los que aportan. Suelen ser individuos y empresas insolventes, que es lo que advierte Lijo en la trama efedrínica. Lo que importa es que alguien ponga el nombre. Quien lo hace, da una prueba de amor infinito, que seguramente tiene después alguna recompensa, cuando gobierna el candidato patrocinado. Poner el nombre es una prueba de militancia más fuerte que poner el dinero. Pero alguien lo tiene que hacer porque hay que blanquearlo. Lijo habla de dinero "de origen delictivo". ¿Lo es el dinero que viene de los fondos de culebras? Podrá discutirse la moralidad del uso, que seguramente está previsto en las normas que autorizan a los funcionarios a usarlos, tanto para pagar a un soplón como a un killer, un masajista, un periodista chivero, una pizza, un informe para 6,7,8, a un falso gitano o a un ex bufón de palacio (escucho a Serrat: https://youtu.be/efHoMYKzVw4). Para eso son reservados.
Hace algunos años el gobierno de Carlos Menem debió justificar el uso de fondos reservados para la construcción de una pista de aterrizaje en Anillaco. Para hacerlo fabricó una lista de donantes que aparecían poniendo el dinero, cuando todos sabían que se había pagado desde otro bote. En esa lista figuraban funcionarios, ex funcionarios - como el pariente de un ministro del actual gobierno al que sería una crueldad mencionar en esta referencia, que es sólo un ejemplo - y amigos del riojano, como un cantante de tangos que vivía en París y que quizás nunca pisó Anillaco.
El caso de la campaña de 2007, deberá recordar Lijo, tiene un antecedente desopilante en la de 2003, tanto como su resultado, que hizo a Néstor Kirchner presidente pese a perder en las urnas. Ese año el peronismo fue a elecciones con tres candidaturas, pero como el sello PJ no integraba ninguna de las alianzas que llevaban a Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá, sus apoderados pactaron usar una fundación para administrar los fondos disponibles por los votos recibidos en elecciones anteriores. Cuando pasó la elección y la Justicia intentó revisar aquellos gastos, que estaban regimentados por una legislación mucho más laxa que la que rige hoy, encontraron que la fundación estaba disuelta y su administrador se había evaporado. El PJ fue eximido de responsabilidades, al decidir la justicia que le habían depositado dinero sin que sus apoderados lo supieran.
El mismo recurso lo usan gobiernos de todo el mundo y lo que habrá que discutir es la moralidad del recurso. La corrupción es lo inconfesable, por eso no es ilegal, y por eso hay que confiar los cargos a gente honesta. El consuelo es que todos los cambios profundos de la política contemporánea, en todo el mundo, son consecuencia de la crisis del financiamiento de la política. Lo de Lijo, si no se distrae con intuiciones ilustradas - diría Durán Barba - puede servir aquí para eso, que hace falta.