La Justicia pidió la última declaración jurada de Francisco Adorni en la causa por presunto enriquecimiento
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó a la Oficina Anticorrupción la versión más reciente de la declaración jurada del diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete. La investigación busca determinar si existieron inconsistencias entre sus ingresos y la evolución de su patrimonio desde su llegada a la función pública.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, sumó un nuevo capítulo este viernes. El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió formalmente a la Oficina Anticorrupción (OA) la última declaración jurada presentada por el legislador, en el marco de una causa que busca reconstruir la evolución de su patrimonio y verificar posibles inconsistencias entre sus ingresos y los bienes declarados.
El requerimiento se produjo luego de que Adorni volviera a rectificar su declaración jurada. En la nueva presentación informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una corrección realizada en mayo.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior ya había agregado una herencia por $21 millones, un dato que no figuraba en versiones previas de la documentación patrimonial.
La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Hace tres semanas, la investigación avanzó con nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. Entre ellas, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para reunir documentación vinculada a los cargos que ocupó Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
La Justicia también solicitó información sobre las declaraciones juradas presentadas en cada una de las funciones públicas que desempeñó, además de datos relacionados con salarios, retenciones y actos administrativos vinculados a sus nombramientos.
Según el dictamen fiscal, el objetivo es determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados durante el período investigado, que comienza en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió funciones dentro del Poder Ejecutivo nacional.
Como parte de las medidas de prueba, el juez autorizó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador, lo que permitió acceder a información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
En paralelo, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos públicos, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) y el Banco Central.
Los requerimientos incluyen información sobre declaraciones impositivas, bienes registrables, movimientos bancarios, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad, operaciones financieras y eventuales sanciones tributarias. También se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de los viajes realizados por Adorni al exterior y las personas que lo acompañaron.
La última rectificación presentada por el funcionario había introducido modificaciones significativas respecto de la declaración original de 2025. En aquella oportunidad, además de incorporar la herencia por $21 millones, corrigió el detalle de sus deudas.
Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al inicio del período y un pasivo de $57 millones al cierre. Sin embargo, en la versión rectificada sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, por lo que dejó de registrarse un desendeudamiento de $73 millones y pasó a reflejarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
Esa misma presentación mostró un crecimiento patrimonial: el funcionario declaró bienes por $102,7 millones al cierre del período frente a los $62,3 millones informados al comienzo del año.
Entre otros cambios, dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar la titularidad del 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. También mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Más tarde encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados provincial.
El expediente que lo involucra se tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en ambos casos la Justicia analiza la evolución patrimonial, las declaraciones juradas y los movimientos económicos de integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Dejá tu comentario