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La Justicia detectó inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y la fiscalía evalúa pedirle explicaciones

Un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI) advirtió irregularidades en la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y de su pareja. El fiscal Gerardo Pollicita analiza la documentación para definir los próximos pasos de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.


La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo elemento. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó a la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera del exfuncionario y de su pareja, Bettina Angeletti, en el que se detectaron inconsistencias que ahora serán evaluadas por la fiscalía.

El estudio no determina la existencia de un desbalance patrimonial específico ni fija un monto presuntamente injustificado. Sin embargo, sí señala una serie de diferencias que deberán ser analizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien definirá si corresponde solicitar explicaciones sobre el origen de determinados bienes y movimientos económicos.

El informe había sido requerido para reconstruir la situación patrimonial de la pareja desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. La intención era establecer si existían elementos suficientes para avanzar con un eventual requerimiento formal de justificación patrimonial.

Para ello, la DAFI realizó un análisis tanto individual como conjunto del patrimonio familiar. El relevamiento incluyó bienes, inversiones, deudas, créditos, ingresos y disponibilidades económicas al inicio y al cierre de cada período bajo investigación.

Además, el organismo examinó el origen de los fondos utilizados por Adorni y Angeletti, diferenciando ingresos acreditados de movimientos entre cuentas propias, rescates de inversiones, préstamos, reintegros, ventas de activos, conversiones de moneda y otras operaciones financieras que no implicaran un incremento real del patrimonio.

Otro de los ejes del trabajo fue reconstruir el flujo de dinero para compararlo con la compra de bienes, los gastos habituales y extraordinarios, los consumos, las cancelaciones de deudas y los pagos realizados tanto en efectivo como en moneda extranjera.

La investigación también puso bajo la lupa las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el exfuncionario. Los especialistas compararon las distintas presentaciones y sus eventuales rectificaciones para detectar cambios en la valuación de activos y pasivos, el origen declarado de esas variaciones y su impacto sobre el patrimonio.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la operatoria con criptomonedas. El informe incorporó información sobre cuentas y billeteras virtuales para reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, transferencias y permutas de activos digitales, contrastando esos datos con la documentación bancaria, fiscal y patrimonial disponible.

Ese punto cobra especial relevancia por la declaración de Adorni sobre una inversión cercana a los 200.000 dólares en Bitcoin, una operación que motivó nuevas tareas de análisis y demoró la finalización del informe técnico.

La DAFI también revisó la adquisición de bienes, la forma en que fueron financiados y la documentación respaldatoria correspondiente. En los casos en que se invocaron préstamos u otras fuentes de financiamiento, el organismo analizó la capacidad económica de quienes participaron en esas operaciones y verificó la existencia de posibles contradicciones entre escrituras, declaraciones juradas y registros oficiales.

Como parte de su trabajo, el organismo elaboró una reconstrucción anual y acumulada de la evolución patrimonial de Adorni y su grupo familiar. El objetivo fue determinar si los ingresos acreditados resultaban compatibles con los bienes incorporados, los gastos realizados y la cancelación de obligaciones financieras.

La causa continúa en etapa de instrucción y es una de las investigaciones judiciales que enfrenta el exvocero presidencial.

En paralelo, Adorni también es investigado por el viaje que realizó a Punta del Este durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. En ese expediente, la Justicia intenta establecer quién financió el traslado y analizar el vínculo del exfuncionario con el empresario involucrado y los contratos que este habría mantenido con la TV Pública y otros organismos del Estado.

 
 
 

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