La Fiscalía española archivó la denuncia contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales
El Ministerio Público concluyó que los tribunales de España no tienen competencia para investigar los hechos, que habrían ocurrido fuera del país.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional resolvió archivar la querella presentada contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. La decisión se basó en la falta de jurisdicción de la Justicia española, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en el exterior.
La causa se había iniciado a partir de la denuncia de dos exempleadas del artista, quienes aseguraron haber sufrido distintos episodios de abuso mientras trabajaban para él durante 2021. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que los supuestos hechos se produjeron en República Dominicana y Bahamas, por lo que no corresponde la intervención de los tribunales españoles.
En su resolución, la Fiscalía también remarcó que Iglesias, de 82 años, no reside en España ni tiene allí su centro de vida, intereses o actividad habitual, más allá de poseer propiedades inmobiliarias en el país.
El pedido de la defensa y el cierre del expediente
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, había solicitado formalmente el archivo de la causa al considerar que la Justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados. Días antes del cierre del expediente, la defensa había pedido acceso a la denuncia, trámite que finalmente se concretó.
Si bien la investigación periodística que dio a conocer el caso fue publicada a mediados de enero, la Fiscalía ya había comenzado a analizar la presentación semanas antes de resolver su archivo.
Los testimonios que dieron origen a la denuncia
Según la investigación difundida por elDiario.es, una de las denunciantes —identificada con un nombre ficticio— relató haber sufrido abusos sexuales, maltratos físicos y verbales sin su consentimiento mientras trabajaba para el artista en sus residencias del Caribe. La otra exempleada también denunció tocamientos indebidos ocurridos en distintos espacios de la propiedad.
Ambas mujeres describieron un entorno laboral marcado por un fuerte control y situaciones que, según sus testimonios, generaban miedo y sometimiento. No obstante, la Fiscalía aclaró que el archivo de la causa responde exclusivamente a una cuestión de competencia territorial y no a una valoración sobre el contenido de las denuncias.
Con esta resolución, el expediente quedó cerrado en España, aunque no se descarta que las acusaciones puedan ser analizadas por la Justicia de los países donde habrían ocurrido los hechos.
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