La estafa que no fuerza cerraduras
El fraude digital ya es uno de los delitos más denunciados del país. Una mirada sobre el engaño que no fuerza cerraduras —explota la confianza— y sobre cómo la Justicia empezó a mirar también hacia los bancos.
Recibimos, casi a diario, un mensaje que apura. Un correo con el logo del banco que pide "validar los datos". Una llamada preocupada que dice venir de la entidad. Un familiar que escribe desde un número desconocido porque "se le rompió el teléfono" y necesita dinero urgente. Aprendimos a convivir con esas escenas sin advertir que son, todas, la puerta de entrada del delito más característico de nuestro tiempo: la estafa virtual.
Durante 2025 se registraron en el país 50.155 estafas y defraudaciones cometidas con asistencia virtual, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Y la curva no deja de crecer. El delito encontró un escenario nuevo: dejó la vía pública en cierto porcentaje, por la pantalla que llevamos en el bolsillo y que, ingenuamente, confundimos con un refugio.
Lo notable de esta nueva criminalidad es que casi nunca fuerza una cerradura. No lo necesita. Su materia prima no es la violencia sino la confianza, y su herramienta más eficaz no es un programa sofisticado sino una emoción antigua: el apuro, el miedo, el reflejo de obedecer a una voz que se presenta como autoridad. El estafador no vulnera un sistema; nos persuade de que le abramos la puerta nosotros mismos. Por eso sus víctimas no son "distraídas" ni "ingenuas", como suele decirse con cierta crueldad. Son personas a las que se sorprendió en el peor momento, el del apremio.
La ley, con su habitual retraso frente a la tecnología, terminó poniéndose a tono. Desde 2008, la Ley 26.388 incorporó el fraude informático al Código Penal como figura propia —el inciso 16 del artículo 173—, precisamente porque la vieja estafa, pensada para el engaño cara a cara del artículo 172, no alcanzaba a describir a quien manipula un sistema para vaciar una cuenta a distancia. Es un matiz que conviene subrayar: esto es un delito, no un accidente ni una torpeza de la víctima. Y como tal, se denuncia y se investiga; existe, incluso, una fiscalía especializada para hacerlo.
Y, sin embargo, buena parte de estos hechos nunca llega a un expediente. Median la vergüenza de haber "caído", la resignación de suponer que nada se recuperará, la sospecha de que denunciar es un trámite estéril. Ese silencio es, paradójicamente, el mejor aliado del estafador: lo vuelve invisible y le permite repetir el método con el vecino de al lado.
Frente a ese panorama, algo empezó a moverse. Por un lado, el Banco Central viene endureciendo las exigencias de seguridad y validación de identidad que pesan sobre bancos y billeteras, obligándolos a monitorear las operaciones inusuales, y estudia Página 2 de 2 herramientas más drásticas, como un "botón de pánico" que permita congelar las cuentas apenas se sospecha un fraude. Por otro —y es aquí donde el cambio se vuelve más profundo—, la Justicia empezó a correr el eje de la responsabilidad. En los últimos meses, distintos tribunales del país ordenaron a bancos y plataformas devolver el dinero sustraído a sus clientes, e incluso pagar indemnizaciones por daño moral y daño punitivo. En un caso resonante, la Justicia santafesina dispuso que varias entidades restituyeran cerca de treinta millones de pesos a dos víctimas.
El razonamiento de esos fallos merece atención, porque desarma un lugar común. Los jueces vienen sosteniendo que el banco tiene un deber de seguridad reforzado sobre sus plataformas y que, amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, es la entidad —no el usuario— quien debe probar que hizo todo lo posible por impedir el fraude. La lógica es sencilla y contundente: quien lucra con la comodidad de operar en un click no puede trasladarle al cliente todo el riesgo de esa operatoria. Varias sentencias ponderaron, además, la particular vulnerabilidad de las víctimas mayores, poco familiarizadas con el mundo digital. La confianza en el sistema financiero, dicen, es un bien que también hay que proteger.
Ese giro no es un cheque en blanco. La responsabilidad de la entidad no borra la del propio cuidado, y depende, casi siempre, de haber actuado a tiempo: avisar de inmediato, dejar constancia, denunciar. Otra vez el silencio juega en contra, y la velocidad, a favor. Pero el mensaje de fondo es un alivio y una advertencia a la vez: la víctima de una estafa virtual ya no está condenada a soportar sola el perjuicio.
Con todo, ninguna norma ni fallo reemplaza a la última barrera, que sigue siendo humana: la capacidad de detenerse un segundo antes de hacer clic, de desconfiar de la urgencia, de no creer a ciegas en una voz por convincente que suene. En una época que premia la velocidad, esa pausa se volvió un gesto casi contracultural. Tal vez allí, en ese breve instante de duda, resida hoy la verdadera seguridad.
El delito cambió de escenario, pero no de objetivo: sigue buscando el descuido. La diferencia es que ahora entra por un dispositivo íntimo, que sentimos parte de nosotros. Reconocerlo —y saber que la ley empezó a mirar también hacia quienes deben custodiar nuestro dinero— es el primer paso para no abrirle la puerta.
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