Investigan a una constructora argentina por una estafa inmobiliaria: denuncia millonaria y perimetral por amenazar a las víctimas

 
Una empresaria argentina denunció haber sido víctima de una estafa por más de USD 1,4 millones vinculada a un desarrollo inmobiliario en Costa Rica que, según consta en la presentación judicial, nunca se concretó. El caso quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, donde ya se ordenaron medidas de prueba y se dictó una restricción de acercamiento tras una serie de amenazas dirigidas a la denunciante.

De acuerdo con la denuncia, los principales señalados en la causa son los argentinos Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Juan Pablo Issel, quienes habrían participado del desarrollo y comercialización del proyecto. A medida que avanza la investigación, comienza a reconstruirse un entramado que, según el expediente, combinó una presentación profesional —con renders, planos y promesas de alta rentabilidad— con una ejecución que no se materializó.

La inversión fue realizada en dos líneas del emprendimiento: “Air Tesoro”, que ofrecía unidades tipo departamento orientadas al alquiler turístico, y “Air Homes”, un desarrollo de viviendas bajo el mismo esquema en una de las zonas más atractivas de Tamarindo, Costa Rica. Ambos eran presentados como parte de un mismo masterplan inmobiliario, con fuerte proyección de valorización y retorno en dólares.

En total, la inversión alcanzó los USD 1.453.400, mediante transferencias que se encuentran documentadas en el expediente. Los aportes comenzaron al menos desde 2022, con la promesa de un desarrollo por etapas que avanzaría en el corto plazo y permitiría recuperar la inversión en pocos meses.

Sin embargo, los avances nunca se concretaron. El año pasado se produjo el punto de quiebre, cuando la víctima viajó a Costa Rica para ver en persona el desarrollo en el que había invertido más de un millón de dólares. Según la denuncia, lo que encontró fue un escenario completamente distinto al prometido: no había obra.

En la denuncia se afirma que tampoco se habría formalizado la participación prometida ni se habría restituido el dinero invertido. Tras los primeros reclamos, los desarrolladores habrían propuesto la firma de un nuevo acuerdo que implicaba desistir de futuras acciones legales y liberarlos de responsabilidad.

La situación escaló cuando comenzaron los episodios de amenazas. De acuerdo con la denuncia, Rodrigo Rossetto comenzó a hostigar a la víctima en su vida cotidiana, con apariciones reiteradas en lugares que frecuentaba. En uno de los episodios, la interceptó mientras se encontraba dentro de su vehículo, golpeó la ventanilla y le exigió que desistiera de las acciones judiciales.

Siempre según la denuncia, las intimidaciones no se limitaron a un hecho aislado: incluyeron mensajes y advertencias vinculadas directamente al avance de la causa, lo que generó un estado de temor en la denunciante y motivó la intervención judicial. En ese contexto, el juzgado dictó una medida cautelar que prohíbe a Rossetto acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

En paralelo, el juzgado ordenó un allanamiento en una oficina de la Ciudad de Buenos Aires vinculada al proyecto, con el objetivo de secuestrar documentación, registros contables y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el circuito de las inversiones.

A medida que avanza la causa, también comienza a tomar forma el entramado societario detrás del proyecto. En el expediente aparecen firmas como Air Tesoro S.A., Air Homes Dos S.A. y Sanoara, vinculadas a la comercialización y desarrollo del emprendimiento.Y su subsidiaria en Argentina, Ara Homes, de la cual uno de los sus socios estuvo preso por trata de personas.

Según surge de la denuncia, tanto el proyecto “Air Homes” como “Air Tesoro” eran promocionados con renders de alto nivel que se exhibían en sus respectivas plataformas y que incluso fueron subidos a Google Maps, donde los desarrollos aparecen geolocalizados como si ya estuvieran terminados. Sin embargo, al observar ambas ubicaciones en modo satelital, no se registran construcciones: en todos los casos se trata de terrenos baldíos.

Además, siempre según los denunciantes, las direcciones consignadas en la plataforma no coincidirían con la ubicación real de los supuestos emprendimientos. Las imágenes visibles corresponden a los propios renders del proyecto y no a fotografías reales del lugar. En el expediente también aparece mencionada Damasia Fernández Gorgolas, quien reside en Costa Rica y está vinculada a la operatoria local del desarrollo, considerada por los denunciantes como la pata local del esquema.

En paralelo, las víctimas iniciaron acciones judiciales en Costa Rica vinculadas al mismo desarrollo, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

Fuera del expediente, allegados al caso señalaron que los denunciantes habilitaron un canal de contacto para que otras personas que consideren haber sido afectadas puedan aportar información, a través del correo estafadosgorgolas@gmail.com

La causa se encuentra en etapa inicial y busca determinar si los hechos configuran un delito de estafa. Mientras tanto, la investigación suma elementos y podría escalar a medida que se incorporen nuevas pruebas y posibles damnificados.