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Insólito: un empresario arregló una colectora y Vialidad Nacional le ordenó destruir la obra

El dueño de un hotel sobre la autopista Rosario-Córdoba reparó por cuenta propia un tramo deteriorado de la colectora para mejorar el acceso al complejo. Meses después, Vialidad Nacional lo intimó a devolver el camino a su estado original por no contar con autorización definitiva.


Un insólito conflicto se desató en Santa Fe luego de que un empresario decidiera reparar por sus propios medios un tramo deteriorado de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba y terminara siendo intimado por Vialidad Nacional para deshacer la obra realizada.

El protagonista del caso es Néstor Rozín, CEO del complejo hotelero Sol de Funes, actualmente denominado Radisson RED Funes, ubicado a la altura del kilómetro 307,5 de la autopista. Según explicó, tomó la decisión de intervenir el camino ante el mal estado de la colectora y la falta de respuestas oficiales a sus reiterados reclamos.

“Estábamos padeciendo el problema de la calle y del camino de tierra. Habíamos pedido durante mucho tiempo que lo repararan porque ya no se podía transitar”, sostuvo el empresario en declaraciones a medios locales.

Frente a la demora de las obras, Rozín contrató maquinaria y consiguió materiales para realizar tareas de bacheo y mejoramiento del acceso al hotel, un tramo utilizado diariamente por trabajadores, proveedores, huéspedes y vecinos de la zona.

Sin embargo, meses después recibió una carta documento enviada por Vialidad Nacional en la que el organismo le exige remover la reparación y devolver la traza “a su estado original” en un plazo de diez días. El argumento oficial es que la intervención se realizó sin contar con la autorización técnica definitiva sobre una vía que se encuentra bajo jurisdicción nacional.

Desde el organismo señalaron que el problema no pasa únicamente por haber intervenido una ruta nacional, sino porque la documentación presentada por el hotel no habría sido aprobada completamente y los trabajos ejecutados superaron lo inicialmente informado.

Además, remarcaron que este tipo de obras requieren controles técnicos vinculados a materiales, compactación, drenaje y seguridad vial para evitar riesgos futuros.

Rozín cuestionó la decisión y consideró contradictorio que el Estado exija accesibilidad al complejo, pero al mismo tiempo impida realizar mejoras en un camino deteriorado. “Cuando el privado invierte para solucionar un problema, después lo persiguen”, sostuvo.

El empresario también recordó que, al momento de iniciar las tareas, personal de Vialidad intentó detener los trabajos, aunque finalmente permitió que continuaran tras varias horas de conversaciones. Aun así, tiempo después llegó la intimación formal.

El caso generó debate en la provincia y despertó críticas por la decisión de ordenar la destrucción de una obra que, según vecinos y usuarios de la zona, mejoró notablemente la circulación y el acceso al complejo hotelero.

Mientras tanto, Rozín aseguró que buscará revertir la medida y expresó su confianza en alcanzar una solución con las autoridades nacionales.

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