Inmigración, imprevisión y cruzadas morales
* Marcelo R. Lascano. La responsabilidad de los acontecimientos desatados en Villa Soldati durante los últimos días no es un hecho casual e imprevisible. Todo es resultado de la imprevisión política.
La responsabilidad de los acontecimientos desatados en Villa Soldati durante los últimos días no es un hecho casual e imprevisible. Todo es resultado de la imprevisión política que no sólo alcanza al Gobierno Nacional, sino también a toda, o casi toda, la clase política argentina, que desde hace tiempo parece entretenida con otras tareas de menor importancia estratégica, o tras quimeras que ni siquiera congregan entusiasmos o adhesiones.
La Auditoría General de la Nación ha denunciado un manejo irresponsable del tema que nada tiene que ver con actitudes xenófobas, sino con la observancia de previsiones mínimas que en todos los países contemplan los criterios de admisión, precisamente para conjurar efectos indeseados como los registrados en el vecindario aludido y en sus alrededores. La respuesta oficial tardía y la ausencia de alternativas por parte de la oposición constituyen testimonios irrefutables del vacío que suele ser progenitor de caos.
Me asiste el derecho de queja, porque hace tiempo he publicado notas en un par de diarios de circulación masiva, reclamando urgentes acciones políticas orientadas a poner orden en el régimen de admisión de extranjeros. Para evitar suspicacias, puntualicé la experiencia comparada con particular referencia a las normas que rigen en la Unión Europea, paradójicamente, un ámbito con fuertes necesidades de mano de obra para compensar las bajas tasas de expansión demográfica nativas.
Para confirmar que no existen restricciones arbitrarias entre nosotros, es oportuno recordar que en el Viejo Mundo se ha establecido un documento de identidad biométrico que asegura quién es quién, además de exigencias sanitarias, certificados de buena conducta y certificación de aptitudes profesionales, de manera de satisfacer las demandas comprobadas del mercado de trabajo en el país receptor. A nadie se le ha ocurrido cuestionar esos recaudos o confundirlos con giros antidemocráticos, xenofobia o discriminaciones. Las interpelaciones cuando se presentan podrían alinearse con respetables cruzadas morales, más no identificarse con fantasiosas arbitrariedades que pueden profundizar problemas existentes.
En otra ocasión hemos señalado la magnitud de los grupos poblacionales y las carencias elementales en villas instaladas en la Capital Federal. El abordaje ha seguido sin respuestas estatales ordenadoras con el agravante de que del medio millón de ingresos registrado en el último quinquenio un 75% se instaló en el Gran Buenos Aires donde los servicios sanitarios y educativos, más la provisión de agua potable, desagües, seguridad y pautas de convivencia no son ejemplares. En semejante contexto, parece inobjetable establecer un orden mínimo que satisfaga todos los intereses.
La falta de viviendas y el hacinamiento, el desempleo, subempleo y la informalidad laboral, la inseguridad ciudadana junto con ostensibles bolsones de pobreza y marginalidad, constituyen argumentos suficientes, no para esconder arbitrariedades, sino para formular un sistema de gestión que contemple todos los intereses, como por lo demás ya hacen los países limítrofes, para evitar la profundización de arraigadas debilidades sociales. El tema es de tal urgencia que si no se lo encara debidamente, un aluvión de gente desesperada incursionara sin porvenir en nuestra geografía.
La energía que se gasta en cruzadas morales que son válidas en el mundo de los principios más no con finalidades oportunistas, habría que orientarla políticamente para concretar un criterio de admisión que contemple nuestra seguridad y las necesidades de nuestra economía real, según resulta de una lógica elemental para no seguir malogrando la vida de la gente que todavía no ha optado por la emigración. Las apelaciones a la Constitución para justificar abusos no pueden desconocer que los derechos, los de los inmigrantes incluidos, están sujetos a su reglamentación. Entonces hablar de xenofobia parece inadecuado en un contexto libertario como el que registra nuestra experiencia.
Cuando la misma expresión parte desde el núcleo del poder con referencia a grupos nacionales determinados, ello puede significar una desventaja ante eventuales conflictos y dificultar nuestra futura posición negociadora internacional. Aquí la prudencia no debe quedar condicionada por intereses oportunistas cuyas consecuencias la diplomacia argentina conoce sobradamente.