Impuesto al campo y teoría de los juegos
Tres participantes acaban de finalizar una hora de preguntas, respuestas y pruebas varias, gracias a lo cual han logrando amasar 115.000 libras esterlinas (unos 800.000 pesos)...
Sería para comenzar a descorchar champagne si no fuera porque el programa tiene un atractivo especial. Antes de hacerse del dinero, la producción les informa que el pozo no se repartirá en partes iguales, sino que el botín mayor ascenderá a 69.400 libras ($485.000), la segunda tajada será 34.700 unidades de la moneda inglesa ($243.000) y el premio consuelo de 11.655 esterlinas ($81.500) quedará para el tercero.
La gracia del juego es que los tres participantes disponen de 100 segundos para decidir quién se queda con la valija más grande, quién se resigna al segundo monto y quién deberá sacrificarse y llevarse el premio menor.
Más aún, cada segundo que pasa sin que se llegue a un acuerdo, el pozo total se reduce en un 1%, de suerte tal que si al cabo de los 100 segundos los participantes no han logrado llegar a un acuerdo, pues todo el dinero se habrá escurrido como la arena de un reloj y deberán marcharse a casa con los bolsillos vacios.
En teoría de los juegos, se conoce a esta situación como un Chicken Game, que traducido al castellano sería algo así como el Juego de la Gallina, en el que se busca ver quién tiene más agallas, o quién "arruga" primero.
En este tipo de juegos de interacción, la estrategia óptima pasa por apurarse a anunciar una oferta final de manera creíble y pasarle la presión al otro participante que no tiene más alternativa que aceptar, puesto que de otro modo pierden todos.
Una situación muy parecida a esta se está generando en la provincia de Buenos Aires a partir del intento de reforma del impuesto inmobiliario rural, por parte del Gobierno.
LA TIERRA Y LA RENTA
En principio se trata de una propuesta muy razonable, pues como nos explica Nuñez Miñana en su famoso libro de Finanzas Públicas, la tierra libre de mejoras genera una renta que va más allá del esfuerzo realizado por un productor particular. Miñana nos recuerda que David Ricardo hablaba del "poder originario e indestructible de la tierra" para referirse a esa renta.
En resumen: si por ejemplo un productor siembra un campo en Magdalena con la mejor tecnología disponible y obtiene 3 toneladas de soja, mientras que otro hace lo propio en tierras de Pergamino y usando la misma tecnología, con el mismo esfuerzo y similar inversión obtiene 7 toneladas, pues resulta evidente que la naturaleza ha sido más generosa con un campo que con el otro, permitiéndole producir 4 toneladas extras que nada tienen que ver con el esfuerzo del productor.
Así, cuando existe una renta ricardiana, como sucede también en la actividad petrolera y minera, es justo y razonable que el Estado busque captarla y socializarla.
El problema entonces no es la propuesta de revalúo fiscal de las tierras. El problema es el contexto.
NUMEROS DE LA PROVINCIA
Lo cierto es que el Presupuesto de Gastos de la Provincia pasó de $34.905 millones en 2008 a $113.852 millones en 2012. Ok, hubo una inflación del orden del 112% en el período (40% según Indec), pero aún considerando el incremento de los precios, el aumento real del gasto fue del 53,8%
Al mismo tiempo, los recursos sólo crecieron un 32,9% en términos reales, por lo que no se necesita ser economista para darse cuenta de que la Provincia tiene un serio problema financiero.
Por otro lado, el inmobiliario rural realmente es insignificante para la caja de la Provincia, puesto que representa sólo el 2% de los recursos de origen provincial, por lo que la movida legislativa para aprobar el revalúo es únicamente comprensible si se trata de un método para presionar a la Nación para que envíe más fondos.
PUJA CON LA NACION
Coincidente con esta hipótesis de que la Provincia y la Nación están jugando un Chicken Game por los recursos, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, rompió su habitual silencio esta semana diciendo que en rigor la Provincia ya puede efectuar el revaluó gracias al artículo 92 de la Ley Fiscal que dice que "... el Poder Ejecutivo dispondrá la realización del revalúo general inmobiliario de la Provincia, a través de la Autoridad de Aplicación".
Un trabajo de los economistas León Salim, Carlos Mongan, Manuel Lombardi y Julián Barberis, confirma que el Gobierno ya usó antes un instrumento jurídico similar, cuando dicen que "un ajuste de relevancia se implementó a partir de 2006, donde la Ley Impositiva estableció que el monto del Impuesto Inmobiliario rural surja del cálculo conjunto de una alícuota estipulada de acuerdo al valor de la propiedad y un índice elaborado por el ministerio de Asuntos Agrarios, según las condiciones de productividad de la zona en que se encuentre ubicada la propiedad".
En el episodio del programa que mencioné al inicio de la nota, los participantes tardaron 77 segundos en llegar a un trato, de modo que sólo quedaba para repartir el 23% del botín inicial.
Si la Provincia y la Nación no llegan pronto a un acuerdo sobre los recursos, las consecuencias en materia de producción y actividad económica regional serán igual de calamitosas.
La gracia del juego es que los tres participantes disponen de 100 segundos para decidir quién se queda con la valija más grande, quién se resigna al segundo monto y quién deberá sacrificarse y llevarse el premio menor.
Más aún, cada segundo que pasa sin que se llegue a un acuerdo, el pozo total se reduce en un 1%, de suerte tal que si al cabo de los 100 segundos los participantes no han logrado llegar a un acuerdo, pues todo el dinero se habrá escurrido como la arena de un reloj y deberán marcharse a casa con los bolsillos vacios.
En teoría de los juegos, se conoce a esta situación como un Chicken Game, que traducido al castellano sería algo así como el Juego de la Gallina, en el que se busca ver quién tiene más agallas, o quién "arruga" primero.
En este tipo de juegos de interacción, la estrategia óptima pasa por apurarse a anunciar una oferta final de manera creíble y pasarle la presión al otro participante que no tiene más alternativa que aceptar, puesto que de otro modo pierden todos.
Una situación muy parecida a esta se está generando en la provincia de Buenos Aires a partir del intento de reforma del impuesto inmobiliario rural, por parte del Gobierno.
LA TIERRA Y LA RENTA
En principio se trata de una propuesta muy razonable, pues como nos explica Nuñez Miñana en su famoso libro de Finanzas Públicas, la tierra libre de mejoras genera una renta que va más allá del esfuerzo realizado por un productor particular. Miñana nos recuerda que David Ricardo hablaba del "poder originario e indestructible de la tierra" para referirse a esa renta.
En resumen: si por ejemplo un productor siembra un campo en Magdalena con la mejor tecnología disponible y obtiene 3 toneladas de soja, mientras que otro hace lo propio en tierras de Pergamino y usando la misma tecnología, con el mismo esfuerzo y similar inversión obtiene 7 toneladas, pues resulta evidente que la naturaleza ha sido más generosa con un campo que con el otro, permitiéndole producir 4 toneladas extras que nada tienen que ver con el esfuerzo del productor.
Así, cuando existe una renta ricardiana, como sucede también en la actividad petrolera y minera, es justo y razonable que el Estado busque captarla y socializarla.
El problema entonces no es la propuesta de revalúo fiscal de las tierras. El problema es el contexto.
NUMEROS DE LA PROVINCIA
Lo cierto es que el Presupuesto de Gastos de la Provincia pasó de $34.905 millones en 2008 a $113.852 millones en 2012. Ok, hubo una inflación del orden del 112% en el período (40% según Indec), pero aún considerando el incremento de los precios, el aumento real del gasto fue del 53,8%
Al mismo tiempo, los recursos sólo crecieron un 32,9% en términos reales, por lo que no se necesita ser economista para darse cuenta de que la Provincia tiene un serio problema financiero.
Por otro lado, el inmobiliario rural realmente es insignificante para la caja de la Provincia, puesto que representa sólo el 2% de los recursos de origen provincial, por lo que la movida legislativa para aprobar el revalúo es únicamente comprensible si se trata de un método para presionar a la Nación para que envíe más fondos.
PUJA CON LA NACION
Coincidente con esta hipótesis de que la Provincia y la Nación están jugando un Chicken Game por los recursos, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, rompió su habitual silencio esta semana diciendo que en rigor la Provincia ya puede efectuar el revaluó gracias al artículo 92 de la Ley Fiscal que dice que "... el Poder Ejecutivo dispondrá la realización del revalúo general inmobiliario de la Provincia, a través de la Autoridad de Aplicación".
Un trabajo de los economistas León Salim, Carlos Mongan, Manuel Lombardi y Julián Barberis, confirma que el Gobierno ya usó antes un instrumento jurídico similar, cuando dicen que "un ajuste de relevancia se implementó a partir de 2006, donde la Ley Impositiva estableció que el monto del Impuesto Inmobiliario rural surja del cálculo conjunto de una alícuota estipulada de acuerdo al valor de la propiedad y un índice elaborado por el ministerio de Asuntos Agrarios, según las condiciones de productividad de la zona en que se encuentre ubicada la propiedad".
En el episodio del programa que mencioné al inicio de la nota, los participantes tardaron 77 segundos en llegar a un trato, de modo que sólo quedaba para repartir el 23% del botín inicial.
Si la Provincia y la Nación no llegan pronto a un acuerdo sobre los recursos, las consecuencias en materia de producción y actividad económica regional serán igual de calamitosas.