Deportes
Horror en el fútbol: la trama detrás de los jóvenes prostituidos
La Guardia Civil liberó a los siete jóvenes -entre los que había un menor edad argentino- en los últimos días, que habían llegado a Cádiz para probarse en clubes pero eran sometidos sexualmente.
Siete jóvenes sudamericanos de entre 17 y 22 años habían llegado a Cádiz, al sur de España, para cumplir el sueño de ser futbolistas. Nadie les había advertido que se toparían con una pesadilla. Habían sido captados en sus países de origen por supuestos ojeadores de talentos: el menor es argentino y el resto de los muchachos involucrados serían de procedencia colombiana. La organización, que obligó a iniciar una investigación también en Sudamérica para conocer a los nexos existentes en esta parte del océano, les ofrecía hospedaje y pruebas seductoras en clubes de fútbol. Cuando llegaban, se topaban con un manejo perverso: los obligaban a prostituirse para poder subsistir.
La luz de alerta se encendió entre los vecinos de la ciudad, que veían habitualmente a esos siete muchachos y los definieron como “tímidos” y “educados”. El “estado de alarma” que decretó el gobierno español ante el avance de la pandemia por el coronavirus fue la punta de lanza. El Servicio Social del Ayuntamiento de Prado del Rey realizó un seguimiento de todas las personas que pudieran estar expuestas a un estado de vulnerabilidad durante el período de confinamiento. Notaron comportamientos extraños, anomalías. La Guardia Civil decidió iniciar una investigación para comprender qué estaba ocurriendo con el tema, aunque pidieron que continuará todo el pueblo en su vida normal para no levantar sospechas.
“Los investigadores descubrieron cómo la organización enviaba sus captores a diferentes países de Sudamérica con el objetivo de reclutar jóvenes en buena forma física. Una vez contactados, les prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España, siempre relacionado con las profesiones que tenían en su país de origen”, resumió la Guardia Civil en el informe que publicó el miércoles, tras detener a tres personas implicadas con el caso y liberar a los siete muchachos.
El diario local, La Voz Digital, advierte que los jóvenes eran parte de un equipo amateur de la zona y durante el confinamiento continuaron entrenándose en la azotea de esa construcción de dos pisos donde vivían en condiciones de hacinamiento. Entre los detenidos, advierte el citado medio, está un entrenador de ese combinado juvenil. El fútbol era el denominador común entre ellos, inclusive habían tenido pruebas en clubes de Madrid como Leganés o Getafe sin suerte.
Otro factor común entre los chicos que emigraron hacia España era el origen humilde en sus países, según identificó la Guardia Civil. “Para evitar sospechas, la organización obligaba a las víctimas a pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían ya en nuestro país. Las familias de los siete jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas –con cobros de intereses desorbitados- para pagar el viaje”, informaron las autoridades sobre la punta de ovillo del caso.
El siguiente paso se desarrollaba ya en el aeropuerto, donde los pasaban a buscar para evitar sospechas y los trasladaban rápidamente hacia Prado del Rey. A ese pequeño punto en el mapa español, explicaron los medios locales, había arribado hacia fines del 2019 uno de los involucrados (identificado como J.) con la intención de darle vida a un Centro de Alto Rendimiento con la finalidad de utilizar algunas instalaciones municipales para entrenar. Semanas más tarde, aterrizaron los muchachos al pequeño pueblo que ostenta a la “ciudad romana de Iptuci” –situada al sur de la localidad– como su “más emblemático legado histórico”. La pesadilla para ellos en ese lugar perduró durante un espacio cercano a los siete meses.
Una vez allí, el terror comenzaba a aparecer para los chicos. Los líderes de la organización criminal le quitaban la documentación y el dinero “para controlarles en todo momento”. Los tenían hacinados en una sola vivienda de ese pueblo que tiene como su principal factor de producción la industria artesana de la marroquinería. “Sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndoles en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir”, explicaron las autoridades.
Una vez generado este terreno hostil, iniciaban el siguiente capítulo de perversión: “La alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales, que era gestionado y controlado por el líder de la organización”, detalló la Guardia Civil que nombró como operación Promises al proceso policial llevado a cabo.
Esos contactos virtuales tenían su desenlace con “encuentros sexuales” que se llevaban a cabo en diversas localidades de la provincia de Cadiz, a la cual también pertenece Prado del Rey. Los proxenetas tenían todo bajo su control: llevaban a las víctimas, esperaban en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba y apenas buscaban a los muchachos les quitaban el dinero que les habían pagado. El círculo infame se cerraba con el hostigamiento psicológico para desalentar cualquier tipo de denuncia: los amenazaban con contarle a sus familiares en Sudamérica y “consolidaban su posición de dominio y abuso”.
“Todos los vecinos estamos muy consternados. Los jóvenes están totalmente atendidos y esperemos que la Justicia ponga a cada uno en su lugar y a estos chavales le den su oportunidad con la idea de que ellos vinieron a España para cumplir su sueño de ser deportistas de elite. Creo que merecen una oportunidad y por ello hago un llamamiento a quien corresponde para que los ayude”, rogó la alcaldesa de Prado del Rey Vanesa Beltrán Morales horas después de conocerse la liberación de los chicos sudamericanos que hasta el momento se encuentran bajo la asistencia estatal del país europeo.
La luz de alerta se encendió entre los vecinos de la ciudad, que veían habitualmente a esos siete muchachos y los definieron como “tímidos” y “educados”. El “estado de alarma” que decretó el gobierno español ante el avance de la pandemia por el coronavirus fue la punta de lanza. El Servicio Social del Ayuntamiento de Prado del Rey realizó un seguimiento de todas las personas que pudieran estar expuestas a un estado de vulnerabilidad durante el período de confinamiento. Notaron comportamientos extraños, anomalías. La Guardia Civil decidió iniciar una investigación para comprender qué estaba ocurriendo con el tema, aunque pidieron que continuará todo el pueblo en su vida normal para no levantar sospechas.
“Los investigadores descubrieron cómo la organización enviaba sus captores a diferentes países de Sudamérica con el objetivo de reclutar jóvenes en buena forma física. Una vez contactados, les prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España, siempre relacionado con las profesiones que tenían en su país de origen”, resumió la Guardia Civil en el informe que publicó el miércoles, tras detener a tres personas implicadas con el caso y liberar a los siete muchachos.
El diario local, La Voz Digital, advierte que los jóvenes eran parte de un equipo amateur de la zona y durante el confinamiento continuaron entrenándose en la azotea de esa construcción de dos pisos donde vivían en condiciones de hacinamiento. Entre los detenidos, advierte el citado medio, está un entrenador de ese combinado juvenil. El fútbol era el denominador común entre ellos, inclusive habían tenido pruebas en clubes de Madrid como Leganés o Getafe sin suerte.
Otro factor común entre los chicos que emigraron hacia España era el origen humilde en sus países, según identificó la Guardia Civil. “Para evitar sospechas, la organización obligaba a las víctimas a pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían ya en nuestro país. Las familias de los siete jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas –con cobros de intereses desorbitados- para pagar el viaje”, informaron las autoridades sobre la punta de ovillo del caso.
El siguiente paso se desarrollaba ya en el aeropuerto, donde los pasaban a buscar para evitar sospechas y los trasladaban rápidamente hacia Prado del Rey. A ese pequeño punto en el mapa español, explicaron los medios locales, había arribado hacia fines del 2019 uno de los involucrados (identificado como J.) con la intención de darle vida a un Centro de Alto Rendimiento con la finalidad de utilizar algunas instalaciones municipales para entrenar. Semanas más tarde, aterrizaron los muchachos al pequeño pueblo que ostenta a la “ciudad romana de Iptuci” –situada al sur de la localidad– como su “más emblemático legado histórico”. La pesadilla para ellos en ese lugar perduró durante un espacio cercano a los siete meses.
Una vez allí, el terror comenzaba a aparecer para los chicos. Los líderes de la organización criminal le quitaban la documentación y el dinero “para controlarles en todo momento”. Los tenían hacinados en una sola vivienda de ese pueblo que tiene como su principal factor de producción la industria artesana de la marroquinería. “Sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndoles en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir”, explicaron las autoridades.
Una vez generado este terreno hostil, iniciaban el siguiente capítulo de perversión: “La alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales, que era gestionado y controlado por el líder de la organización”, detalló la Guardia Civil que nombró como operación Promises al proceso policial llevado a cabo.
Esos contactos virtuales tenían su desenlace con “encuentros sexuales” que se llevaban a cabo en diversas localidades de la provincia de Cadiz, a la cual también pertenece Prado del Rey. Los proxenetas tenían todo bajo su control: llevaban a las víctimas, esperaban en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba y apenas buscaban a los muchachos les quitaban el dinero que les habían pagado. El círculo infame se cerraba con el hostigamiento psicológico para desalentar cualquier tipo de denuncia: los amenazaban con contarle a sus familiares en Sudamérica y “consolidaban su posición de dominio y abuso”.
“Todos los vecinos estamos muy consternados. Los jóvenes están totalmente atendidos y esperemos que la Justicia ponga a cada uno en su lugar y a estos chavales le den su oportunidad con la idea de que ellos vinieron a España para cumplir su sueño de ser deportistas de elite. Creo que merecen una oportunidad y por ello hago un llamamiento a quien corresponde para que los ayude”, rogó la alcaldesa de Prado del Rey Vanesa Beltrán Morales horas después de conocerse la liberación de los chicos sudamericanos que hasta el momento se encuentran bajo la asistencia estatal del país europeo.
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