Hacia donde va la Justicia
* Carlos Altuve. Quienes trabajamos en el Poder Judicial no podemos más que observar con agrado el trabajo planificado y consciente que ha desarrollado en los últimos tres años el Estado Provincial y que ha comenzado ya a dar frutos tangibles.
Quienes desde hace décadas trabajamos en el Poder Judicial de la Provincia y hemos visto pasar a varias gestiones de gobierno tratando de dar respuestas a la ciudadanía en un tema tan sensible como es el funcionamiento de la justicia penal, no podemos más que observar con agrado el trabajo planificado y consciente que ha desarrollado en los últimos tres años el Estado Provincial y que ha comenzado ya a dar frutos tangibles.
Muy pocos años atrás, parecía una quimera pensar en una justicia ágil y eficiente, que dé certeza y respuestas oportunas a quienes se encuentran involucrados en un proceso penal como víctimas o victimarios. Hoy no suele ser noticia, pero casi la mitad de los procesos penales de la Provincia se resuelven en plazos promedios de 30 a 40 días a través del trámite simplificado de flagrancia en el que la rapidez no impide el respeto pleno de todas las garantías.
No hay política de seguridad efectiva si no va acompañada del diseño de una política judicial seria y, en este sentido, la Provincia de Buenos Aires ha sido dotada durante la presente gestión ministerial de una serie de herramientas cuyo origen ha sido siempre el diálogo y el consenso y que han producido cambios de verdadera relevancia en el funcionamiento diario de la Justicia.
Hacia fines del año 2006 la noticia recurrente era el colapso de la Justicia, con agendas de juicio en los tribunales orales que indicaban que si un imputado quería hacer uso de su derecho de ser juzgado en audiencia oral y pública, debía esperar al menos 6 ó 7 años contados desde que la causa llegaba al tribunal. Hoy la ley ha impuesto plazos breves para concretar el juicio y el reordenamiento que se ha gestado en la justicia penal hace que los mismos lleguen en tiempos sensiblemente menores.
Desde la reforma integral al Código Procesal Penal, para cuya redacción final se dio participación a todos los magistrados de la Provincia, hasta leyes que parecen más instrumentales -como la que crea el cuerpo de magistrados suplentes- pero que, en definitiva, permiten superar obstáculos reales y concretos que debe enfrentar la justicia en su quehacer cotidiano, han dado al Poder Judicial una nueva impronta que le permite estar a la altura de las expectativas sociales.
El respeto y reconocimiento pleno de los derechos de la víctimas ha encontrado también en la Provincia no sólo soluciones prácticas desde la gestión, con el compromiso del Colegio Público de
Abogados en la representación gratuita de los damnificados, sino que se ha dado además un estatuto legislativo que tiene la virtud de proteger con total amplitud los intereses de las víctimas -reconociéndoles la facultad de acusar en forma autónoma- pero sin alterar ni restringir los derechos y garantías de su contraparte en el proceso.
La imposición de plazos fatales para la realización de los juicios orales, junto a la creación de las Secretarías de Gestión ordenadas a garantizar la efectiva realización de los mismos, se ha completado con una serie de reformas que han racionalizado la competencia y ampliado la integración del Tribunal de Casación Penal, modificaciones que no sólo fueron prudentes y equilibradas sino que, además, tuvieron la virtud de llegar siempre en el momento oportuno.
La independencia y autonomía de la Justicia, como garantías orientadas a dar seguridad jurídica a los ciudadanos, no se construye sólo desde el discurso y, en ese sentido, el gobierno provincial ha dado muestras más que suficientes designando en menos de tres años de gestión a más de 600 defensores, jueces y fiscales que hoy se encuentran al servicio de la ciudadanía.
No existe país en el mundo que haya logrado implementar una política de seguridad exitosa sin una verdadera planificación que considere a la Justicia como una institución central y parta de reconocer que la realidad del delito obedece a una pluralidad de factores concurrentes que, en consecuencia, exigen del Estado un abordaje integral.
Y en este sentido, es claro que la fusión de las carteras ministeriales de Seguridad y Justicia ha motivado además el desarrollo de una visión de conjunto en el que las políticas judiciales armonizan con el cúmulo de intervenciones específicas por el que transita el abordaje integral explicitado en el bloque para la seguridad ciudadana.
(*) Fiscal de Casación Penal