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Hablemos de la "caja"

Todas las invitaciones presidenciales al diálogo evitan cuidadosamente cualquier alusión a un reparto más equitativo y menos extorsivo de la coparticipación federal.

Tan importante como las seguridades dadas por José Manuel de la Sota, gobernador electo de la provincia, en el sentido de que reformará el sistema previsional y buscará el mismo acuerdo que rige hasta hoy para el financiamiento nacional a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, es su intención de proponer la apertura de una discusión sobre la coparticipación federal de impuestos. Porque este es un tema que desde hace años condiciona la autarquía y mutila la autonomía de los estados provinciales.

La vulnerabilidad financiera de las provincias es la fortaleza del poder central. Con presiones, extorsiones y retenciones de partidas, el Gobierno nacional arrasó con el federalismo e hizo prevalecer su proyecto hegemónico. Todas las invitaciones presidenciales al diálogo omiten cuidadosamente la mención de la "caja". Es obvio.

El kirchnerismo no ha cancelado ni atenuado un solo mecanismo de apropiación de los recursos provinciales implantado por el ayer denostado Carlos Menem, hoy sorprendente compañero de ruta. Tampoco ha revisado el compromiso promovido por su también cuestionado Eduardo Duhalde: la obligación de las provincias de ceder el 15 por ciento de lo que les correspondía por coparticipación federal para fortalecer a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De los dineros transferidos a la Anses desde 2000, el 40 por ciento provino del Tesoro nacional, uno por ciento de aportes extraordinarios y el 58 por ciento de las provincias. En total, más de 100 mil millones de pesos. Pese a haberse incautado de los fondos de las administraciones de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y disponer la Anses de un gigantesco caudal de recursos que le permite financiar hasta el más extravagante de sus asistencialismos y subsidios electoralistas, el Gobierno nacional no renuncia a ese aporte.

Ese 15 por ciento no es la única contribución de las provincias al poder central. Están vigentes otras disposiciones, como la ley 23.966, que estableció que el 11 por ciento de la recaudación del impuesto al valor agregado se aplique a financiar el régimen de previsión social, con la asignación del 90 por ciento de su producido al sistema nacional y el 10 por ciento a las cajas provinciales.

El decreto 879/92 afectó el 20 por ciento del Impuesto a las Ganancias para atender las obligaciones previsionales nacionales, y la ley 24.977 creó el monotributo, el 70 por ciento de cuyo producido se destina a la Anses; la 25.239 entrega a esta el 10 por ciento de lo producido por el impuesto adicional sobre los cigarrillos, y la 24.699 asigna al financiamiento del sistema integrado de jubilaciones y pensiones el 21 por ciento de lo que se recauda por gravámenes específicos a combustibles líquidos y el ciento por ciento de impuestos que graven gasoil, dieseloil, querosén y gas natural comprimido. Y hay más leyes y decretos, todos del mismo estilo esquilmante.