Gato sin garras no caza ratones
*Por Roberto Delgado. El mismo encargado del operativo municipal que el jueves dijo que ayer volverían a la acción salió a desistir diciendo que no tenían garantía de apoyo policial.
Miguel Angel Díaz había quedado escaldado tras haber recibido golpes e insultos y haberse quejado de que los agentes de seguridad no reaccionan cuando -dice- los atacan los ambulantes. De modo que el operativo del jueves, con escaramuzas, corridas, golpeados (hasta un peatón resultó lesionado), al igual que los operativos de marzo, de diciembre o de cada tiempo de fiesta. "No entendemos qué quiere la comunidad. La gente se queja de los ambulantes y luego, cuando actuamos, sala a favor de ellos... al final, tenemos que luchar contra el infractor y contra el público", sentencia Díaz.
No entendemos. Ahí está la clave del problema estructural que tiene la Municipalidad para aplicar la ley. Cuestionada la autoridad de sus agentes -acusados de coimeros por cualquiera y en cualquier ocasión-, abandonados por el Gobierno provincial (recordemos que en marzo, cuando se hizo una reunión multisectorial convocada por la FET, no fueron representantes del Ministerio de Seguridad Ciudadana), la verdad es que no debería ser difícil de entender para un municipal por qué la gente no cumple la ley.
Quienes no entienden son los ciudadanos, que suelen aplicar el sentido común en cualquier acción de su vida comunitaria. Si ve vendedores que pululan por las calles y la mercadería se ofrece a viva voz y bajo precio, y sin restricciones, la va a comprar. Si los productos están en la calle, es porque alguien permite que lleguen a la venta, y eso no parece depender exclusivamente del agente municipal. Hay proveedores que entregan la mercadería a los peces chicos (lo dijo en diciembre un vendedor de la feria itinerante de Villa Luján: "Todo lo compramos a mayoristas que trabajan en Tucumán").
La FET pidió que se los identifique y persiga, pero para los peces chicos y para los funcionarios es más fácil hacer operativos que no tienen absolutamente ningún efecto. Además la ley es tan complicada y tan difícil de aplicar que sólo parece servir para eso. Lo mismo ocurre con las acciones policiales contra las mecheras (las detienen por desorden y vuelven a salir a robar dos días después); o las de Medio Ambiente y Bomberos contra los que queman cañaverales (ayer causaron apagones que dejaron sin luz a 26.500 tucumanos); las de la Policía Vial contra los ómnibus limoneros, los autos rurales y los transportes de caña; y las del IPLA contra los after todos los fines de semana. Esta lista podría afinarse y extenderse.
No entendemos, dicen los operadores, ya sean municipales, policías o funcionarios del IPLA o de Medio Ambiente. Y para entender no hace falta mucho. Siempre la explicación está en el bolsillo. Siga la pista del dinero, dirían los investigadores. Puede ser abundante dinero (pensar que la piratería de DVD mueve 10.000 millones de pesos anuales y alguien se beneficia mucho o poco con eso) y puede ser apenas para la coca (basta recordar que, según una denuncia, los ahora sancionados policías de El Manantial les cobraban "peaje" a los puesteros de la feria). Alguien se beneficia vendiendo mercadería en forma irregular y también hay quien saca provecho del control o de la falta de control.
Por eso suenan huecas frases como "estamos pensando una solución definitiva", dicha en diciembre por un funcionario municipal. Siguen pensando y mientras tanto mantienen los procedimientos sin sustento. Gato sin garras no caza ratones. Y en eso no parece influir el comportamiento de la comunidad, que aplica la norma del sobreviviente: donde estuvieres, haz lo que vieres.